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El operativo especial para fin de año anunciado por el gobernador Julio Menchaca llega con señales claras de trabajo coordinado: más presencia policial en zonas concurridas y resultados inmediatos en distintos municipios, desde detenciones y aseguramientos hasta la recuperación de vehículos robados y la localización de personas buscadas. En un cierre de año movido, el gobierno de Hidalgo muestra una estrategia preventiva y de respuesta.
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En Actopan, la administración de Imelda Cuéllar confirma que sus prioridades van por un carril distinto al de la ciudadanía. Mientras la inseguridad preocupa cada vez más, el gobierno municipal optó por recortar sueldos y equipo para la policía, pero aumentar a eventos sociales, como si la imagen pública valiera más que la protección de la gente. Peor aún, la opacidad con la que se entregaron documentos ilegibles a los regidores refleja que la transparencia no es un valor de esta gestión.
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Ya es oficial la llegada de Geraldina García al PRI de Pachuca en intento de proyectar renovación, pero el mensaje choca con la realidad de una dirigencia estatal que no logra despejar la nube de crisis interna. Las renuncias recientes y los señalamientos de traición muestran que el priismo local sigue navegando en turbulencia. El relevo podría ser una oportunidad, pero no rendirá frutos si la cúpula estatal continúa ocupada en regaños públicos sin reconstruir al partido.
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Cayó la extesorera de Singuilucan Adriana O.R., lo que nos recuerda que el proceso por la llamada Estafa Siniestra sigue su curso. Cada aprehensión evidencia que las investigaciones avanzan y que quienes participaron en las irregularidades de la pasada administración deberán responder ante la justicia. Poco a poco, el caso se mueve, confirmando que en Hidalgo el cierre de cuentas pendientes apenas comienza.
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La entrega del pliego petitorio por parte de policías municipales de Huautla expone un problema que la administración de Jorge Alberto Hernández no puede postergar: condiciones laborales tan precarias que van desde sueldos insuficientes hasta la falta de uniformes, seguro de vida e incluso artículos básicos para trabajar. Los elementos advierten una manifestación y piden intervención estatal, lo que muestra el nivel de desgaste y falta de atención del gobierno municipal a una corporación que debería ser prioridad.
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