Por no implementar alternativas electrónicas para garantizar el acceso pronto a la justicia durante la contingencia sanitaria por COVID-19, la Barra de Abogados Ignacio Burgoa Orihuela A.C. interpuso un amparo contra el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Hidalgo.
El expediente 324/2019 fue admitido el 7 de mayo en el juzgado segundo de distrito de Hidalgo y ese mismo día les fue negada la suspensión provisional por el recurso, el cual señala que con dicha omisión se transgrede el artículo 17, que garantiza el acceso a la justicia de los ciudadanos.
Dicho amparo es contra la resolución del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Hidalgo de suspender plazos y términos procesales hasta el 29 de mayo, pero señala que se omitió implementar en los acuerdos 20/2020, 18/2020 y 15/2020 el acceso expedito a la administración de justicia por vías electrónicas, como celebración de audiencias, contestación y desechar pruebas mediante nuevas tecnologías.
El Consejo de Salubridad General determinó el pasado 30 de marzo que la impartición de justicia es una actividad esencial en la emergencia sanitaria por coronavirus, y en sus acuerdos el Poder Judicial local contempla la posibilidad de realizar audiencias mediante medios electrónicos, lo cual hasta el momento no ha sucedido.
Una de las afectaciones de aplazar plazos y no implementar alternativas, es que se transgreden derechos de quienes esperan una resolución a sus asuntos, pues deben esperar el tiempo que dure la pandemia para que se dé seguimiento a sus expedientes y carpetas, dijo Gerardo Romero García, presidente del Colegio de Abogados y Derechos Humanos, en entrevista con AM Hidalgo el pasado 30 de abril.
Romero García planteó que para realizar audiencias por videoconferencia se requiere una reforma en el Poder Legislativo, infraestructura y capacitación al personal del Poder Judicial, pero las consideró como una alternativa.
El 27 de abril, la magistrada presidenta del órgano judicial en Hidalgo, Blanca Sánchez Martínez, dijo (mediante un escrito) a colegios de abogados que realizarían esfuerzos acordes a su presupuesto para dar respuesta a asuntos de relevancia.
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