Guanajuato.- Le tomó catorce años, pero un día Jorge se armó de valor y en marzo de 2025, presentó una denuncia por presuntas agresiones sexuales reiteradas por el entonces sacerdote Constantino “N”, conocido como el Padre Tino, que presuntamente iniciaron cuando él era monaguillo y tenía 11 años.
Los hechos habrían ocurrido en la parroquia de San Sebastián del Salitre, en el municipio de San José de Iturbide, al norte del estado, entre 2010 y 2014.
Constantino “N” fue vinculado a proceso por violación, abuso sexual y corrupción de menores en noviembre del año pasado, proceso que lleva en libertad pero con firma semanal y a mediados de 2027 iniciará el juicio oral.
Jorge contó a AM que con los años, él había perdonado a la distancia a su presunto agresor, creyendo que había arrepentimiento de su parte, sin embargo una visita de Constantino a la comunidad también conocida como El Salitre el año pasado, le mostró que aparentemente este no sentía vergüenza ni culpa y que mantenía las apariencias bajo una mentira.
Porque el joven asegura que “Tino” ya no es sacerdote, pero sigue presentándose como tal.
Sin embargo, por parte de las autoridades eclesiásticas, empezando por la Diócesis de Celaya (a donde está asignada la parroquia en cuestión) hay un total hermetismo sobre el caso.
Esto, pese a que desde 2019, el entonces papa Francisco promulgó “Vos estis lux mundi” (en español, “Vosotros sois la luz del mundo”), su Carta Apostólica donde hacía un llamado a los fieles católicos del mundo a actuar con integridad, aprender de “las amargas lecciones del pasado” y denunciar los delitos de abuso sexual y pornografía así como su encubrimiento.
El texto obliga a la estructura clerical a crear en cada diócesis una Comisión de Protección de Menores y Personas Vulnerables, que atienda los casos.
En la Diócesis de Celaya, el coordinador de dicha comisión protectora es José Luis Solís Rincón, quien rechazó hablar con AM del caso.
Por otra parte, Jorge acusa al obispo Víctor Alejandro Aguilar Ledesma -actual titular de la Diócesis de Celaya pero quien está a un mes de ser cambiado a la de Querétaro-, de ignorar sus denuncias, pese a que él mismo se entrevistó con el prelado y le contó la situación.
Que la vergüenza cambie de bando
Jorge explicó que comenzó a servir como monaguillo de la iglesia de su comunidad en 2010, cuando tenía 10 años.
“Yo veía que su trato era distinto al que les daba a otros monaguillos. Me decía oye, eres muy listo, muy inteligente, me hacía preguntas de mi vida personal, de cómo me va en la escuela, quiénes eran mis amigos, cositas así, sutiles, pero que iba como metiéndose poco a poco”.
Un domingo, al salir de misa de 8 de la noche, cuando Jorge tenía ya 11 años, el padre Tino le habría sugerido salir por el patio trasero, en la casa parroquial y que conectaba a la calle, y no por la puerta principal, como todos lo hacían.
Era un patio muy oscuro, aislado. Jorge afirma que no sospechó nada cuando el sacerdote le empezó a hacer plática, pero fue ahí donde, tras un abrazo incómodo y preguntas que no comprendía, habría sufrido la primera agresión sexual.
“Quedé congelado, hubo un choque en mi cabeza, de ‘híjole, es un sacerdote, casi Dios, Dios no comete pecado, entonces, ¿qué es esto que me está haciendo?’”.
Constantino, aseguró el presunto ofendido, le pidió guardar el secreto, no contarle a nadie, “no te van a creer”. Jorge tenía 11 años, “Tino” ya era un adulto.
Ahí mismo empezó la culpa, dijo el joven, porque decidió obedecer e irse por la puerta del patio. Como si hubiera podido haberlo evitado.
Jorge guardó silencio porque era muy católico, también temió por su integridad espiritual, además de que el padre, en ese entonces, era el encargado de juntar donaciones para la edificación de un templo de la región.
“No le digas nada a nadie o este proyecto se va a ir abajo”, habría sido la amenaza.
Así que Jorge llegó a su casa y no le dijo nada a su madre. Su padre había migrado a Estados Unidos. Guardó silencio por muchos años, incluso, cuando los abusos siguieron y peor aún, cuando la violencia sexual habría ido en aumento (chistes de doble sentido, obligarlo a ver pornografía) hasta que se habría consumado la violación, ya en la habitación del sacerdote, en julio de 2011. La primera de muchas, aseguró.
No levantaba sospechas, según, porque ahí contaban el dinero de las donaciones y el entonces niño iba a las tiendas a cambiar los paquetitos de monedas por billetes.
“Yo he tratado de comprender este hecho, de comprenderme a mí mismo y estas personas van escalando, de poquito, de poquito… Yo tuve tanto miedo, desde las amenazas, de ‘me van a hacer algo malo’, ‘si me denuncias es que no me quieres’”, sumado a la posibilidad de quedarse sin templo y también, de él mismo, quedar expuesto, todo se sumó para que guardara silencio, dijo.
