El apoyo ampara también a hijos mayores de edad que continúen estudiando en un grado escolar adecuado a su edad. Foto: Carlos García.
Guanajuato.- Entre enero y junio de 2026, Guanajuato reportó 2,556 víctimas del presunto delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, es decir, el pago de la pensión alimenticia, lo que coloca al estado en la segunda posición a nivel nacional.
Aparece muy cerca del Estado de México, que reporta 2,813, mientras que Chihuahua, en el tercer lugar, registró 1,683 víctimas.
No obstante, es Celaya el municipio con más víctimas en el país, de acuerdo con las denuncias presentadas ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahí se concentran 630 víctimas, en tanto que Irapuato y León ocupan las posiciones cuatro y cinco, con 413 y 348 víctimas.
No se cuenta con datos previos a 2026 sobre víctimas, por el cambio en la metodología del registro del SESNSP, que entró en vigor apenas en enero; sin embargo, en 10 años, las carpetas iniciadas por este delito en el estado (carpetas que pueden contener una o más víctimas) casi se triplicaron, al pasar de 1,045 en 2015 a 2,891 en 2025, un aumento del 176.65 %.
Destaca también que en el primer semestre de 2026 ya van 1,545 carpetas. En el mismo lapso de 2025 se registraron 1,424.
La pensión alimenticia es, de acuerdo con el Instituto Municipal de las Mujeres (IMMujeres), el derecho que tienen niñas, niños, adolescentes y demás personas acreedoras alimentarias previstas por la ley a recibir los recursos necesarios para garantizar su subsistencia, bienestar y desarrollo integral.
El apoyo ampara también a hijos mayores de edad que continúen estudiando en un grado escolar adecuado a su edad o cuando exista alguna discapacidad o causa legal que les impida allegarse de medios propios.
Por medio de una ficha informativa, el IMMujeres detalló que la pensión alimenticia no se limita únicamente a la comida, sino que comprende integralmente: alimentación y nutrición; vestido y vivienda (habitación); atención médica, medicamentos, gastos hospitalarios y de salud mental, y educación, gastos escolares, material didáctico y transporte, así como recreación y actividades necesarias para el desarrollo integral.
Dicha pensión permite garantizar el Principio del Interés Superior de la Niñez y derecho a la satisfacción de sus necesidades previsto por la ley.
No obstante, cónyuges, concubinas o concubinos o exparejas también tienen derecho a recibir alimentos en los supuestos de dependencia económica, compensación o imposibilidad para trabajar previstos en el Código Civil.
Deuda alimentaria, otro tipo de violencia
Entre las 630 víctimas por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar que reporta Celaya este primer semestre del año, el grupo más afectado es el de cero a 12 años, tanto de niñas (145) como de niños (104), pero destaca además el grupo de mujeres entre 30 y 60 años (158).
En el caso de León, dos grupos de mujeres concentran las denuncias: las de 18 a 29 años y de 30 a 60 años, mientras que en Irapuato son los grupos de niños y niñas.
El que Guanajuato ocupe los primeros lugares de incidencia en este delito puede tener dos vertientes, advirtió Paola Fernández, coordinadora jurídica de la organización Las Libres.
Esta alta incidencia en Guanajuato, dijo, puede ser porque hay mayor conciencia para poder presentar las demandas o incluso que haya información de que sí se puede conseguir algo, o también que haya una alza de personas que incumplen con esas obligaciones alimentarias, esa obligación de cuidado y de crianza.
Paola Fernández, coordinadora jurídica de la organización Las Libres. Foto: Martha Silva.
A mí lo que me parece mucho más importante es cómo poder tener un reflejo de qué es lo que se consigue con esas demandas. Es decir, sí hay mucha cifra, pero cuántas personas acceden verdaderamente a la justicia de todas esas demandas”.
La especialista advirtió que, en cuestiones de justicia, sobre todo en materia familiar, suelen ser procesos lentos, pues se cuenta con muy pocos recursos estatales, en particular para los peritajes; y si una mujer está demandando una pensión alimenticia, es muy común que no tenga ella para pagar un peritaje particular, lo que retrasa el proceso y la posibilidad de una sentencia.
La integrante del Centro Las Libres —una destacada organización feminista que se enfoca en la defensa del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como en garantizar los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres— aclaró que no cualquier persona adulta (tanto hombre como mujer) puede exigir una pensión, ya que la figura permitida es la de la compensación económica o indemnización.
Y para que esta se dé tiene que cumplirse con ciertos requisitos, uno de ellos es que la persona que está demandando haya realizado prioritariamente el trabajo de cuidados, de crianza o bien que se haya generado una desigualdad al momento en el que realizó tanto un trabajo remunerado como el no remunerado.
Paola Fernández también reconoció que, de acuerdo con su experiencia en Las Libres, un tipo de violencia rara vez viene solo.
“Los casos que nosotras acompañamos, seguramente son un reflejo a nivel macro y sí, la mayoría de las mujeres no solamente tienen una situación de violencia económica, que van y demandan a través del ámbito familiar.
Regularmente llegan (al Centro) por un asunto penal, pero terminamos acompañando en todas las materias, ¿por qué? Porque son personas a las que han agredido física, emocionalmente e incluso económicamente, con esta omisión, digamos, de realizar el trabajo que les correspondería”.
Realidades en León
Según las cifras del SESNSP, Celaya es uno de los municipios a nivel nacional con mayor número de víctimas por falta de pago de pensión alimenticia: en el primer semestre del año reportó 630, contra 413 de Irapuato y 348 en León.
En este último municipio, Ivonne Pérez Wilson, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, reconoció que ante la ausencia del pago de la pensión por parte de la persona proveedora, por lo general el padre, las mujeres leonesas tienen la necesidad de contar con herramientas legales para tramitarla.
Pérez Wilson informó que esa institución ha brindado atención a 2,171 usuarias de 2025 al corte de junio de este año, con asesoría jurídica orientada al trámite de pensión alimenticia.
Las principales afectadas (que han acudido al Instituto) son mujeres casadas, dedicadas a labores del hogar y del cuidado no remunerado y con escolaridad de secundaria; muchas de ellas son mujeres jóvenes.
La titular del IMMujeres comentó que es parte primordial de las instituciones y dependencias del gobierno brindar el conocimiento y la información pertinente a las personas para la toma de decisiones y para el acompañamiento en sus planes de vida, de aquí que a aquellas madres jóvenes que requieren orientación se les abra el panorama.
Este conocimiento le puede servir no solo a las madres autónomas, sino también a las mujeres en general, ya que es común tener amigas o familiares en esta situación de falta de pago de la pensión, y se puede compartir que hay opciones, que hay esperanza para un mejor futuro para su familia.
AAK
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