León, Guanajuato.- La Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) acreditó a través de pruebas y testimonios que el director de comunicación social de SAPAL, Luis Arturo Hernández Olmos, incurrió en acoso sexual y acoso laboral hacia una subordinada en una resolución emitida el 12 de noviembre.

Invitaciones a salir en horarios extralaborales, mensajes en redes sociales con insinuaciones sexuales, comentarios sobre su cuerpo y miradas incómodas, plantear la posibilidad de separarla de su cargo e indicaciones a compañeros para que evitaran la comunicación con ella, fueron algunas de las pruebas que validó la procuraduría para confirmar que el funcionario cometió actos de violencia de género.

El expediente, identificado como 0648/2024 y dirigido a la Dirección General de SAPAL, encabezada por Enrique De Haro Maldonado, emitió recomendaciones para que se adopten medidas de reparación integral a la víctima. La denuncia se presentó en 2024, y el acoso comenzó desde antes de que Hernández Olmos se convirtiera en su jefe directo.

Entorno laboral violento y revictimizante en SAPAL

La denunciante, en ese momento encargada de eventos y comunicación, presentó una queja ante la Contraloría Interna de SAPAL. Sin embargo, en respuesta fue separada y despojada de sus herramientas y espacio de trabajo por lo menos seis veces, mientras que Hernández Olmos restringía la comunicación con sus compañeros.

La PRODHEG incluyó en el expediente capturas de pantalla de los mensajes privados del funcionario, donde hacía referencia al cuerpo de la denunciante con comentarios de tono sexual como cuando se refería a su trasero, además de utilizar emojis de flama, duraznos y caritas de corazones.

Un informe psicológico del Instituto Municipal de las Mujeres de León detalló el entorno: “El proceso terapéutico ha permitido sostener emocionalmente a la (denunciante) en un entorno laboral violento y revictimizante, en el cual ha enfrentado omisiones institucionales que han prolongado e intensificado su sufrimiento”.

Además de insinuaciones, una vez en el cargo, Hernández Olmos insistía a la denunciante para que asistiera a eventos que no formaban parte de sus atribuciones y amenazaba con despedirla bajo el argumento de que ella tenía una mala actitud por no saludarlo y mantener distancia. Siete compañeros testificaron haber sido testigos de los actos de acoso sexual en SAPAL y los comentarios inapropiados del director de Comunicación.

Las recomendaciones y postura de SAPAL

Karla Gabriela Alcaraz Olvera, procuradora de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, emitió seis recomendaciones dirigidas a la Dirección General de SAPAL, buscando la reparación integral a la víctima y garantías de no repetición. Entre ellas se incluyen otorgar atención psicológica a la denunciante, adoptar medidas para que no tenga contacto con su agresor, una capacitación para Hernández Olmos sobre la vida libre de violencia de las mujeres y la elaboración de una campaña de comunicación interna para la prevención de la violencia de género.

Enrique De Haro Maldonado, director de SAPAL, aseguró que acatarán la resolución, postura apoyada por el regidor Gabriel Durán Ortiz, vocal del consejo directivo de SAPAL. “Sí se va a aceptar, sí está aceptando. Nosotros estaremos enviando la documentación, ya ves que tenemos ahí unos días para contestarla, pero definitivamente se están aceptando las recomendaciones”, declaró el director.

Por su parte, Luis Arturo Hernández Olmos confirmó haber sido notificado. “La recomendación incluye algunos aspectos como la toma de capacitaciones. Yo a lo largo del año ya he tomado algunas capacitaciones de esta índole. Las que vengan, estoy completamente dispuesto a tomarlas”, indicó.

Al preguntarle sobre las medidas para evitar contacto con la víctima, respondió: “Yo no tengo contacto con mi compañera (…) contacto cara a cara no tenemos en la oficina”.

Acoso sexual ya será falta grave

El Congreso de Guanajuato aprobó reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado para catalogar el acoso sexual cometido por funcionarios públicos como una Falta Administrativa Grave.

La reforma busca sancionar de manera más severa a los servidores públicos que incurran en acoso, con la intención de combatir la impunidad en este tipo de conductas dentro de la administración pública.

Este cambio legal permite la imposición de sanciones más estrictas, lo que se considera un paso importante para proteger a las víctimas y fomentar un entorno laboral libre de violencia de género en las instituciones del estado.

AAK

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