León, Guanajuato.- La procuradora de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Karla Gabriela Alcaraz Olvera, llamó a los gobiernos municipales a reforzar la capacitación y las acciones para prevenir el acoso, así como a garantizar condiciones de seguridad para las mujeres que denuncian este tipo de conductas en sus centros de trabajo.
El pronunciamiento se dio mientras continúa la investigación de casos de acoso en dependencias y organismos públicos, entre ellos el relacionado con una trabajadora del Parque Metropolitano de León, cuya denuncia también llegó este jueves al Congreso del Estado.
Alcaraz Olvera consideró necesario que los municipios cuenten con mecanismos que permitan a las mujeres denunciar sin temor y permanecer en ambientes laborales seguros después de presentar una queja.
“Quizás antes existían este tipo de situaciones, pero no eran denunciadas y ahora existen más mecanismos a través de los cuales se están denunciando estas situaciones y las están haciendo más visibles”, señaló este 20 de agosto.
La procuradora pidió no normalizar estas conductas y señaló que durante años algunos casos pudieron no denunciarse por miedo, vergüenza o porque las víctimas no identificaban claramente que enfrentaban una situación de acoso.
Pide evitar revictimización de mujeres
Al ser cuestionada sobre la atención que reciben las víctimas por parte de órganos internos de control y contralorías municipales, Alcaraz Olvera afirmó que una mujer que denuncia acoso no debe ser obligada a continuar trabajando en condiciones que puedan ponerla nuevamente frente a la persona señalada o generar un ambiente inseguro.
“Eso no debe suceder, cuando una como mujer presenta una denuncia por acoso sexual, se deben dar todas las medidas necesarias para generarte un ambiente seguro, un ambiente laboral de protección”, apuntó.
“Independientemente de la denuncia que se presente, la autoridad tiene que estar preparada para generar condiciones de estabilidad y que no se le revictimice a la persona, porque eso lo único que provoca es que las mujeres ya no presenten denuncias”, agregó.
Sobre si las autoridades municipales de León están aplicando correctamente los protocolos de protección, señaló que tendría que revisarse cada caso.
“Tendríamos que verificar, efectivamente, si esto está sucediendo. Las mujeres no nos han referido en este caso, y sí lo puntualizo, que estén padeciendo una situación de revictimización al momento posterior en que presenten su denuncia. Esto no debe suceder”, subrayó.
Prodheg mantiene investigación en Zoológico de León
La procuradora también informó sobre dos quejas relacionadas con presunto acoso sexual dentro del Zoológico de León.
“Están en investigación, incluso han venido a declarar algunas personas. Efectivamente, son dos quejas que se señalaron en relación a personal del zoológico, pero solo una de ellas se le dio seguimiento. La segunda, la persona simplemente mandó su queja, nunca mostró interés en darle seguimiento a la misma. La primera de ellas continúa en investigación”, explicó.
Investigan muerte de motociclista que esperó ambulancia
Entre otros asuntos pendientes, Alcaraz Olvera señaló que la Prodheg mantiene abierta la investigación sobre la muerte de Mario, el motociclista que permaneció cerca de dos horas a la espera de una ambulancia después de accidentarse el 8 de junio en el Libramiento José María Morelos, en León.
“Ese asunto para nosotros es de especial relevancia porque es una atención de urgencia que tenía que haberse brindado, que lamentablemente no se realizó y estamos en investigación. Para mí es muy importante determinar qué o quién tiene la responsabilidad”, afirmó.
Respecto al profesor de la Secundaria General número 20 de Acámbaro que fue separado de su cargo después de difundirse videos en los que realizaba conductas inapropiadas con estudiantes, explicó que la Prodheg no puede iniciar de oficio una investigación en su contra porque ya no es servidor público.
“Ya fue dado de baja como servidor público, no obstante eso no significa que no podamos en algún momento recibir alguna queja de parte de alguna persona y valorar el planteamiento que realicen algunas personas que pudieran señalar afectación en agravio de los adolescentes de esta escuela”, dijo.
Agregó que la Procuraduría puede acompañar a madres y padres de familia que decidan presentar una denuncia ante el Ministerio Público, además de brindar atención psicológica.
