Irapuato.- “No solo le quitaron la vida, sino a cuatro personas”, así lo reprochó Norma Lucía Rangel, madre de Ángel Yael, durante los alegatos de clausura en el juicio contra elementos de Guardia Nacional por el homicidio del estudiante de Agronomía en el 2022.
El viernes 8 de mayo, se llevó a cabo la audiencia número 28 de un juicio de más que proceso penal, se ha convertido en una larga agonía para todas las partes. Pues desde abril del 2022 la justicia no ha llegado, cuatro años después, por fin la juez escuchó los alegatos de clausura para emitir el fallo el próximo lunes 11 de mayo a las 4 de la tarde en el Centro de Justicia Penal de Guanajuato capital.
“Ya no regresó a casa; no solo le quitaron la vida, sino a cuatro personas. Una familia que era muy feliz y que ya no es familia. Mi esposo se perdió en el vicio, yo no salgo de casa más que una vez por semana al recinto (la tumba de su hijo) con el miedo porque quiera encuentras guardias nacionales y pueden disparar por impulso”, dijo Norma, mamá de Ángel.
La señora Norma recordó a su hijo como un joven inteligente, bondadoso y emprendedor, que tocaba la guitarra y el violín, que dibujaba y que tenía grandes sueños. Incluso relató que Ángel no quería estudiar Agronomía, pero era la base para una maestría y doctorado en investigación genética. También estaba por lograr que sus productos de piel fueran reconocidos como Marca Guanajuato.
“Decide la carrera de medicina militar y la aprueba. Pero un día antes de ir a Ciudad de México, dice que no es lo que quiere, que quiere ser su único jefe y decidió la carrera de Agronomía. Me dijo yo quiero ser más, quiero ser reconocido por el mundo y ante el mundo”, comentó la madre.
Durante su intervención, el agente del Ministerio Público acusó a Jesús “N” e Iván “N” de haber disparado contra la camioneta Eco Sport blanca en la que viajaban Laiza, Arón, Edith y Ángel Yael. Sostuvo que así lo determinaron las pruebas en balística y criminalística, además de los testimonios de otros estudiantes y los otros elementos de Guardia Nacional que viajaban con ellos en el convoy.
Pablo González Sierra, asesor jurídico de las víctimas pidió siguió la misma línea, para Iván “N”, pidió la condena por el delito de homicidio en grado de tentativa en contra de Laiza, Arón y Edith, daños dolosos. Mientras que para Jesús “N” además de estos, pidió condena por homicidio calificado con alevosía y ventaja en contra de Ángel.
También señaló que el capitán Juan Becerra mediante un oficio sus superiores le ordenaron la vigilancia de ductos de PEMEX (que se llevó a cabo ese fatídico día), todas las acciones debían ser documentadas para verificar el comportamiento del personal, que se comportara de acuerdo con la Ley Nacional de Seguridad, la Ley de la Guardia Nacional y en apego a los derechos humanos.
Además, debían quedar fotografiadas y videograbadas, en especial durante algún aseguramiento o para evitar alguna queja. Sin embargo, el propio capitán reconoció que para ese servicio no había suficiente equipo para todos los elementos, por lo que no hubo ninguna grabación.
Rodrigo Castro Lama defensa de los elementos de Guardia Nacional argumentó que la bala supuestamente disparada por Iván “N” se fragmentó por completó y no se encontró algún casquillo o resto útil para la prueba de balística que lo vincule con los hechos.
En cuanto a Jesús “N” sostuvo que los elementos llevaban a cabo un operativo de seguridad por ductos de PEMEX para evitar el robo de hidrocarburos y que había una nube de polvo que le impidió ver a qué disparaba y que se habría confundido.
La juez federal escuchó los alegatos de todas las partes, los acusados se reservaron su derecho a no declarar. Y determinó que el pŕoximo lunes 11 de mayo en punto de las 4:00 pm dará el fallo.
Balas disparadas por elementos GN habrían matado a Ángel Yael
Peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) coincidieron en que la bala que acabó con la vida del estudiante Ángel Yael (asesinado en 2022) salió del arma presuntamente disparada por Jesús “N”, elemento de la Guardia Nacional.
Durante el juicio contra Iván “N” y Jesús “N”, imputados por el homicidio del estudiante de Agronomía, peritos en balística, daños y criminología han sido llamados a testificar sobre sus hallazgos del caso ocurrido el 27 de abril de 2022.
Ese día, un convoy compuesto por dos patrullas de la Guardia Nacional y dos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), bajo el mando del coronel Nieto, salió a recorrer las tomas clandestinas de “huachicol” del poliducto Salamanca-León de Pemex para evitar el robo de hidrocarburos.
Desde la 1 de la tarde comenzaron el recorrido desde el kilómetro 36, en Silao, hacia el poliducto 8, tramo Salamanca-León, ubicado a 500 metros de donde los estudiantes convivían en Ex Hacienda El Copal, en Irapuato.
Este era el último punto a revisar, según lo relatado por elementos de la Guardia Nacional. Al ser una zona de robo de hidrocarburos, los castrenses se acercaron. Sin embargo, todos aseguraron que, de acuerdo con la Ley de la Guardia Nacional, tienen prohibido iniciar una persecución, por lo que se quedaron en el lugar.
No obstante, Jesús “N” e Iván “N” se bajaron de la caja de la camioneta y “cortaron cartucho”, luego se habrían posicionado. Después se escuchó un disparo. El capitán Becerra (de la Guardia Nacional), quien iba en la parte delantera del vehículo, escuchó la primera detonación y, al tiempo en que se baja de la camioneta, escucha el segundo disparo y pide que dejen de disparar.
