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Guanajuato capital.- Ejidatarios de Dolores Hidalgo, San Felipe y San Diego de la Unión mantienen reclamos agrarios sin resolver, entre ellos el pago por terrenos utilizados para construir el libramiento norte de Dolores Hidalgo, caso que se arrastra desde hace más de 20 años.

Treinta y cuatro ejidatarios, que aseguran representan a unos 300, se manifestaron afuera del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, en Guanajuato capital, donde denunciaron retrasos en la resolución de sus expedientes y pidieron a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo acompañamiento institucional para buscar una solución a sus demandas.

Desde antes de las 9 de la mañana, los manifestantes se congregaron afuera del Tribunal Agrario con la intención de que la magistrada Fabiola Hernández Ortiz escuchara sus exigencias.

Señalaron que existen casi 30 expedientes pendientes, algunos iniciados desde 1993 y otros a partir de 2000.

Francisco Flores Wong, representante en Guanajuato del Consejo Nacional de Sociedades y Unidades de Campesinos y Colonos (CONSUCC), explicó que en 1993 el Gobierno federal entregaría 185 hectáreas a 60 ejidatarios de La Laguna, en San Felipe.

Sin embargo, aseguró que, pese a existir una sentencia del Tribunal Superior Agrario, los terrenos no les han sido entregados.

“Tienen ya desde el 93 con problemas y no les han querido entregar la documentación del ejido. Aquí nos dicen que, como vino a ejecutar México, no las entregan. Fuimos a México, la solicitaron, les dijeron que en un tiempo y luego les mandan decir que su acta de elecciones no está bien, que por eso no se las entregan.

“Y les dicen que no está bien porque no dicen el número de ejidatarios. Pero la elección de ellos fue por segunda convocatoria y, por segunda convocatoria, con los que asistan se lleva a cabo la asamblea; eso lo sabe el tribunal”, dijo Francisco Flores.

Ejidatarios se manifestaron en el tribunal agrario en Guanajuato capital. Foto: María José Soto

Más de 20 años sin recibir pago

Entre los ejidatarios afectados por el libramiento de Dolores Hidalgo se encuentra la familia de Pedro Covarrubias Rangel, quien relató a AM que desde 2000 espera el pago por la afectación de cinco hectáreas utilizadas para construir el libramiento norte Dolores Hidalgo-Guanajuato.

Según explicó, el Gobierno federal se comprometió a pagar por los terrenos afectados, pero hasta la fecha su familia no ha recibido el dinero.

Incluso, señaló, su abuelo, quien era el titular de los derechos sobre la tierra en aquel momento, ya falleció.

Además, denunció que el terreno se inunda cuando crece el río y que los drenes fueron obstruidos, por lo que la tierra quedó prácticamente infértil.

Otra de las afectadas señaló que las obras del libramiento modificaron el flujo del agua hacia su terreno, por lo que ahora depende únicamente de las lluvias para cultivar.

Los ejidatarios aseguran que desde hace 20 años no les han resuelto el pago de sus tierras. Foto: María José Soto

Acusan retrasos en Tribunal Agrario

Luego de más de una hora de espera, la magistrada Fabiola Hernández Ortiz recibió a los manifestantes.

Los ejidatarios señalaron que durante la reunión no obtuvieron la información ni las soluciones que esperaban, pues se les explicó que para consultar determinados asuntos debían contar con un poder o acreditar cargos como presidente, secretario o tesorero del comisariado ejidal.

Aseguraron que incluso algunos de quienes contaban con esa representación no obtuvieron una solución.

Los manifestantes afirmaron que no es la primera ocasión en que enfrentan retrasos, por lo que ya presentaron una denuncia ante el Comité de Ética de los Tribunales Agrarios por presunta dilación procesal y otras irregularidades en juicios que, según señalaron, incluso cuentan con sentencia.

Durante la reunión también se abordó el caso de ejidatarios que firmaron un convenio con la Presidencia Municipal de Dolores Hidalgo para recibir un pago por sus tierras.

Sin embargo, los cheques quedaron retenidos. De acuerdo con lo explicado durante el encuentro, el Tribunal determinó que los convenios no cumplían con los requisitos porque no se realizaron con un avalúo conforme a los lineamientos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).

También se informó que se han impuesto multas a la síndica Angélica Ortiz Castro, del Ayuntamiento de Dolores Hidalgo, relacionadas con el cumplimiento del asunto.

AM solicitó una postura al área de Comunicación de la Presidencia Municipal de Dolores Hidalgo, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Piden acompañamiento de Libia

A través de un pronunciamiento, los ejidatarios denunciaron presuntas irregularidades en los juicios, dilaciones procesales y “trabas” para elaborar y ejecutar convenios que les permitan recibir el pago por sus tierras o, en otros casos, obtener documentación que les dé certeza jurídica.

Pidieron mecanismos de transparencia e imparcialidad que les permitan acceder a la justicia y garantizar sus derechos, así como acompañamiento institucional ante instancias como los tribunales agrarios.

“Señora Gobernadora: no le pedimos que intervenga en un juicio agrario ni que determine quién tiene la razón; le pedimos que escuche a los ejidatarios de Guanajuato. Le pedimos que, dentro de las facultades que legalmente correspondan al Gobierno del Estado, se brinde acompañamiento institucional y se busquen los medios adecuados para que los campesinos y ejidatarios puedan hacer valer sus derechos ante las autoridades competentes, porque los ejidatarios de Guanajuato no pueden sentirse abandonados frente a instituciones que, precisamente, fueron creadas para proteger y garantizar los derechos y la justicia agraria”, se lee en el comunicado.

HLL

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