GTO Leasing bajo lupa: Morena se suma a la exigencia de una auditoría integral
La diputada Hades Aguilar Castillo refirió que en 2019 se constituyó GTO Leasing como una empresa de arrendamiento financiero creada desde el ISSEG, utilizando recursos públicos del fondo de pensiones de trabajadores del estado.
Con información de Fernando Martínez
Guanajuato.- El grupo parlamentario de Morena en el Congreso local presentó un punto de acuerdo para exhortar al titular de la Auditoría Superior del Estado (ASEG) para que realice una auditoría financiera y de desempeño a la empresa Gto Leasing Services, abarcando los ejercicios fiscales 2021 a 2024 y concomitante 2025.
La diputada Hades Aguilar Castillo refirió que en 2019 se constituyó GTO Leasing como una empresa de arrendamiento financiero creada desde el ISSEG, utilizando recursos públicos del fondo de pensiones de trabajadores del estado.
Al respecto expresó que la empresa desde su origen tuvo como su más grande cliente el propio Gobierno del Estado y que los beneficios reales estarían concentrados en manos de cinco socios de familias acaudaladas de la entidad, los cuales mencionó que están ligados a contratos y beneficios con el propio Estado a través de varios programas.
En septiembre de 2023, los empresarios adquirieron misteriosamente el 50.5% de las acciones, y el ISSEG quedó con un 49.5% permitiendo así que la empresa fuera dada de baja del padrón de entes paraestatales y de los sujetos obligados en materia de transparencia”, dijo, tras participar de manera virtual en la sesión.
Recalcó que esa decisión no fue producto de eficiencia empresarial, sino de una clara estrategia para evadir la fiscalización pública
“Cerrar la empresa no borra los abusos ni limpia los delitos”, enfatizó la Diputada, quien añadió que es “un atraco disfrazado de innovación financiera, que benefició a unos cuantos a costa del dinero del pueblo”.
Hades Aguilar advirtió que la reciente decisión de disolver la empresa no puede utilizarse como coartada para evadir responsabilidades, pues esta empresa recibió más de 366 millones de pesos en contratos de arrendamiento vehicular con sobreprecio y sin control.
Para exhibir el negocio, la legisladora de Morena refirió que un Kia valuado en 275 mil pesos fue rentado por 592 mil; un Renault Koleos 2022 fue rentado en 22 mil pesos mensuales mientras que con arrendadoras comerciales, la renta oscila en los 13 mil pesos al mes.
Eso no es eficiencia. Es abuso, es sobreprecio, es negocio entre cuates”, expresó.
La legisladora denunció que, durante años, la Secretaría de Finanzas prohibió a las dependencias adquirir vehículos, obligándolas a rentarlos a través de esta empresa con tarifas infladas, es decir, a sobreprecio.
A pesar de ello, la Auditoría Superior del Estado no realizó ninguna revisión, y Guanajuato Leasing fue retirada del padrón de entes fiscalizables tras un cambio en su composición accionaria, cuando los socios privados adquirieron el 50.5% de la participación.
“Se excluyó a propósito del escrutinio público, en un esquema que simuló legalidad para operar sin transparencia. Hoy se pretende cerrar la empresa como si nada hubiera pasado. Pero aquí sí pasó, y mucho”, acotó.
La Diputada también cuestionó el intento por minimizar el caso bajo el argumento de que la inversión representaba apenas el 0.17% del portafolio del ISSEG.
Aunque hubiera sido el 0.001%, sigue siendo dinero de las y los trabajadores. No se trata de porcentajes, se trata de principios. Y de justicia”.
Yulma Rocha se suma a la exigencia
Para la delegada nacional de Movimiento Ciudadano en Guanajuato, Yulma Rocha Aguilar, se debe investigar a fondo, y de manera rápida, si existieron complicidades y malos manejos en el tema de la arrendadora Gto Leasing Service, porque, aunque haya sido liquidada, no exime de verificarla.