Sin embargo, las balas alcanzaron la camioneta EcoSport en la que viajaban cuatro estudiantes, entre ellos Ángel Yael, quien falleció luego de que una bala le diera en la cabeza, y Edith, quien terminó con fractura de húmero, omóplato y clavícula.
En su testimonio, tanto el capitán Becerra como otros tres elementos a su cargo coincidieron en que, cuando el convoy estaba a unos 300 metros de los estudiantes, estos “habrían huido”.
Al ser una zona de robo de hidrocarburos, los castrenses se acercaron. Sin embargo, todos aseguraron que, de acuerdo con la Ley de la Guardia Nacional, tienen prohibido iniciar una persecución, por lo que se quedaron en el lugar.
El cabo César confirmó que, cuando se detuvieron, Jesús “N” e Iván “N” se bajaron de la caja de la camioneta y “cortaron cartucho”; luego se habrían posicionado. Después se escuchó un disparo.
Becerra, quien iba en la parte delantera del vehículo, escuchó la primera detonación y, al tiempo en que se baja de la camioneta, escucha el segundo disparo y pide que dejen de disparar.
Los compañeros de los imputados trataron de justificar que la zona es un punto peligroso debido al robo de hidrocarburos, aunque las tomas clandestinas estaban inactivas. Pero antes de la tragedia, el recorrido de vigilancia lo hicieron diariamente entre una y tres veces; en total habrían sido más de 30 ocasiones desde que se los asignaron.
Becerra aceptó que en todas esas ocasiones nunca detuvieron a nadie, mientras que sus subordinados reconocieron que no había ningún motivo para que los elementos accionaran sus armas, pues no había ninguna situación de peligro.
Además, nunca les marcaron el alto a los estudiantes de ninguna manera, es decir, ni con el pato, ni con la torreta ni con algún comando de voz. Tampoco les encontraron ninguna sustancia ilícita ni algún objeto ilegal a los estudiantes después de la revisión.
Balística coincide con uno de los atacantes
La FGR presentó una hoja en la que se da cuenta de las armas y municiones que llevaba cada elemento. Iván “N” portaba un arma tipo fusil FX calibre 5.56, y Jesús “N” también una tipo fusil modelo LR 308 Panther calibre .308.
Después del ataque y del aseguramiento de la escena, un perito en criminalística de la FGE encontró un casquillo percutido de una bala .308 Winchester en el lugar, mismo que fue analizado por peritos en balística.
Para la investigación, se utilizaron tres balas testigo del fusil modelo LR 308 Panther calibre .308 que entregó Jesús “N” y la bala que el médico forense obtuvo del cráneo del estudiante.
Con un microscopio de comparación, los expertos analizaron las estrías y los campos de las balas (marcas que deja el cañón del arma en la bala al disparar) y descubrieron que eran iguales. Estos corresponden a la huella balística, la cual, al igual que una huella dactilar, es única en cada arma. Así se comprobó el origen de la bala que cobró la vida de Ángel Yael.
Mientras que una perito en criminalística dio cuenta de los daños en la camioneta, que corresponden a dos proyectiles de arma de fuego. También ilustró cuál fue la trayectoria de los fragmentos.
Se corroboró que una de las balas pegó primero en la llanta de refacción; su trayectoria siguió hacia la puerta trasera, que la perforó, e impactó en una bocina. Aunque no se encontró algún casquillo o bala, por lo que no se pudo determinar el calibre.
La bala .308 Winchester entró por el medallón, impactó en el asiento trasero, luego pegó en la cabecera del copiloto, donde se fragmentó; hubo una perforación en la cabecera del copiloto hacia la cabeza de Ángel. Otro fragmento impactó contra el parabrisas y le hizo un agujero.
Además, un perito valuador expuso que la camioneta fue valuada en 41 mil pesos y los daños equivalen a 7 mil 812 pesos.
“Negligencia de la FGR”: Jueza recriminó pérdida de testigo clave en caso
Una jueza federal calificó de negligente el desempeño de la Fiscalía General de la República tras confirmarse la pérdida de un testigo clave en el caso de Ángel Yael. La juzgadora señaló que la omisión de la dependencia comprometió el acceso a la justicia para la familia del estudiante, evidenciando fallas sistemáticas en el resguardo de quienes debieron declarar en el juicio.
Durante la audiencia, se reveló que la FGR no mantuvo los protocolos necesarios para localizar y presentar al testigo, cuya declaración era fundamental para sustentar las acusaciones. Este error administrativo provocó la indignación de los asesores jurídicos de las víctimas, quienes acusaron a la fiscalía de permitir que el proceso se debilitara de manera deliberada o por falta de capacidad operativa.
La jueza enfatizó que este tipo de descuidos técnicos beneficiaron directamente a la defensa de los involucrados en el asesinato ocurrido en Irapuato. Subrayó que el ministerio público falló en su deber básico de garantizar que las pruebas recabadas durante la etapa de investigación llegaran íntegras a la fase de debate ante el tribunal correspondiente.
Finalmente, se determinó que la falta de este testimonio podría alterar el curso de la sentencia final. La familia de Ángel Yael manifestó su descontento ante lo que consideraron un nuevo obstáculo en su búsqueda de justicia, mientras que la jueza ordenó medidas adicionales para intentar subsanar la deficiencia, aunque reconoció el daño irreversible a la estrategia acusatoria.
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