Ciudad de México.- Durante casi dos décadas, México no solo fue país de tránsito para la cocaína sudamericana rumbo a Estados Unidos, sino una plataforma logística clave para la operación del Cártel de los Soles, la estructura criminal atribuida a mandos del régimen venezolano encabezado por Nicolás Maduro.
El expediente revela un esquema más amplio del uso del territorio mexicano como punto de enlace financiero, marítimo y operativo, con la participación indirecta de organizaciones criminales locales y redes transnacionales como el Tren de Aragua y mexicanas como el Cártel de Sinaloa y Los Zetas.
De acuerdo con la acusación estadounidense, el Cártel de los Soles no funciona como un grupo tradicional. No controla plazas ni territorios visibles. Opera desde el aparato del Estado venezolano, utilizando rangos militares, estructuras diplomáticas, empresas fachada y protección institucional para mover droga, dinero y personas.
Su ventaja estratégica ha sido externalizar el riesgo y delegar el transporte final, así como la distribución a organizaciones criminales extranjeras, mientras mantiene el control de las rutas primarias, los puertos de salida y la protección política.
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En ese esquema, México no solo aparece como país de paso, sino como espacio de coordinación, donde se cruzan intereses de productores sudamericanos, operadores venezolanos y cárteles mexicanos.
Uno de los componentes menos visibles del esquema es el uso de rutas marítimas con lanchas rápidas.
Diversos decomisos en el Caribe, Centroamérica y el Golfo de México apuntaron a un patrón de salidas desde puertos venezolanos, trasbordos en altamar y arribos a costas mexicanas mediante las embarcaciones pequeñas.
Estas lanchas, con motores fuera de borda y capacidad para varias toneladas, redujeron la necesidad de vuelos o grandes cargamentos aéreos. El riesgo se fragmentó y se diluyó entre múltiples trayectos cortos.
Las costas mexicanas -particularmente zonas con limitada vigilancia- han sido señaladas en investigaciones internacionales como puntos recurrentes de recepción, desde donde la droga es trasladada por tierra hacia centros de acopio controlados por organizaciones mexicanas.
La inclusión del Tren de Aragua en las investigaciones refiere que, a diferencia de los cárteles mexicanos, esta organización venezolana opera como red de servicios criminales: lavado de dinero, tráfico de personas, sicariato y control de rutas.
En México, su papel habría sido operar en la sombra, sin disputar territorios, pero facilitando contactos, cobros, protección y traslado de recursos financieros derivados del narcotráfico.
El Tren de Aragua ha demostrado capacidad para insertarse en países donde no tiene estructura propia, aprovechando flujos migratorios, economías informales y vacíos institucionales. En ese contexto, México ofreció condiciones óptimas a través de rutas consolidadas, mercados criminales activos y alta movilidad de capitales ilícitos.
En México, grupos como el Cártel de Sinaloa y Los Zetas habrían recibido cargamentos ya “asegurados” políticamente desde Sudamérica, reduciendo riesgos en origen.
Así, México aportó infraestructura criminal, redes de distribución hacia Estados Unidos y capacidad para absorber grandes volúmenes de droga sin colapsar el sistema.
Otro elemento clave fue el flujo inverso de recursos, pues se indicó que no todo el dinero regresaba directamente a Venezuela. Parte se reinvertía en México, en pagos a operadores, compra de logística, sobornos y protección.
El resto se movía mediante esquemas complejos: efectivo fragmentado, empresas fachada, transferencias trianguladas y transporte físico encubierto.
HLL
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