Guanajuato.- Tres personas con discapacidad ganaron un amparo contra el Congreso del Estado y contra la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, mediante el cual se les ordena a ambos que aprueben y publiquen las reformas legales necesarias para garantizar la entrega de una pensión a personas con discapacidad permanente menores de 65 años.
Para ello, les ordenan que deberán iniciar el proceso legislativo correspondiente “a la brevedad posible y de manera prioritaria”, durante el periodo de sesiones que se encuentre en curso o en el siguiente periodo ordinario, que inicia el 15 de febrero. Aunque el Congreso del Estado le demostró al juez que sí hizo una reforma al artículo 1 de la Constitución Federal que obliga a la entrega de esta pensión, no hay otras leyes o reglamentos que materialicen este derecho, es decir, que hagan posible la entrega física de las mismas.
La resolución fue emitida por Gerardo Herrera Lucio, juez décimo segundo de Guanajuato, con sede en León, el 30 de enero, al resolver el Juicio de amparo 938/2025-I, del cual AM tiene copia de la versión pública.
Aunque todavía no es definitiva porque tanto el Congreso como la gobernadora tienen 10 días hábiles, a partir de que les notifiquen, para promover un recurso mediante el cual se inconformen con esta resolución, ante un Tribunal Colegiado.
El amparo fue interpuesto el 8 de agosto de 2025 ante ese juzgado por Miguel Angel Morales Figueroa, Javier Padilla Negrete y otra persona, las tres con discapacidad permanente.
Los efectos de la sentencia, una vez que cause ejecutoria, es decir, que quede firme porque ya se hayan agotado todas las impugnaciones o no se haya presentado ninguna, el Congreso de Guanajuato y la Gobernadora deberán:
Cumplir con la obligación del artículo cuarto transitorio de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 2 diciembre de 2024, y lleven a cabo la iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación y publicación de las disposiciones normativas necesarias para garantizar la entrega y operatividad de una pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente menores de 65 años, así como para que vigilen los actos necesarios subsecuentes que materialicen tales normas”.
285 mil personas con discapacidad viven en Guanajuato
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi, en Guanajuato se registraron 285 mil 615 personas con alguna discapacidad.
La Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal cuenta con un programa de pensiones para personas con discapacidad permanente. Otorga en 2026 un pago de 3 mil 300 pesos bimestrales de forma directa, a través de depósitos a la tarjeta del Banco del Bienestar que se da a los derechohabientes.
La pensión se entrega a personas de 0 a 64 años de edad en 24 entidades del país, ya que sus gobiernos han firmado convenios de universalidad con el Gobierno de México.
En los estados sin el convenio, como Guanajuato, se otorga a quienes tienen menos de 30 años de edad.
En 2025, en Guanajuato esta pensión benefició a 58 mil 947 personas, con un monto de 1 mil 131 millones 782 mil 400 pesos, informó Comunicación Social de la delegación del Bienestar.
Reforma federal obligó a los estados
En su demanda de amparo, los tres ciudadanos señalaron al Congreso y a la Gobernadora por la omisión de legislar las normativas necesarias para dar operatividad y garantizar la entrega de una pensión a las personas con discapacidad permanente menores de 65 años.
Esto, de conformidad con lo ordenado por el artículo cuarto transitorio de la reforma de los artículos 4 y 27 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2024.
Dicha reforma estableció que tanto la Federación como las entidades federativas garantizarán la entrega de una pensión a las personas con discapacidad permanente menores de 65 años.
De igual modo, se dispuso que el Estado deberá destinar anualmente los recursos presupuestarios suficientes y oportunos, conforme con el principio de progresividad, para garantizar ese derecho que impliquen la transferencia de recursos directos hacia la población destinataria, aunado a que el monto los recursos asignados no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.
En su artículo segundo transitorio, la reforma ordenó a las legislaturas de los estados realizar las adecuaciones normativas necesarias para cumplir con el decreto referido, para lo cual les otorgó un plazo de 180 días posteriores a su entrada en vigor, lo cual ocurrió el 3 de diciembre de 2024. El plazo se venció el 29 de mayo de 2025.
Para verificar si el Estado cumplió con este mandato, el juez realizó una búsqueda en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato de los ordenamientos legales del Congreso del Estado de Guanajuato, desde la expedición del decreto federal mencionado.
Pero “hasta la fecha (30 de enero pasado), no se localizó reforma, adición o expedición de algún cuerpo legal en acatamiento integral a lo ordenado por el Congreso de la Unión dentro del citado decreto legislativo.
Además, al rendir sus informes justificados las responsables realizaron manifestaciones que evidencian que efectivamente no han cumplido tal mandato constitucional, las cuales constituyen una confesión expresa y espontánea, que hace prueba plena de la existencia del acto reclamado”, explicó el juez Gerardo Herrera.
Congreso local sí aprobó la reforma
Destacó que el Congreso dijo que la omisión no existe porque la reforma constitucional ya se hizo en el sentido ordenado por la Constitución Federal para reconocer el derecho de las personas con discapacidad a recibir la pensión mencionada.
Porque las autoridades señalaron que el 15 de agosto de 2025, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, se publicó el decreto número 81, por el cual se adicionó el artículo 1° de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, que establece lo siguiente:
…El Estado garantizará la entrega de apoyos sociales a las mujeres y una pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente menores de 65 años en los términos que fijen las leyes”.
Pero el juez consideró que con esta reforma no se garantiza la entrega de dicha pensión.
