Tras admitir un aumento en la extorsión y fallas en los mecanismos de seguridad para inhibir llamadas desde las cárceles, el Gabinete de Seguridad federal presentó ayer una nueva estrategia nacional contra el delito.
Las principales señaladas por el incumplimiento de sus funciones fueron las autoridades locales.
Ocho estados concentran el ilícito del fuero federal, con 66 %, a nivel nacional; cinco de ellos con gobiernos morenistas y dos, emecistas: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Michoacán y Guerrero.
Tras destacar que la recién aprobada Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia permite el diseño de una nueva estrategia para hacer frente a la extorsión, el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, presentó el plan delineado por cinco ejes preventivos y operativos.
Implicará detenciones a partir de investigación e inteligencia, el fomento a la creación de unidades antiextorsión locales, aplicación del protocolo de atención a víctimas, capacitación en manejo de crisis y negociación a operadores, además de una campaña de prevención a nivel nacional.
El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, detalló que las dos modalidades de extorsión que prevalecen son cobro de piso y llamadas desde cárceles federales y locales.
“Este problema ha ido creciendo en todo el País y tenemos que establecer con toda precisión los dos aspectos fundamentales: todo lo que es la extorsión telefónica y la que se hace a través también de manera directa por el famoso derecho de piso”, admitió.
Tras ser cuestionado por la efectividad del bloqueo de señal que opera en las cárceles para impedir la comunicación móvil, Gertz Manero ironizó en torno a ello y señaló que, de funcionar, no presentarían un nuevo frente.
“Si estuvieran (funcionado) no estaríamos aquí dando este nuevo frente. Evidentemente las autoridades locales de esas cárceles no están cumpliendo o las autoridades locales que deben de cuidar a las víctimas y carreteras locales no lo están haciendo. Si lo estuvieran haciendo no teníamos este problema”, declaró.
Al respecto, Harfuch indicó que -con previa orden judicial- se llevarán a cabo operativos en centros de reinserción social para asegurar equipos telefónicos que los internos ocupan para cometer el delito y se pedirá el bloqueo de líneas celulares vinculadas a la extorsión.
DMD
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