El gobierno de Hidalgo publicó el decreto que declara patrimonio cultural tangible de los hidalguenses a los sitios asociados con la tragedia de la mina El Bordo, ocurrida el 10 de marzo de 1920, en Pachuca.
Tal decreto difundido este día reconoce los terrenos y restos de las minas El Bordo, La Luz y Sacramento, así como la fosa común donde fueron sepultadas las víctimas y a todo sitio vinculado con el acontecimiento.
Para cumplir la declaratoria se requiere de un plan de manejo instrumentado por la Secretaría de Cultura estatal.
Mañana cumple cien años el incendio de esta mina, donde fallecieron 87 mineros atrapados, cuyos cuerpos fueron recuperados seis días después en medio del encubrimiento por parte de las autoridades de las causas del incidente y sepultados en una fosa común sin placa que los conmemore.
La fundación Arturo Herrera Cabañas invitó a la ceremonia para celebrar el centenario de la tragedia, develar la placa alusiva y leer el decreto por el cual se declara patrimonio cultural tangible de los hidalguenses a los sitios históricos asociados con esta mina.
Actualmente, solo quedan ruinas de construcciones de lo que fue la mina El Bordo, mismas que aún guardan para la comunidad un significado relacionado con la catástrofe y especialmente, agrega el decreto, la parte de la escuela Leona Vicario se debe convertir en un memorial.
¿QUÉ PASÓ EN LA MINA EL BORDO?
A las siete de la mañana del 10 de marzo de 1920 se declaró un incendio en la mina El Bordo. Unas horas más tarde se dio por terminada la evacuación y se cerró el tiro de la mina para favorecer la extinción del incendio, previa autorización por parte de autoridades, médicos y representantes de la compañía minera.
Seis días después se accedió de nuevo al interior para retirar los cadáveres: se calculaba que habían muerto alrededor de diez mineros; sin embargo, una vez dentro, no solo descubrieron que había 87 cuerpos, sino que todavía quedaban siete trabajadores vivos.
De acuerdo con el libro El incendio de la mina El Bordo, del escritor actopense Yuri Herrera, las familias, especialmente las esposas o madres de los trabajadores, también fueron víctimas por la incertidumbre, falta de información, insensibilidad y dificultades para identificar los cuerpos.
Tampoco se hizo un proceso adecuado que deslindara responsabilidades de la catástrofe que diera justicia a los fallecidos, al limitar la investigación de las causas del incendio.