Guanajuato.- En mesa de trabajo de la Comisión de Gobernación del Congreso de Guanajuato avanzó una iniciativa de la bancada del PRI para reformar la Ley de Profesiones para el Estado, con el objetivo de que abogados, contadores, médicos y otros profesionistas que han sido amenazados por el crimen puedan negar, suspender o abandonar la prestación del servicio profesional.
El abogado Carlos Torres, coordinador de asesores de la bancada del PRI, explicó que la iniciativa busca reformar la norma, basada fundamentalmente en condiciones y circunstancias derivadas de situaciones de inseguridad que han ocurrido en el estado.
Aclaró que están de acuerdo con el espíritu y los conceptos de ética sobre el hacer y quehacer de los profesionistas, quienes en su momento prestan servicios a las personas que los solicitan, con base en sus estudios y conocimientos profesionales.
“Hoy por hoy, se presenta un fenómeno, que está incardinado dentro del fenómeno de la delincuencia, y que impacta a la sociedad en actividades ya sean comerciales, empresariales o de prestación de servicios. Y sobre todo quienes más recientes efectos dentro de la prestación del servicio, vemos a los contadores públicos, a los financieros, a los notarios públicos y a los abogados postulantes”, comentó Torres.
Hechos criminales
Señaló que, particularmente en Guanajuato, hace apenas unos meses ocurrieron sucesos que conmovieron a la sociedad guanajuatense, cuando se conocieron asesinatos o crímenes en perjuicio de abogados que llevaban litigios en distintas materias y, según fuentes periodísticas, el móvil fue la prestación de servicios profesionales, donde los abogados representaban a actores, asesores o víctimas de delitos.
En el caso de médicos, también ha sido frecuente que personal del crimen organizado los secuestra, los traslada para que den atención a algunos de sus integrantes que han sido lesionados. Y si en un momento dado la víctima no resiste los tratamientos quirúrgicos, la vida del médico pende de un hilo y en muchas veces es ultimado”, afirmó Carlos Torres.
Por estas condiciones y los riesgos para estas ramas de profesionistas que son blanco de la delincuencia, el PRI propuso incluir el derecho preventivo para que estos tengan la posibilidad de renunciar, suspender o abandonar la prestación del servicio. Esto justificaría cualquier inobservancia de los principios éticos que rigen las profesiones, sobre todo cuando se acredite que está en riesgo la vida, la salud, la familia o el patrimonio.
Que exista un aviso
Lo anterior, realizando el aviso oportuno al solicitante o usuario y, en su caso, a la autoridad competente cuando el servicio se preste mediante un procedimiento o proceso jurisdiccional o administrativo.
De manera general, se planteó la necesidad de revisar aquellos casos en los que el profesionista podría abstenerse de prestar sus servicios; es decir, decidir a quién, en qué casos o bajo qué circunstancias aceptará o no iniciar una relación profesional con un cliente.
El diputado Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión, manifestó que la propuesta es interesante y debe revisarse cómo quedará en la norma, ya que se debe cuidar el ejercicio profesional porque la realidad ha cambiado.
Aunque con algunas observaciones, la iniciativa recibió comentarios favorables de la Coordinación Jurídica del gobierno del Estado.
El diputado Romero Hicks sugirió que, para continuar con el análisis, se consulte también a colegios de profesionistas.
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