Criterios de oportunidad que demeritan la justicia

Durante el último año con motivo de asuntos muy escandalosos a nivel nacional, ya sea por la fama o trascendencia de los personajes involucrados, por la cuantía o por los efectos políticos que causan en esta época pre electoral.

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Por: Mtro. Paulino Lorea Hernández

Durante el último año con motivo de asuntos muy escandalosos a nivel nacional, ya sea por la fama o trascendencia de los personajes involucrados, por la cuantía o por los efectos políticos que causan en esta época pre electoral, como lo ha sido con los casos del orden federal referidos al escándalo de la empresa Odebrecht y de sus relaciones con funcionarios de PEMEX del sexenio anterior; así como también los casos de Emilio Lozoya, de Alonso Ancira y ahora de la señora Rosario Robles Berlanga, sobre la llamada “Estafa Maestra”.

Este recurso legal ha sido bien aprovechado por los abogados penalistas litigantes encargados de llevar a cabo las defensas respectivas; sin embargo, hay que destacar que existe una dualidad en cuanto a elegir esta opción que conduce a consecuencias a veces no del todo favorables a los imputados, pues en ciertas condiciones se ven precisados a aceptar su responsabilidad penal, sin que esta les fuere del todo acreditada, porque lo hacen bajo la presión de la autoridad persecutora que en combinación con la autoridad judicial, impiden que los indiciados gocen de su libertad con diferentes maniobras a veces no del todo explicables ni convincentes pero sí efectivas; esa dualidad a que me refiero consiste en presión de cárcel-aceptación de responsabilidad.

Esta expresión ahora tan socorrida en los medios de comunicación, no despierta curiosidad ni sorpresa para los abogados penalistas expertos en el conocimiento y aplicación del sistema de oralidad penal, aunque sí extrañeza en cuanto a la inexplicabilidad de la procedencia de este beneficio en los casos concretos, porque en algunos de estos no engastan con toda precisión en los requisitos que determina el Código Nacional de Procedimientos Penales; pero para la mayoría de los amables lectores, no es fácil entender este tipo de instituciones legales y de las argucias para su aplicación.

Para un mayor entendimiento resulta necesario conocer el texto del artículo 256 del mencionado Código Procesal que señala los casos en que operan los criterios de oportunidad, para ello se enumeran seis hipótesis, de donde podemos destacar la fracción V que señala lo siguiente: “Cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, y se comprometa a comparecer en juicio;”. Este dispositivo procesal si bien trae como el beneficio toral la obtención de la libertad para el imputado, también propicia y alimenta la delación en contra de amigos, colaboradores, jefes o superiores, o hasta de familiares, además de lo que ya habíamos señalado, aceptar la propia culpabilidad estuviere o no acreditada, solo por terminar el asunto y evitar la prisión.

El Código Nacional de Procedimientos Penales, solo como información general para la comprensión asequible para los amables lectores, previene otras soluciones alternas, tales como el acuerdo reparatorio y la suspensión provisional del proceso, dando lugar a la terminación anticipada del proceso; así como también la suspensión condicional del proceso y el procedimiento abreviado. No obstante, en los casos mencionados con resonancia nacional y algunos hasta internacional, se ha optado por elegir los criterios de oportunidad que con diligencia y complacencia del Ministerio Público de la Federación o mejor dicho de la Fiscalía General de la República, se han estado tramitando ante diversos juzgadores y que tienen a la opinión pública,  no exenta de morbosidad, al pendiente de los demás personajes que involucrarán en su carácter ahora de delatores o informantes, como el documento que se filtró de la entrevista ministerial al ex funcionario Emilio Zebadúa, aunque dudemos de su autenticidad.

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