Guanajuato.- La transparencia sobre las fosas clandestinas en México registró un retroceso entre 2024 y 2025, con base en las respuestas de las diferentes fiscalías y procuradurías de justicia de los estados, en particular la de Guanajuato.
Esto, de acuerdo con el informe “Enterrar la verdad. Opacidad en la calidad de la información sobre fosas en México”, elaborado por el Programa de Derechos Humanos (PDH) de la Universidad Iberoamericana, Data Cívica y Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, en el marco de la actualización de la Plataforma Ciudadana de Fosas.
A un año de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), estas organizaciones de la sociedad civil (OSC) y familias de personas desaparecidas han detectado que la calidad y el acceso a la información sobre fosas clandestinas que otorgan los estados se han degenerado. Esto crea un peligroso antecedente de “simulación de información”.
En 2022, el 93.8 % de las instituciones respondieron a las solicitudes de información, pero hubo una tendencia a la baja: en 2023 fue del 90.6 %, en 2024 se alcanzó el 84.4 % y en 2025 solo respondió el 62.5 %. Este retroceso significa menor calidad en la información disponible para atender la magnitud del problema y para acompañar los esfuerzos de búsqueda y exigencia de la verdad.
El primer año de la Transparencia para el Pueblo (luego de extinguirse el INAI) ha sido un desafío para el acceso a la información y el derecho al acceso a la información”, advirtió Penny Ramírez, quien junto con Lesli Salazar presentó las solicitudes para actualizar la Plataforma Ciudadana de Fosas.
Las conclusiones del informe 2025 de la Plataforma se presentarán en octubre; sin embargo, el informe “Enterrar la verdad…” presenta los problemas de opacidad que han detectado para obtener esos datos.
Penny Ramírez. Foto: Cortesìa.
(Estas solicitudes no son) algo que no se haya hecho antes, solo que sí fue muy claro este año, cuando se hicieron, que había este retroceso en cuestión de las respuestas”.
Penny Ramírez reconoce que no hay una relación causal entre la dificultad de acceder al derecho a la información y la disolución del INAI, pero su análisis sí muestra resultados de que la transparencia y el acceso a la información siguen dependiendo de la voluntad política y de los criterios discrecionales de las autoridades en turno.
Advierte que varias fiscalías echan mano del criterio de que no están obligadas a hacer documentos “ad hoc” (especiales para el solicitante), que no hay una claridad en cuestión de los hallazgos y que las fiscalías trasladan la carga de depuración de datos a las personas solicitantes.
Las instituciones no solo están contestando menos, sino que están contestando con menos rigor (…) porque emitir una respuesta en donde te dan un link roto que no te conduce a nada o, por ejemplo, el caso de Guanajuato: su respuesta es enviarte a un link de una página en donde sí, están muy bien detallados los tipos de hallazgos y en el mapita interactivo te dicen cuáles son las pruebas periciales que se les han hecho a las víctimas en la localización, pero nunca se aclara metodológicamente si son hallazgos en superficie o fosas”.
La investigadora advirtió que hay otras limitaciones, como que no se explica la temporalidad (la fecha del hallazgo) o específicamente en dónde fueron hallados y detalles de los restos, como si tienen o no tatuajes, pues en todos los casos el contexto importa.
AM solicitó postura a la Fiscalía General del Estado sobre este informe, pero al cierre de edición no había llegado.
Guanajuato no es el único caso a lamentar. Ambas investigadoras del PDH Ibero, Penny Ramírez y Lesli Salazar, afirmaron en la presentación del informe “Enterrar la verdad. Opacidad en la calidad de la información sobre fosas en México” que la Fiscalía de Baja California en años anteriores había contestado eficientemente las solicitudes, con muy buen nivel de desagregación, datos bien organizados y con todas las variables que se solicitaban. Sin embargo, en 2025 decidió que la información quedaba reservada por cinco años y que por ello no la iba a compartir.
El principal argumento para la opacidad, según Ramírez, es que, al estar vinculados los hallazgos a una actividad delictiva, puede perjudicar los procesos de investigación; esto, a pesar de que no se están solicitando datos de carpetas de investigación específicas, sino solo datos estadísticos.
El informe identifica un grupo de entidades donde la opacidad fue particularmente preocupante: además de Baja California, Quintana Roo registró el mayor retroceso al pasar de una calificación perfecta a no entregar información útil; Nayarit respondió dos meses después, con cero fosas; Colima remitió a un enlace inactivo y Guanajuato canalizó a un portal sin información suficiente para identificar plenamente fosas clandestinas.
Instalaciones de la Fiscalía de Guanajuato. Foto: Archivo AM.
Esta entidad ya había presentado la peor calificación, de 4/10, en el informe anterior, de 2024. Pero para 2025 el puntaje de las variables respondidas tras solicitudes de información cayó a cero, junto con otras ocho entidades.
