Con la publicación del decreto en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, entró en vigor la reforma a la Ley para la Familia que incorpora el Padrón de Deudores Alimentarios Morosos al marco legal del estado, con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones familiares y garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir sustento.
De acuerdo con lo establecido en la modificación legal, este registro tendrá carácter público y deberá difundirse por las autoridades estatales, siempre bajo estrictos lineamientos de protección de datos personales y conforme a la normatividad vigente en materia de información en posesión de sujetos obligados.
ADMINISTRACIÓN DEL PADRÓN
El decreto prevé que, tras esta entrada en vigor, se apruebe una propuesta adicional para asignar formalmente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo la administración, actualización y resguardo de la información contenida en el padrón, a fin de dar certeza jurídica y control institucional al registro.
CRITERIOS DE INCORPORACIÓN
La reforma define de manera puntual los supuestos bajo los cuales una persona podrá ser incluida en el Padrón de Deudores Alimentarios Morosos. Entre ellos se encuentra el incumplimiento de una obligación de pensión alimenticia fijada mediante sentencia firme o convenio ratificado ante autoridad judicial, cuando se deje de pagar por un periodo de 90 días naturales, ya sea de forma consecutiva o discontinua, dentro de un lapso de un año.
Asimismo, ante la persistencia del incumplimiento, la norma establece que un juez podrá ordenar la inscripción inmediata del deudor en el padrón correspondiente.
BAJA DEL REGISTRO
La exclusión del listado solo procederá cuando el deudor acredite de manera fehaciente el pago total del adeudo, la cancelación de la obligación o la formalización de un esquema de descuento vía nómina que garantice el cumplimiento del pago alimentario.
Aunque el acceso al padrón será público conforme a la legislación estatal, las autoridades señalaron que el manejo de nombres y expedientes se realizará con respeto a los derechos de las personas involucradas, privilegiando en todo momento el interés superior de la niñez.
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