Las agresiones se prolongaron cuatro años, de agosto de 2010 al verano de 2014.
Cuando Jorge terminó la secundaria, el religioso le habría sugerido irse al seminario, en Celaya. En el curso propedéutico, comenzó a tomar conciencia de lo que pasaba y al regresar a casa, Jorge habría encarado por primera vez al padre Tino, diciendo que lo que hacían “no estaba bien”, lo que habría provocado el enojo de este, volvió a amenazarlo y ofreció patrocinar su estancia en el seminario.
Pararon las agresiones, pero cuando coincidían en misa (Jorge como feligrés), el joven comenzó a observar actitudes similares de Constantino con otro niño, también monaguillo, así que al volver al seminario, luego de unas vacaciones, decidió hablar por primera vez con alguien: su director espiritual, quien al enterarse, le dijo que el tema era grave y había que informarle al Obispo, Benjamín Castillo.
Era marzo de 2016, cuando Jorge le habría contado todo. En los siguientes meses, diferentes religiosos se habrían entrevistado con él, posiblemente para corroborar que no se desviara de su relato original.
“En ese lapso me hicieron firmar un documento, yo tenía 17 años, que decía que yo deslindaba a la Diócesis, que no podía en el futuro denunciarlos ante la Fiscalía ni demandarlos civilmente, porque ellos me estaban ayudando”.
Fue entonces cuando le habrían informado que Constantino había sido removido y que a él, como víctima, le tocaba informarle a la Fiscalía. En la comunidad no se supo el motivo de la salida, solo que fue trasladado.
Jorge asegura que en ese diciembre fue expulsado del seminario y coincidió que su padre regresó a su casa. Fue entonces que decidió hablar con sus padres, que le brindaron todo su apoyo pero, tras una segunda entrevista con Benjamín Castillo, el obispo lo persuadió de no denunciar penalmente y regresar al seminario.
“Ingenuamente, acepté”.
Jorge terminó la preparatoria pero no pudo seguir en el seminario: asegura que alguien le dijo que no podían arriesgarse a que, ya como sacerdote y habiendo sido víctima de abuso, él mismo se convirtiera en agresor.
El joven regresó a su casa, cayó en depresión y poco a poco salió, buscó un trabajo y luego retomó sus estudios. Al egresar, intentó proseguir con su vida y decidió perdonar.
Pero en febrero de 2025, el Padre Tino regresó a la comunidad para una fiesta y presuntamente se seguía presentando como sacerdote. Jorge decidió comenzar a desmentirlo entre gente de confianza y a revelar lo que le habría ocurrido, lo que, según el joven, provocó el enojo del exsacerdote, quien lo habría contactado para amenazarlo vía mensajes.
Entonces se decidió a presentar la denuncia penal.
El proceso, afirmó Jorge, ha sido tortuoso: primero, los agentes de la Fiscalía no sabían cómo tratar su caso, lo llevaban abogados de oficio, hubo varias audiencias pospuestas, pero la ventaja de que las audiencias son virtuales y que ahora son abogadas especializadas en este tipo de violencia.
La audiencia intermedia se realizó en julio de 2025.
Niegan prisión preventiva, pero habrá juicio oral
La Fiscalía General del Estado informó que Constantino “N” fue imputado por los delitos de violación espuria calificada, violación calificada, abusos sexuales y corrupción de menores, fue vinculado a proceso hace casi un año, en noviembre de 2025 y enfrentará un juicio oral luego de que concluya la etapa previa del proceso penal.
A través de un comunicado de prensa, la institución detalló que, tras recibir la denuncia, el Ministerio Público coordinó las diligencias de investigación y reunió los datos de prueba con los que se sustenta la probable responsabilidad del imputado.
La Fiscalía también indicó que personal especializado y áreas periciales de la Fiscalía Regional “D” brindaron atención integral y protección a la víctima durante el desarrollo de las investigaciones.
Una vez concluida la etapa procesal correspondiente, un juez dictó el auto de apertura a juicio oral. El organismo precisó que se encuentra pendiente el desahogo de esta fase, en la que deberán presentarse y analizarse las pruebas correspondientes.
Mientras continúa el proceso, el juez impuso medidas cautelares al imputado, entre ellas acudir mensualmente a firmar, no salir del país sin autorización judicial previa y mantenerse alejado del domicilio de la víctima.
La Fiscalía General del Estado reiteró que garantiza una atención sensible a las víctimas y el respeto al debido proceso, y que las medidas cautelares le corresponden al Poder Judicial.
Calla Diócesis de Celaya
A pesar de que el caso del padre Constantino “N” se hizo público hace algunos días, la Diócesis de Celaya no ha emitido alguna respuesta sobre el tema, pese a reiteradas peticiones de AM para confirmar si el imputado continúa ejerciendo, fue suspendido o enfrenta algún procedimiento canónico.
AM también solicitó una entrevista con el padre José Luis Solís Rincón, quien encabeza la Comisión de Protección de Menores y Personas Vulnerables para conocer su trabajo y avance en este caso.