“No obstante, si bien la referida reforma pretende armonizar el texto de la Constitución local con el mandato de la Constitución Federal en cuanto a la obligación de garantizar una pensión (…), lo cierto es que de ella no se desprenden las bases, reglas o mecanismos para dar operatividad y garantizar la entrega de dicha pensión, lo cual demuestra que las autoridades responsables no han dado cumplimiento a lo ordenado en el decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar”, cita la resolución.
“Sin embargo, no existe disposición legal de la que se adviertan las normas necesarias que permitan materializar tal apoyo, a fin de que las personas en la situación apuntada las reciban.
De ahí que debe tenerse como existente la omisión reclamada, ya que ha quedado demostrado que las responsables no han dado cumplimiento a sus obligaciones reglamentarias”, concluyó el juez federal.
No es para entregar pensiones particulares
Gerardo Herrera también aclaró que su sentencia tampoco implica la entrega de la citada pensión a los quejosos, dado que hasta en tanto se desarrollen las reglas necesarias para ese fin, los peticionarios estarán en posibilidad de aplicar para recibir dicho apoyo, o en su caso, impugnar en un nuevo juicio la constitucionalidad de las leyes que se legislen en consecuencia”, aclaró el juez.
Se advirtió también que los demandantes pretenden que en el Presupuesto General de Egresos del Estado se incluya una partida para materializar la pensión. Sin embargo, el juez insistió que las autoridades legislativas locales serán quienes dispongan las normas que deban ser creadas, o en su caso modificadas, para lograr el propósito apuntado, por lo que no puede otorgarse tal efecto en esta resolución.
AM solicitó tanto a Comunicación Social de la gobernadora como de la Secretaría de Derechos Humanos, a la cual pertenece una Subsecretaría de Personas con Discapacidad, una postura sobre esta resolución de amparo.
En ambos casos se comentó que iban a preguntar si ambas instancias ya fueron notificadas, y de ser así, se daría una postura. Al cierre no hubo respuesta.
Hace 12 años, a Javier se le destrozó la rodilla
Hace 12 años, Javier Padilla Negrete iba caminando por la calle rumbo a su trabajo. Se cayó en una alcantarilla que no tenía tapa y casi se destrozó la rodilla izquierda. Lo operaron en dos ocasiones pero su rodilla ya no volvió a quedar funcional. Desde entonces ya no pudo trabajar y se vio confinado a una silla de ruedas.
En aquella época era guardia de seguridad, empleado de un señor que reclutaba gente y daba ese servicio a la Caja Popular San Nicolás.
Pero a pesar de que fue un accidente relacionado con el trabajo, “se me escondió el patrón -se llamaba José Luis Olmos–. Cuando fue el accidente no teníamos Seguro Social. Debía 10 mil pesos de tortilla, de leche“.
“Tuve que contratar a un abogado, y luego otra licenciada Rosario Castellanos”. Ella consiguió que lo afiliaran al IMSS y obtuviera una pensión por incapacidad.
Pero dicha pensión solo son 4 mil pesos al mes. Javier ya tiene 59 años. Su esposa tiene 61 años, trabaja en limpieza y gana 5 mil pesos a la quincena. Después de que dieron de alta a su marido, tuvo que empezar a trabajar, cosa que ella no hacía, para mantenerlos a los dos.
Pero ese dinero no les alcanza para vivir, porque además alquilan la casa donde viven en la Colonia Arboleda de Los López, en León.
Por eso, buscó obtener otra pensión, que aunque él no supo decir a AM cuál es, se trata de la que da la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal que se da a las personas en su misma condición.
La pensión la pedí yo hace cinco años y me la negaron, que solo es de 0 a 29 años. La fui a pedir al kiosko de Presidencia Municipal, de Desarrollo Rural. A uno no lo admiten en ningún trabajo así”, lamentó.
Javier Padilla confía que el amparo que ganó, junto con otras dos personas discapacitadas, le signifique un apoyo económico adicional. “Me ayudaría mucho porque pago renta”, informó.
Reclama un derecho
Miguel Ángel Morales Figueroa, otro de los firmantes de la demanda de amparo, tiene 32 años de edad. Por un accidente hace 25 o 26 años, le amputaron el brazo derecho. No obstante, él sí puede trabajar y terminó la carrera de Ciencia Política en la Universidad de Guanajuato.
El no reclama la pensión porque le alcance o no su sueldo, sino porque afirma que es un derecho que tienen los discapacitados y que la Gobernadora no ha cumplido.
Recuerda que el 16 de diciembre de 2021, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y 16 gobernadores, entre ellos Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato, firmaron un convenio para que los estados participaran con aportación económica para la entrega de las pensiones a personas con discapacidad.
El pacto fue que el Gobierno federal pagaría las pensiones para personas hasta 29 años y que los Gobiernos estatales pagarían de 30 años en adelante. Pero en Guanajuato esto no se ha cumplido.
A partir de que no otorgaban el recurso, platicamos (las tres personas discapacitadas) por la negativa de Diego Sinhue y luego de Libia y decidimos presentar la demanda (de amparo)”.
“Más que económicamente, pedimos que se decrete el derecho a obtenerla (la pensión), independientemente de que tengas o no trabajo, porque así lo dice la ley, tengas o no tengas dinero. Más allá de cuánto se gane, tenemos el derecho. Nos están negando el derecho.
“Además, el gobierno de Libia desapareció el Ingudis (Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad, y se creó la Subsecretaría para la Inclusión de las Personas con Discapacidad que forma parte de la Secretaría de Derechos Humanos). Y hay personas con discapacidad que necesitan cuidadores a quienes hay que pagarles. El gobierno ha tenido la oportunidad suficiente para otorgarlo y no lo han hecho”, afirmó.
AAK
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