Este miércoles 23 de abril, la delegada presentó una denuncia formal ante la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, la cual fue recibida por el auditor Juan Víctor Fonseca López, donde solicita la apertura de una investigación excepcional sobre el caso de GTO Leasing Services S.A.P.I. de C.V., empresa financiada con recursos públicos provenientes del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG).
“Conforme van pasando las semanas se descubre un nuevo caso de posibles actos de corrupción y el hecho de que la gobernadora (Libia García) no se pronuncie, ni tampoco sus funcionarios, habla de complicidad. En el caso particular de Guanajuato Leasing es una arrendadora que se financió con los recursos de los trabajadores y trabajadores del ISSEG que los pusieron en riesgo”, comentó Yulma Rocha.
“Hay una afectación al erario público porque participó en condiciones privilegiadas en las licitaciones a pesar de que no era la mejor oferta ni económica, ni técnica, ni financiera, y aparte estaban con precios inflados hasta un 40%, eso habla de que se lastimó el erario público, puesto que se erogó el recurso económico adicional al que tendría que haberse pagado por arrendar carros”, agregó.
Además del caso de Guanajuato Leasing, Yulma Rocha puso de ejemplo la carretera San Miguel Allende hacia Dolores Hidalgo, la cual ha tenido retrasos y aumento del costo de la obra, por ello señaló que la Gobernadora debería hacer investigaciones a la pasada administración de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para aclarar estos casos.
Me parece que en aras de responsabilidad, la Gobernadora tendría que iniciar una serie de investigaciones y de auditorías, sobre todo en las áreas más sensibles, donde posiblemente se pudieron ocurrir actos de corrupción en muchos de ellos”, señaló.
En otro tema, Yulma Rocha, mencionó que la creación de 678 Centros Libres para mujeres que planea el Gobierno Federal, y de los cuales Guanajuato tendrá 19, serán un espacio para fortalecer la autonomía y la vida digna de las mujeres, son acciones que ayudan, pero consideró que no son una estrategia integral para atender a las mujeres.
“Vienen a complementar muchas acciones que creo que se pueden implementar, pero la atención definitivamente tiene que ser permanente a través de las distintas áreas de los gobiernos, tanto municipales, estatales, así como el federal, pero finalmente los temas de violencia contra las mujeres en los distintos tipos de violencias que vivimos, las mujeres tienen que atenderse con una estrategia integral, comenzando con la prevención, comenzando por el hecho de que los funcionarios y funcionarias del Gobierno del Estado actúen de entrada con perspectiva de género”, explicó Yulma Rocha.
Consideró que algunos hechos violentos hacia las mujeres, como feminicidios y desapariciones, están focalizados en varios municipios, por ello resaltó que la atención debe ser focalizada para el delito que más se comete en un área determinada y no englobar todo en un mismo proyecto o realizar programas asistencialistas únicamente.
“Esto abona, por supuesto, el que se establezca infraestructura para la atención jurídica psicológica, incluso económica, pero ojalá y no se convierta en más de lo mismo que hemos visto, que no ha solucionado, tan es así que hoy tenemos una alerta de violencia de género donde el Gobierno del Estado no ha logrado articular acciones que realmente vengan a disminuir las violencias contra las mujeres y simplemente son refritos de acciones que hacen tradicionalmente los municipios y el estado”, mencionó.
Añadió que la atención a las mujeres no radica únicamente en entregar dinero, sino observar qué necesidades tienen y enfocar las políticas en las necesidades de cada una de las mujeres.
“Si el ayudar a las mujeres a salir de estos círculos de violencia es con 16 pesos diarios que te da la tarjeta Rosa hay una visión muy corta o relativamente perdida, porque la mejor manera de que las mujeres puedan salir adelante es teniendo recursos propios y no siendo dependientes económicos y para eso el gobierno tiene que generar las condiciones para que las mujeres sean independientes en lo económico y pareciera que está haciendo”, finalizó Yulma Rocha.
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