Monterrey.- El director general del Periódico Vanguardia de Saltillo, Armando Castilla Galindo, fue detenido la mañana de hoy, 9 de enero de 2026, en el Aeropuerto Internacional de Monterrey. La aprehensión fue ejecutada por elementos de la Fiscalía de Nuevo León con apoyo de la Guardia Nacional.
La casa editorial coahuilense denunció la detención como un acto “ilegal” y un operativo “arbitrario”.
La detención
El periódico Vanguardia informó que la detención se produjo cerca de las 10:00 de la mañana.
Elementos de la Fiscalía de Nuevo León, con apoyo de la Guardia Nacional, detuvieron al director de esta casa editora, como parte de un procedimiento en su contra, hasta ahora desconocido”, señaló el medio.
La Fiscalía de Nuevo León habría detenido a Armando Castilla Galindo por supuestamente no haberse presentado a una orden de notificación del Ministerio Público.
Acusan persecución desde Coahuila
Desde hace más de un año, el periódico Vanguardia ha acusado ser víctima de persecución por parte de autoridades del Poder Judicial de Coahuila. La persecución se centra en un caso contra Castilla Galindo por un supuesto crédito.
De acuerdo con el diario, se pactó una línea de crédito que nunca se utilizó. Sin embargo, el acreedor actualmente denuncia un adeudo.
El medio ha criticado la celeridad que la autoridad ha dado al caso. La detención de Armando Castilla Galindo en Nuevo León, fuera de su ciudad de residencia (Saltillo), es señalada como una acción premeditada.
Se trata de una acción orquestada, pues la aprehensión ocurre en la ciudad de Monterrey y no en Saltillo, donde el director es residente, lo que refleja la vigilancia constante que mantiene el poder ante el director”, afirmó Vanguardia.
Se pronuncia la SIP
La Sociedad Interamericana de Prensa, a través de redes sociales, publicó su postura sobre la detención de Armando Castilla Galindo.
El comunicado de Grupo Editorial Vanguardia
La detención de Armando Castilla se trata de un acto desproporcionado, injustificado y profundamente preocupante, que exhibe un uso indebido del aparato de procuración de justicia
Desde Vanguardia MX condenamos enérgicamente la detención abusiva y arbitraria de la cual fue objeto, este viernes 9 de enero, el director General de este medio, Armando Castilla Galindo, la cual se registró en el aeropuerto de Monterrey, Nuevo León, cuando él se disponía a abordar un vuelo doméstico con fines vacacionales.
Lo sucedido no puede ni debe entenderse como un hecho aislado. Se trata de un acto desproporcionado, injustificado y profundamente preocupante, que exhibe un uso indebido del aparato de procuración de justicia y un preocupante sesgo en la aplicación de la ley.
La detención de Armando Castilla Galindo deriva, hasta donde sabemos -porque los abogados de la empresa no han logrado tener acceso a la carpeta de investigación- de una controversia de carácter mercantil, relacionada con un bien inmueble ubicado en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Este bien, propiedad de la familia Castilla Galindo, forma parte de un proceso civil en el que dicho predio está dado en garantía, pero no se encuentra embargado ni sujeto a litigio alguno.
En ese contexto, se firmó un contrato de arrendamiento para la instalación de un anuncio espectacular sobre una porción del predio, equivalente a 45 metros cuadrados. A partir de este acto —plenamente documentable y realizado en el marco de la ley— se construyó de manera artificiosa un caso penal por un supuesto fraude, cuyo único propósito es desprestigiar la imagen pública de nuestro Director General y de su familia.
Hasta ahora no se ha transparentado quién es la contraparte, ni se han ofrecido explicaciones claras que justifiquen la transformación de un conflicto mercantil en una persecución penal.
Resulta inadmisible que, por un asunto que involucra la renta de un espacio minúsculo, para la instalación un espectacular, se haya desplegado un operativo excesivo, con una fuerza desmedida, como si se tratara de la captura de un criminal de alta peligrosidad.
Todo esto ocurre en un país donde 52 personas son asesinadas diariamente, donde grupos criminales actúan sin castigo, donde existen desfalcos millonarios por parte de servidores públicos, redes delictivas y corrupción sistemática, la mayoría de las veces sin consecuencias judiciales. La desproporción es evidente y ofensiva.
Más aún, el delito que se pretende imputar no es considerado grave y no amerita prisión preventiva oficiosa según las leyes mexicanas, por lo que cualquier intento de mantenerlo privado de la libertad constituye un abuso de poder y una violación a los principios básicos del debido proceso.
Advertimos con profunda preocupación que este caso sienta un precedente alarmante: la utilización del sistema penal para dirimir disputas mercantiles y dañar la reputación de directivos de medios de comunicación y, en última instancia, silenciar a la prensa incómoda al poder.
Este tipo de prácticas no solo vulnera derechos individuales, sino que atenta contra la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y el derecho de la sociedad a estar informada.
Exigimos que las autoridades actúen con legalidad, proporcionalidad y apego irrestricto al debido proceso, y que este caso sea tratado en el ámbito que corresponde: el mercantil, no el penal.
La justicia, reiteramos, no puede ser un instrumento de presión ni de venganza a conveniencia.
Atentamente
Grupo Editorial Vanguardia
AAK
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