Guanajuato.- A pesar de que existe una sentencia de cuatro años y seis meses de prisión en su contra, Jorge Fernando, exdirector de Transporte de Guanajuato, seguirá libre por el momento, luego de que la magistrada estatal Cristina Cabrera Manrique le concedió una suspensión provisional contra la ejecución de la condena, derivada de un amparo promovido por el exfuncionario.
En la resolución de la suspensión provisional se establece:
“En atención a lo dispuesto por los artículos 190 y 191 de la Ley de Amparo en vigor, se suspende de oficio y de plano la ejecución de la resolución reclamada, para el efecto de que la persona sentenciada Jorge (…) quede a disposición de la autoridad federal por mediación de esta sala, en la situación que actualmente guarda (…)”.
La notificación, de la cual AM tiene copia, fue realizada el 17 de agosto.
El abogado de Jorge Fernando explicó a AM que “quedar a disposición del Tribunal de amparo” significa que permanecerá en libertad y que, si es requerido, deberá comparecer ante esa autoridad.
Añadió que esta situación se mantendrá por tiempo indeterminado, hasta que un Tribunal Colegiado federal resuelva el fondo del amparo promovido por el exfuncionario.
Defensa afirma que sentencia difundida por Fiscalía no era definitiva
El abogado destacó que la nueva suspensión es contra una sentencia que, según la defensa, no era definitiva, pese a que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó a los medios de comunicación hace poco más de dos semanas que la condena había quedado firme.
El 14 de mayo de 2024, AM dio a conocer que Jorge Fernando fue sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión por el delito de cohecho, al haber solicitado y recibido dos millones 100 mil pesos de Manuel Mendieta Tovar, dirigente de la agrupación de taxistas San Miguelito, de San Miguel de Allende, a través de una persona llamada Jhonatan.
El dinero fue recibido en cinco ocasiones para permitir verbalmente la circulación de cinco taxis ejecutivos y tres taxis verdes sin permisos ni concesiones, entre julio de 2019 y julio de 2020.
Jorge Fernando fue director de Transporte del Estado de abril de 2019 a abril de 2020.
Mediante diversos amparos, el exfuncionario había evitado el cumplimiento de la sentencia.
El 3 de agosto pasado, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato emitió un comunicado en el que informó que había logrado que quedara firme la sentencia condenatoria de cuatro años y seis meses de prisión contra el exdirector general de Transporte y Movilidad del Estado, Jorge Fernando “N”, “tras acreditarse de manera contundente su culpabilidad en el delito de cohecho”.
Agregó que la sentencia firme se logró “luego de una intensa batalla jurídica frente a los recursos de defensa del acusado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción consiguió que el Poder Judicial ratificara la pena de cárcel y la responsabilidad penal del exfuncionario”.
“Este logro institucional quedó jurídicamente cerrado y validado de forma definitiva por las autoridades federales, quienes declararon totalmente cumplida la ejecutoria de amparo y notificaron el acuerdo correspondiente a los juzgados de origen, consolidando así un golpe definitivo a la impunidad en la administración pública”, informó la Fiscalía.
Las cinco razones para promover el último amparo
Sin embargo, este jueves, el abogado de Jorge Fernando, quien pidió omitir su nombre, explicó en entrevista con AM las cinco razones por las cuales promovió el amparo contra la sentencia mencionada por la Fiscalía y por la que obtuvo una suspensión provisional el lunes pasado.
La primera, señaló, es una violación al principio de presunción de inocencia, pues durante el juicio realizado en 2024 se negó a la defensa la posibilidad de presentar pruebas de refutación relacionadas con una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa que absolvió al exfuncionario.
La segunda razón está relacionada con el principio de tipicidad.
“Nosotros sostuvimos desde el principio de la audiencia inicial que ese delito no es cohecho, es otro que no le voy a decir, y hasta ahora se ha sostenido que sí es cohecho”, afirmó.
El tercer argumento es un supuesto exceso en la individualización de la pena, pues los cuatro años y seis meses de prisión impuestos no permiten a Jorge Fernando acceder a determinados beneficios.
El abogado indicó que busca que la pena se reduzca a entre uno y dos años de prisión.
Como cuarto punto, señaló:
“Nosotros obviamente queremos que se castigue la corrupción, pero se debe castigar con una Fiscalía eficiente”.
Como quinta razón, el defensor afirmó que durante las audiencias del juicio, en 2024, la Fiscalía desistió de presentar como pruebas de cargo contra Jorge Fernando las comunicaciones entre este y Jhonatan, quien presuntamente fungió como intermediario para recibir el dinero entregado por los taxistas.
Desde el punto de vista de la defensa, al no presentarse esas comunicaciones durante el juicio, no quedó acreditada la existencia del contacto entre ambos.
Conservó cargo municipal pese a condena
Pese a haber sido sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión por cohecho, Jorge Fernando “N” ocupó un cargo directivo en la Presidencia Municipal de Guanajuato durante dos gobiernos panistas de Alejandro Navarro Saldaña y Samantha Smith Gutiérrez.
Tras la primera sentencia, dictada el 14 de mayo de 2024, Navarro Saldaña lo nombró director jurídico municipal. El 19 de septiembre de ese año, la magistrada Cristina Cabrera Manrique, presidenta de la Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, confirmó la condena, resolución que AM publicó el 20 de enero de 2025.
Días después, la alcaldesa Samantha Smith anunció que Jorge Fernando continuaría en el puesto pese a la ratificación judicial.
El 4 de junio de 2025 fue dado de baja de manera definitiva, luego de que el comerciante Javier Reyes lo acusara de golpearlo durante un desalojo en el Mercado Hidalgo.
Según la denuncia, el 29 de mayo policías municipales intentaron detener al locatario por cambiar el candado de su establecimiento. Horas después, Jorge Fernando regresó con trabajadores municipales y, al advertir que Reyes grababa, lo golpeó en la mano y tiró su teléfono.
Por ello aún enfrenta un procedimiento ante la Contraloría Municipal. El 3 de marzo de 2026, AM informó que la investigación acumulaba nueve meses de retraso porque no habían podido notificarlo, por lo que se publicó un edicto para citarlo. El expediente está en etapa de sustanciación y pendiente de resolución.
Además, Jorge Fernando demandó al Municipio ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje por despido injustificado. Sostuvo que el 2 de junio de 2025 se le impidió ingresar a su trabajo y que conoció su cese mediante declaraciones de la alcaldesa y publicaciones en redes sociales.
En su demanda alegó que no hubo procedimiento administrativo ni notificación escrita sobre la causa de su separación. Solicitó ser reinstalado como director de Servicios Jurídicos y exigió salarios caídos, aguinaldo, vacaciones y demás prestaciones.
HLL
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