La desaparición de Jeshua Cisneros, ocurrida en noviembre de 2025 en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, ha puesto en evidencia deficiencias estructurales del Estado en materia de seguridad, vigilancia y reacción institucional ante un caso de posible desaparición forzada o privación ilegal de la libertad.
De acuerdo con información difundida públicamente y retomada por familiares, Jeshua fue visto por última vez cuando caminaba a un costado de la autopista México–Querétaro, a escasos minutos de su domicilio. Desde entonces, no existe una reconstrucción oficial clara de su último trayecto, a pesar de tratarse de una de las vialidades más transitadas y vigiladas del país.
Uno de los principales vacíos señalados es la inoperancia del sistema de videovigilancia. En el tramo donde desapareció el joven existen cámaras públicas y privadas; sin embargo, la familia ha denunciado que no se cuenta con grabaciones útiles del momento crítico, ya sea por cámaras fuera de servicio, falta de resguardo oportuno o negativa de empresas privadas a entregar material. Esta situación refleja una falla grave en los protocolos de conservación de evidencia y coordinación interinstitucional, particularmente en las primeras horas, consideradas clave en cualquier búsqueda.
Otro punto que genera cuestionamientos es la presencia de patrullas en la zona sin que hasta ahora se haya transparentado qué corporación intervino, bajo qué circunstancia ni qué acciones concretas se realizaron. La ausencia de informes públicos, partes oficiales o bitácoras accesibles refuerza la percepción de opacidad y debilidad en los mecanismos de rendición de cuentas de las corporaciones de seguridad.
A ello se suma el hallazgo de una mochila atribuida a Jeshua, objeto que podría representar un indicio relevante. No obstante, tampoco se ha informado de manera clara si dicho objeto fue asegurado bajo cadena de custodia, si se le practicaron peritajes o si su localización permitió definir líneas de investigación concretas. La falta de información pública al respecto apunta nuevamente a una gestión deficiente de los indicios.
Con el paso de los días, las labores de búsqueda se extendieron a cuerpos de agua y zonas abiertas del municipio, con apoyo de drones, binomios caninos y brigadas. Si bien estas acciones son necesarias, también reflejan una constante en los casos de desaparición en México: la búsqueda reactiva y tardía, muchas veces impulsada más por la presión de las familias que por una actuación inmediata y eficaz del Estado.
El caso de Jeshua no es aislado. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el Estado de México se mantiene entre las entidades con mayor número de reportes de desaparición a nivel nacional. Pese a ello, persisten problemas como la fragmentación de responsabilidades, la lentitud en la activación de protocolos y la limitada capacidad de investigación con enfoque técnico y humano.
La experiencia relatada por la familia, que incluso ha señalado haber encontrado cadáveres durante la búsqueda, expone una realidad alarmante: la carga de la localización recae en las víctimas indirectas, mientras las instituciones actúan con insuficiencia, descoordinación o silencio.
En un contexto donde la seguridad pública es una obligación constitucional, la desaparición de Jeshua vuelve a colocar en el centro del debate la pregunta de fondo: ¿qué tan preparado está el Estado para prevenir, investigar y esclarecer una desaparición, y por qué, aun en zonas altamente vigiladas, una persona puede desvanecerse sin dejar rastro ni respuestas oficiales?
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