Al respecto se pronunció la buscadora Olimpia Montoya, fundadora del colectivo Proyecto de Búsqueda en Celaya y participante en la presentación:
(Esto es) relevante hacia el acceso que tenemos también las familias. Si con las organizaciones el Estado se deslinda de rendir cuentas, pues mucho más con las familias, y cómo esto merma nuestro derecho a la verdad, a la justicia, a la información, a los procesos, puesto que se vuelven a ver estas otras desapariciones, las desapariciones institucionales”, advirtió.
Estas dobles desapariciones, dijo, dificultan los procesos de las familias.
“Al tener menos herramientas para esclarecer muchas cosas (…) si ya de por sí los procesos son burocráticos en las fiscalías en algunas regiones, sobre todo donde no son especializadas, donde son ministerios de trámite común en los que las familias tienen que presentar sus denuncias, son todavía omisos, con maltrato hacia ellas y con todo esto que está pasando ahora, de no poder tener acceso a la información clara”.
En su caso, Olimpia busca a su hermano, Marco Antonio Montoya, desaparecido en 2017 en el municipio de Comonfort.
Porque sí hay familias que en algún momento recurren a las solicitudes de información en la búsqueda de su familiar desaparecido; sin embargo, tanto las personas buscadoras como las mismas colectivas de búsqueda han notado mayor hermetismo, a pesar de que la Fiscalía de Guanajuato promueve la imagen pública de que “todo marcha bien”.
Olimpia Montoya destacó la falta del Registro Nacional de Fosas Clandestinas y del Banco Nacional de Datos Forenses, esto último una batalla personal que ha enfrentado con el apoyo del Centro Prodh (Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez) ante la Fiscalía General de la República. Ambos, el registro y el banco, ya deberían estar correctamente integrados, pues lo estipula la ley respectiva, pero no ha ocurrido.
“Hoy las familias siguen llevando sus perfiles genéticos para saber si sus familiares no están en otro estado que no sea en donde ellos desaparecieron. Y esto refleja mucho la crisis que hoy tenemos en México, con más de 136,000 personas desaparecidas.
Las familias son las que han encontrado las fosas en gran parte de la República y no es un trabajo de investigación del Estado, sino de las propias familias. Tienes que especializarte para poder seguir manteniendo los procesos de búsqueda (… pero también son necesarios los procesos) de verdad y de justicia, que quedan nulos (… y son) importantes para todas las familias”.
La buscadora advirtió que este retroceso en la transparencia y rendición de cuentas no solo afecta a las OSC, a las familias o a los y las periodistas, “también son retrocesos para cualquier ciudadano (…) afecta hasta en la cotidianidad”, pues “una ciudadanía desinformada es una ciudadanía fácil de manipular”.
Otras voces
En la presentación del informe “Enterrar la verdad…” participaron otros especialistas, quienes confirmaron que los criterios de la información entregada son tan dispares (ilegible, desorganizada, en formatos difícilmente digitalizables) que es imposible utilizar herramientas de Inteligencia Artificial; en su gran mayoría es trabajo manual.
Lesli Salazar, también integrante del PDH Ibero, advirtió que “el problema no es solo que falte información, sino que no se puede confiar en la información que entrega el Estado (…) Y sin información confiable no hay forma de evaluar la actuación de las autoridades, de identificar patrones de violencia ni de diseñar políticas públicas eficaces”.
Mientras que Jessica Alcázar, oficial de Investigación de Artículo 19, comentó que no solo habría un retroceso en el ejercicio efectivo del derecho a la información, el derecho a la verdad y a la rendición de cuentas: “se trata de información relacionada con graves violaciones a los derechos humanos, que nos permiten conocer la crisis de desaparición que lamentablemente tenemos en México; las familias son las que están buscando, las que están haciendo el registro (forense)” y ahora se encuentran con esta situación.
Pamela Benítez, de Data Cívica, alertó que con cada actualización de la Plataforma Nacional de Transparencia “se vuelve a evidenciar un problema estructural: es que no existe una metodología homologada entre las fiscalías para registrar los hallazgos de fosas, de cuerpos y de restos humanos; la información que se nos entrega está fragmentada”.
Efraín Tzuc, periodista especializado en acceso a la información, destacó que la información que proporciona la Plataforma Nacional de Transparencia, ahora bajo cuidado de la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a través de su órgano de “Transparencia para el pueblo”, es relevante para la toma de decisiones y para poder decir si el gobierno lo está haciendo bien o no en los diferentes rubros de la vida pública, incluyendo la desaparición de personas y la identificación forense.
Son muchos los retos, coincidieron los especialistas, que se deben librar en materia de transparencia, con celeridad y claridad, para despejar cualquier duda.
AAK
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