Sin embargo, a través de la Coordinación de Pastoral para la Comunicación de la Diócesis de Celaya se informó que Solís Rincón expuso que dicha comisión “aún no se ha consolidado del todo y los esfuerzos han sido relativamente pocos” por lo que no daría entrevista.
No obstante, dicho sacerdote sí ha abordado el tema en otras ocasiones con diferentes medios de comunicación para comentar los avances de dicha comisión que se creó en 2021.
En septiembre de 2025, concedió una entrevista a Milenio donde expuso que han sido pocos los casos que se han denunciado, y que las víctimas acuden primero a la Fiscalía.
“Y por otro lado se les pide a los padres de familia, porque estamos hablando en muchos casos de posibles víctimas menores, que sean ellos los que notifiquen a las fiscalías o a la autoridad competente para llevar a cabo esta correlación con los tutores o con los padres de los menores”, explicó entonces.
Sin embargo, con AM rechazó abordar el caso de Constantino “N”.
Por otra parte, este diario contactó a la Nunciatura Apostólica, la representante del Vaticano en México, quien desde su oficina de recepción informó vía telefónica que no tocaban asuntos locales y canalizó a esta reportera al Episcopado Mexicano.
Fue Óscar Cruz Ortiz, director de Comunicación y Prensa de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), quien agradeció el interés por conocer la postura de la Iglesia ante este caso, sin embargo, redirigió las dudas hacia la Diócesis de Celaya.
“Por respeto a las personas involucradas y atendiendo a los procedimientos correspondientes legales, los asuntos relacionados con denuncias de abuso sexual en el ámbito eclesial deben ser atendidos e informados por la diócesis o arquidiócesis competente, que es la instancia facultada para proporcionar la información oficial sobre cada caso”.
Por su parte, Jorge compartió con AM un supuesto decreto de la Diócesis de Celaya, firmado en marzo de 2017 por el entonces obispo Benjamín Castillo Plascencia (hoy fallecido), donde se informa que Constantino “N” había sido removido por el delito de abuso sexual de un menor, por lo que quedaba incapacitado para ejercer con rectitud su ministerio. Sin embargo, AM no pudo confirmar la veracidad del documento.
Iglesia Católica respalda silencio
En su Carta Apostólica (cuya versión definitiva se publicó en 2023), el papa Francisco hizo un llamado a los fieles católicos del mundo para actuar con integridad y denunciar los delitos de abuso sexual dentro de las congregaciones, que “ofenden a Nuestro Señor, causan daños físicos, psicológicos y espirituales a las víctimas, y perjudican a la comunidad de los fieles”.
“Para que estos casos, en todas sus formas, no ocurran más, se necesita una continua y profunda conversión de los corazones, acompañada de acciones concretas y eficaces que involucren a todos en la Iglesia, de modo que la santidad personal y el compromiso moral contribuyan a promover la plena credibilidad del anuncio evangélico y la eficacia de la misión de la Iglesia”, exhortó Francisco.
Es importante destacar que el Artículo 4 fracción 3 en dicha carta, indica que, “Al que presenta un informe, a la persona que afirma haber sido ofendida y a los testigos no se les puede imponer alguna obligación de guardar silencio con respecto al contenido del mismo, sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 5 (fracción) 2”.
De acuerdo a un video publicado en julio de este año por la Arquidiócesis Primada de México, las autoridades clericales están obligadas a escuchar, acompañar y brindar asistencia médica, terapéutica, psicológica y legal a la presunta víctima, además de informar a las autoridades civiles, y “si corresponde”, también se abre una investigación interna.
En el caso de Celaya, la comisión protectora estaría integrada por dos sacerdotes, un profesional de la psicología y dos matrimonios, así como un comité de crisis (con cuatro sacerdotes y un psicólogo) para que atienda estos casos. Pero dicho decreto no tiene fecha de emisión ni se menciona a José Luis Solís Rincón, quien actualmente encabeza la Comisión.
Jorge asegura que aunque buscó orientación (vía redes sociales) con algunos sobrevivientes de este tipo de abuso con visibilidad pública, no recibió una respuesta satisfactoria, por lo que decidió seguir su lucha por su cuenta, únicamente con el apoyo de su familia y amigos.
No obstante, compartió un correo electrónico, victimasdesacerdotes@gmail.com, por si alguna persona sobreviviente o aún víctima, quisiera ponerse en contacto.
Antes de despedirse, hizo hincapié a las posibles víctimas: “el delito de abuso sexual infantil no prescribe. Aún es tiempo de denunciar”.
A destacar
Desde 2017, la mayor parte de las investigaciones contra ministros religiosos en Guanajuato por delitos sexuales han sido en Salamanca (7), Celaya (6) e Irapuato (6), según respuesta a la solicitud de información 112093900035326. En total han sido 29, dos de ellas en San José de Iturbide. Este año van dos denuncias.
JRL
Acompáñanos en un recorrido por la historia de León. Recibe en tu correo relatos sobre personajes, barrios, tradiciones y momentos clave, que celebran la identidad leonesa, en el marco de los 450 años de nuestra ciudad.
