Durante la sesión de este jueves en el Congreso de Hidalgo, la diputada María del Rosario Guerrero Martínez presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley del Servicio Profesional Municipal de Carrera que, aseveró, busca transformar la operación de los ayuntamientos y poner fin a viejas prácticas de improvisación y clientelismo.
La legisladora destacó que los municipios son la puerta más cercana entre el Estado y la ciudadanía, pero también los espacios más vulnerables a los cambios políticos, donde cada trienio se reemplaza al personal, se pierden expedientes y se reinician proyectos.
“No podemos seguir normalizando que cada administración empiece de cero”, afirmó.
PROFESIONALIZACIÓN CON BASE EN MÉRITO
La nueva ley pretende garantizar que los gobiernos municipales cuenten con personal capacitado, estable y evaluado objetivamente, cuyo ingreso y promoción se base en el mérito, la capacidad y la transparencia, no en el compadrazgo o las afinidades políticas.
Señaló que el Servicio Profesional Municipal de Carrera permitirá a los ayuntamientos formar equipos técnicos y administrativos que permanezcan más allá de los ciclos políticos. Con ello, se busca asegurar la continuidad de obras, programas y servicios, así como la confianza ciudadana.
Guerrero Martínez explicó que la iniciativa descansa sobre cinco pilares fundamentales:
Mérito y capacidad, con procesos abiertos y evaluaciones públicas.
Igualdad de oportunidades, sin discriminación política o personal.
Estabilidad laboral, para evitar despidos arbitrarios.
Transparencia y rendición de cuentas, con vigilancia ciudadana.
Capacitación permanente, como parte del desarrollo institucional.
ROMPER CON LAS VIEJAS PRÁCTICAS
La diputada subrayó que la propuesta busca romper con la vieja costumbre de convertir los ayuntamientos en agencias de colocación política, donde los cargos se reparten como pago de favores de campaña.
“Cuando el trabajo se gana por capacidad y no por amiguismo o influyentismo, la gente vuelve a creer en las instituciones”, afirmó.
Cada municipio podrá adoptar el servicio profesional mediante acuerdo de Cabildo, lo que garantizará su continuidad institucional más allá de los cambios de gobierno.
Además, indicó que el costo de implementación, entre 1 y 1.5 por ciento del presupuesto municipal anual, es considerado moderado frente a sus beneficios: menor rotación de personal, reducción de laudos, eficiencia administrativa y recuperación de la confianza ciudadana.
La iniciativa fue turnada a la Primera Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen.
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