Tras el caso de acoso en Sapal, el dirigente estatal del PAN, Aldo Márquez, dijo que en Acción Nacional no son tapadera de nadie. Y que si hay elementos que comprueben la conducta del funcionario, que se investigue y se castigue.
“Nunca vamos a estar a favor de que exista un tipo de acoso”. Así lo enfatizó el también legislador local sobre el caso del director de Comunicación Social de Sapal, Luis Arturo Hernández Olmos. Este incurrió en acoso sexual y acoso laboral hacia una subordinada.
A su vez, el diputado Jorge Espadas se pronunció en el mismo sentido al reprobar todo caso de acoso.
Asimismo, destacó la reforma recientemente aprobada en el Congreso Local, que tipifica como falta administrativa grave el acoso sexual.
Costo por probable despido en caso de acoso
“¿Qué sigue después de esto?, ¿qué están haciendo las autoridades? ¿Qué herramientas tienen las autoridades? ¿Yo puedo, como un organismo autónomo, despedir a una persona por una resolución de Derechos Humanos? Claro que sí, pero con responsabilidad para el patrón. ¿Quién va a pagar esa indemnización? Los usuarios del Sapal, los ciudadanos de León”, replanteó Espadas.
Agregó que por eso es relevante la iniciativa de la gobernadora Libia Dennise García en materia de responsabilidades administrativas, que ya se aprobó, porque se les están dando las herramientas para que las instancias de gobierno u organismos autónomos, como el caso de Sapal, lleven el proceso sancionador en la vía administrativa, que puede terminar en una inhabilitación o destitución, para que no les cueste a los ciudadanos.
El objetivo es que las diversas instancias, al ocurrir estas conductas, lleven el caso al Tribunal de Justicia Administrativa y que la resolución que se tome no implique una responsabilidad a la institución y sí al funcionario que esté cometiendo esta falta.
“Creo que falta mucho por hacer en esto, la iniciativa es una herramienta fundamental para determinar la responsabilidad administrativa de los funcionarios que incurren en estas conductas y que deben ser ejemplarmente sancionadas”.
¿Qué ocurrió en Sapal?
La Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) acreditó, a través de pruebas y testimonios, que el director de Comunicación Social de Sapal, Luis Arturo Hernández Olmos, incurrió en acoso sexual y acoso laboral hacia una subordinada, en una resolución emitida el 12 de noviembre.
Invitaciones a salir en horarios extralaborales, mensajes en redes sociales con insinuaciones sexuales, comentarios sobre su cuerpo y miradas incómodas, plantear la posibilidad de separarla de su cargo e indicaciones a compañeros para que evitaran la comunicación con ella fueron algunas de las pruebas que validó la procuraduría para confirmar que el funcionario cometió actos de violencia de género.
La nueva ley sobre acoso cometido por funcionarios
El 27 de noviembre el pleno del Congreso de Guanajuato aprobó reformas para castigar el acoso sexual de servidores públicos, a propuesta de la gobernadora Libia García Muñoz Ledo.
Al presentar la iniciativa, la gobernadora afirmó que, aunque el acoso sexual ya es considerado un delito, no estaba considerado como una falta administrativa grave. Por ello, cuando una mujer denuncia al interior de las administraciones públicas, las autoridades se veían obligadas a despedir al agresor por otra causa, lo cual, a su juicio, no es justicia para la víctima.
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