Programas sociales en Guanajuato: piden blindarlos

Ciudad de México.- La senadora Virginia Magaña Fonseca presentó un exhorto en el Senado de la República para exigir transparencia, revisar posibles conflictos de interés y prevenir que los apoyos sociales del Gobierno de Guanajuato sean utilizados con fines electorales.

Esto, ante el reportaje publicado por AM publicó un reportaje el 26 de octubre que evidenció que el registro de 22 organizaciones que buscan recursos para repartir en 2027, despensas, calentadores solares, tinacos, kits de higiene y escolares, uniformes y mochilas por 191 millones de pesos del programa Tocando Corazones. Al menos ocho organizaciones están vinculadas a funcionarios o exfuncionarios públicos del PAN

En los datos proporcionados por la Secretaría del Nuevo Comienzo, dependencia estatal encargada de operar este programa; y los reportes disponibles en el sitio Tocando Corazones, se identificó que en las tres convocatorias anteriores, dos de 2025 y una de 2026, se financiaron siete proyectos que contemplaban la entrega de estos productos.

Virginia Magaña Fonseca, senadora. Foto: Cortesía PVEM.

No estamos afirmando que ya se haya cometido un delito, pero sí hay suficientes elementos para exigir explicaciones. Lo que no podemos permitir es que la necesidad de la gente se convierta en una oportunidad para obtener ventajas políticas”, sostuvo.

Magaña Fonseca recordó que el artículo 134 constitucional obliga a las autoridades a utilizar los recursos públicos con imparcialidad, sin favorecer a partidos políticos.

Por ello, el exhorto solicita a la Secretaría del Nuevo Comienzo transparentar los criterios de asignación y revisar posibles conflictos de interés; a la Secretaría de la Honestidad, realizar las investigaciones correspondientes; y al Congreso local, promover una auditoría al programa. También pide a la gobernadora garantizar su blindaje electoral.

La senadora cuestionó que, tras las investigaciones periodísticas, la administración estatal anunciara modificaciones a Tocando Corazones para 2027, sin precisar medidas específicas para atender los señalamientos de la convocatoria vigente, cuyos resultados se publicarán el próximo 20 de noviembre.

“Está bien que quieran mejorar las reglas para 2027, pero ¿qué va a pasar con los más de 536 millones de pesos que están por asignarse este año? Si el gobierno asegura que todo es transparente, que demuestre cómo está revisando los posibles conflictos de interés antes de entregar el dinero”, expresó.

Finalmente, recordó que el Gobierno del Estado decidió extinguir el Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública para el Estado de Guanajuato (Fidesseg) bajo el argumento de combatir la opacidad y la discrecionalidad en el manejo de los recursos.

“Estos recursos no son de un partido ni de una administración. Son recursos públicos que deben servir a la gente. Desaparecieron el Fidesseg prometiendo mayor transparencia y hoy vuelven a surgir cuestionamientos sobre el destino del dinero. De nada sirve cambiarle el nombre al programa si no cambian las prácticas”, concluyó Magaña Fonseca.

Proponen candados programas sociales en Guanajuato

María Eugenia García Oliveros, diputada. Foto: Congreso de Guanajuato.

La diputada María Eugenia García Oliveros, de Morena, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado, con la finalidad de establecer medidas para prevenir el uso de programas sociales con fines político-electorales en los procesos electorales.

Busca reformar el artículo 150 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de las infracciones de servidores públicos, propone ampliar los supuestos de la infracción en el uso de los programas sociales.

Planteó la aplicación de cinco medidas:

Que no se operen programas sociales durante el proceso electoral que no cuenten con reglas de operación.
Que durante el proceso electoral no se convoque a la ciudadanía a registrarse a los programas sociales.
En caso de que durante el proceso electoral se aumente el presupuesto para el programa o los beneficiarios, haya mayor vigilancia en el mismo.
Prohibir se hagan entregas masivas de programas sociales.
Además, que se solicite a servidores públicos que emitan su voto en favor de determinado candidato o partido político, o presionen a más gente a hacerlo.

García Oliveros recordó que en 2024, a través de la Tarjeta Rosa se promocionó a Libia Denisse García como candidata a la gubernatura. “La realidad es que nunca fue planeado para ser un programa universal, más bien fue planeada como un programa electoral”, afirmó.

Por lo que pidió hacer algo para blindar las nuevas elecciones, “vamos a hacerlo con las prácticas correctas”, demandó. Mencionó también a la Tarjeta Violeta, promovida en la capital, también previo a elecciones.

Por eso, su propuesta de reforma pues dijo que ante los usos electorales anteriores, merece que se tomen medidas.

Pero la diputada de Morena nada más presentó su iniciativa, esperó 10 minutos más y se fue de la sesión, a las 11:15 de la mañana, una hora después de iniciada, y ya no regresó. La sesión terminó a las 2:40.

La propuesta la presentó tres días después de que AM publicó un reportaje que evidenció que el registro de 22 organizaciones que buscan recursos para repartir en 2027, despensas, calentadores solares, tinacos, kits de higiene y escolares, uniformes y mochilas por 191 millones de pesos. Al menos ocho están vinculadas a funcionarios y exfuncionarios del PAN.

AAK