Opinión

Propuesta para eliminar el velo corporativo en materia fiscal

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Por: Juan Antonio Aguilar

El pasado 8 de septiembre de 2019, el presidente de la República envió a la Cámara de Diputados el Paquete Económico (2020), el cual incluye diversas modificaciones a las disposiciones fiscales.

Dentro de las modificaciones previstas para el Código Fiscal de la Federación (CFF), se proponen algunos cambios al régimen de responsabilidad solidaria del pago de contribuciones. Un cambio que me parece sumamente grave.

Resulta importante mencionar que, al constituir una persona moral, se crea una “ficción” que dota a la sociedad constituida de una personalidad jurídica distinta a la de las personas físicas que la conforman: socios, accionistas, administradores, etc. A esta distinción entre el patrimonio y responsabilidad de los socios, y el patrimonio y responsabilidad de la empresa, se le conoce doctrinalmente como velo corporativo. Es una situación que no rige únicamente en materia fiscal y ha sido adaptada del derecho mercantil.  En ese sentido, conforme a la legislación mercantil, la persona moral es titular de derechos y obligaciones y, en consecuencia, los socios únicamente deben responder por el monto de sus aportaciones.

Ahora bien, la facultad para determinar la responsabilidad solidaria en materia fiscal está prevista —actual y atinadamente— como un régimen de carácter excepcional, que únicamente se actualiza en casos especialmente previstos en la ley: cuando no está inscrita la empresa en el RFC; si no lleva la contabilidad, la oculta o la destruye; y cuando desaparece del domicilio fiscal sin dar aviso.

En efecto, la ficción legal de separar un patrimonio (el de la persona moral) de otro (el de los socios, accionistas o empleados como administrador único, gerente, etc.) ha funcionado para incentivar la creación de nuevas empresas que son fuente de trabajo, inversión y, por supuesto, recaudación.

Sin embargo, el proyecto propone derogar los supuestos mencionados anteriormente: contenidos en el segundo párrafo de la fracción III e incisos a), b), c) y d) del artículo 26 del CFF para el caso de gerentes y administradores; y retomados en la fracción X del propio artículo en favor de socios y accionistas.

Lo anterior significaría un desconocimiento del velo corporativo y un retroceso en la seguridad jurídica de los contribuyentes. En adición, inhibiría la inversión y dañaría el fin recaudatorio que persigue el Estado, dado que hace hincapié en que la responsabilidad solidaria en materia fiscal es todavía más agresiva que en materia mercantil, pues obliga al contribuyente sustituto a responder por la totalidad de la deuda tributaria y no sólo por el monto de su aportación.

La asunción por parte del empresario de saber que su patrimonio y el de la persona moral son distintos, es esencial para evaluar los riesgos de su inversión. Atribuirle a la autoridad fiscal la posibilidad de cobrar créditos a cuenta de otras personas que no son el sujeto pasivo del impuesto, aumentaría la incertidumbre e intranquilidad empresarial: con la rotura tajante de la personalidad jurídica y patrimonio independiente de una empresa, este se confunde arbitrariamente con el de las personas físicas que lo conforman, provocando que se pierda el incentivo de crear nuevas empresas y, en consecuencia, el de hacer negocios en el país.

En otra lectura de la exposición de motivos de la presente iniciativa, se desprende que las modificaciones propuestas tienen como propósito atacar a las empresas facturadoras de operaciones inexistentes o simuladas, toda vez que estas empresas —menciona la iniciativa— se liquidan y cancelan su RFC al iniciarles facultades de comprobación, volviéndose muy difícil imputarles una responsabilidad solidaria a los liquidadores, accionistas, administradores, etc.

           

Por lo anterior, creemos que si el motivo de la iniciativa es combatir a quienes evaden ilegalmente al fisco bajo el esquema descrito, las empresas sujetas a ese régimen especial de responsabilidad solidaria deberían ser listadas de forma definitiva, conforme al párrafo segundo del articulo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en una especie de régimen de excepción dentro de la excepción; pero no fijar como regla generalizada la desaparición del velo corporativo para las empresas que no han entrado en el régimen de excepción de compra y venta de facturas, como se les conoce popularmente.

En suma, el combate a las empresas que simulan operaciones empresariales debe tener un régimen especial y focalizado. De lo contrario, las normas de control excesivo únicamente servirán para disuadir la inversión de la clase empresarial cumplida y obediente. Si la estrategia recaudatoria se centra en atormentar a los particulares, las reformas fiscales estarán condenadas al fracaso y los contribuyentes a sufrir las consecuencias.

Lic. Juan Antonio Aguilar Cervantes

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