Morena pide investigar caso del Parque Metropolitano
Por separado, la diputada Hades Aguilar Castillo, de Morena, presentó una propuesta de punto de acuerdo para que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) investigue si existen faltas graves relacionadas con el caso de acoso sexual denunciado por una trabajadora del Parque Metropolitano de León.
La legisladora pidió que la revisión incluya tanto la conducta del funcionario denunciado como la actuación de la Contraloría Municipal de León, que originalmente clasificó los hechos como una falta administrativa no grave.
“Porque estos hechos no graves no me parecen correctos”, manifestó.
También exhortó a las contralorías de los 46 municipios a implementar medidas para prevenir el acoso sexual en las administraciones públicas.
“Como mujeres diputadas no debemos de permitir que ninguna mujer sea víctima de estos puercos y para pisotear la dignidad de la mujer”, expresó.
Prodheg acreditó vulneración de derechos
El 13 de agosto, AM informó que una trabajadora había denunciado acoso sexual por parte de un funcionario del Parque Metropolitano de León.
La resolución de la Prodheg, emitida el 31 de julio de 2026, señaló que la trabajadora denunció conductas atribuidas a Raúl Macías Moreno, quien se desempeñaba como director de la Unidad Administrativa de Conservación y Protección Ambiental.
“La quejosa expuso que vivió acoso sexual por parte del titular administrativo, Raúl Macías Moreno”, señala la resolución.
La trabajadora también había denunciado los hechos ante la Contraloría Municipal de León, encabezada por Viridiana Márquez Moreno, que determinó que se trataba de una falta administrativa no grave y sancionó al funcionario.
Macías Moreno ya no trabaja en el Parque Metropolitano, aunque no se ha precisado si renunció o fue despedido.
Durante la sesión de la Diputación Permanente, Aguilar Castillo sostuvo que la trabajadora fue víctima de abuso de poder y de contacto físico no consentido por parte de su superior.
“Fue víctima de abuso de poder, toques de su jefe en su cuerpo, que ella nunca autorizó”, señaló.
La diputada relató que, según el expediente, el funcionario realizó comentarios sobre la vestimenta de la trabajadora y posteriormente le tocó los glúteos con el argumento de retirarle una pelusa.
“Esto es una cobardía”, calificó.
Agregó que compañeros de la empleada declararon que había sido objeto de vigilancia constante, comentarios con doble sentido y contacto físico.
Cuestiona resolución de Contraloría
Aguilar Castillo recordó que la Prodheg determinó que se vulneró el derecho de la trabajadora a vivir libre de violencia, mientras que la Contraloría Municipal clasificó la conducta como una falta administrativa no grave.
“Qué lamentable que el municipio se preste a este tipo de cochinadas. ¿Qué tiene que pasar para que el municipio acepte que la violencia contra las mujeres es grave? ¿Hasta dónde necesitan que llegue la mano de los funcionarios para calificar los hechos como no graves?”, cuestionó.
También pidió investigar a quienes participaron en la resolución administrativa.
“Esta resolución también está protegiendo al agresor, y quien usa su cargo para esconder y para mandar este caso al archivo también debe de ser investigado”, reclamó.
Acoso sexual ya es falta administrativa grave
La clasificación utilizada por la Contraloría ocurrió antes de que se modificara la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.
En 2025, la entonces contralora municipal de León explicó a AM que este tipo de conductas no permitían necesariamente la destitución de los servidores públicos debido a que el acoso sexual todavía estaba considerado como una falta no grave.
El 30 de septiembre de 2025, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo presentó un paquete de iniciativas para endurecer las sanciones contra servidores públicos que cometan acoso o abuso sexual.
Una de esas reformas fue aprobada el 27 de noviembre de 2025 y clasificó el acoso sexual como falta administrativa grave.
La modificación establece que incurre en acoso sexual el servidor público que, con fines sexuales o lascivos, asedie o coloque a una persona en una situación de desventaja, indefensión o riesgo, independientemente de que la conducta ocurra una o varias veces y exista o no una relación de subordinación.
HLL
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