Opinión

Propuesta de Reforma al artículo 69-B del CFF (Compraventa de Facturas)

GOL TRIBUTARIO

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Por: Juan Antonio Aguilar

En una columna anterior había abordado aspectos importantes al respecto de este tema, polémico y sonado desde el sexenio pasado. El artículo 69-B del CFF regula, de manera inacabada e inconstitucional, los procedimientos que la autoridad fiscal debe incoar respecto de los contribuyentes en dos casos: aquellos que facturan operaciones simuladas y los que la deducen; con el afán de evitar la omisión del pago de impuestos en el primer caso, y en el segundo impedir la distorsión de la base gravable en perjuicio del fisco federal de los contribuyentes cumplidos.

Sin embargo, en abril del año en curso, se realizó una propuesta de reforma al artículo 69 del CFF, promovida por la senadora Lilly Téllez, con el propósito de generar un marco de legalidad y de constitucionalidad a dicho numeral, así como dotar de mayores elementos a las autoridades hacendarias para combatir correctamente estas prácticas indebidas.

Cabe señalar que estoy de acuerdo con dicha propuesta, respecto de la cual resaltaremos los aspectos importantes a saber:

1.- Incluir el concepto de “sustancia económica” para castigar este tipo de conductas, pues hace más sentido que la materialidad de las operaciones e incluso va más acorde con la exposición de motivos de dicho numeral.


2.- Eliminar el supuesto de no localización de las empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS) como causal de inexistencia de operaciones.
Lo anterior hace todo el sentido, ya que la desocupación del domicilio fiscal sin dar aviso o la no localización del mismo, se encuentra castigada por nuestra legislación fiscal de otras formas. Por ejemplo, es una causal de responsabilidad solidaria contra los accionistas y, por otro lado, es incluso un delito. Además, esto solo debe perjudicar al EFO, no al EDO.

3.- Determinar los lineamientos y plazos para el procedimiento con las empresas que deducen operaciones simuladas (EDOS).

4.- Establecer igualmente un plazo de 50 días para que la autoridad hacendaria emita una resolución, en los procedimientos instaurados con las EDOS.

5.- Precisar que la autoridad tributaria solamente podrá revisar los comprobantes fiscales, cuando estemos en presencia de hechos diferentes.

La propuesta en conjunto es un gran intento para contribuir al combate contra este lastre que arrastra nuestro país desde hace años, con empresas que únicamente son creadas para omitir el pago de impuestos y, en adición, hay otros que no pagan correctamente el ISR e IVA al obtener este tipo de comprobantes sin sustancia económica.

Esperemos el destino de esta gran iniciativa en Cámara de Diputados, ojalá llegue a buen puerto y sea una herramienta que ayude a las arcas del Gobierno Federal, de cara a los proyectos de gasto que tienen para el presente sexenio, entre otras cuestiones.

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