Ciudad de MéxicoLa iniciativa presidencial para acotar las pensiones “doradas” a 6 mil 297 exfuncionarios fue aprobada de forma unánime en el Senado de la República.

Se estima que con la reforma, la cual establece que ninguna pensión puede ser mayor al 50 por ciento del salario que percibe la Presidenta Sheinbaum, es decir unos 70 mil pesos, podría haber un ahorro de unos cinco mil millones de pesos, en un contexto donde se advierte crisis por las pensiones en México.

Por voz del senador Óscar Cantón Zetina, la bancada de Morena se preció de estar “a la altura del pueblo de México”.

Estamos convencidos que cuando se trata de defender el interés público y de fortalecer a la justicia en el uso de los recursos de la Nación, este Senado demuestra que está a la altura del pueblo de México”, planteó el tabasqueño.

Según explicó, la reforma tiene un propósito muy claro: poner orden en el sistema de jubilaciones y pensiones financiadas con recursos públicos.

“No se trata de eliminar pensiones, se trata de garantizar el derecho de las personas trabajadoras a un retiro digno. Simple y llanamente buscamos evitar que existan pensiones y jubilaciones desproporcionadas, financiadas con recursos, con dineros que pertenecen al pueblo de México. El diagnóstico que sustenta esta reforma es contundente. Existen miles de personas recibiendo pensiones estratosféricas”, afirmó.

Su compañero Saúl Monreal, dijo que se eliminaba “de tajo el sistema de privilegios” que caracterizó al régimen priista.

La Oposición parlamentaria cuestionó el hecho de que la iniciativa no abarque ni a las Fuerzas Armadas ni al Poder Judicial.

Tenemos un problema con la excepción a las Fuerzas Armadas, porque esta reforma aplica para los trabajadores paraestatales de la administración y no para los militares”, observó el senador Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano (MC).

“Nadie está poniendo en duda su trabajo heroico defendiendo a nuestra nación, pero la justificación que da la iniciativa es que sus derechos están constitucionalmente protegidos y que sus regímenes son complejos.

Colosio cuestionó: “Por qué los derechos de su seguridad social sí están protegidos y no los de los demás? El argumento utilizado para aceptar a las Fuerzas Armadas es exactamente aplicable para todos los demás trabajadores del Estado. Sus derechos también están protegidos en la Constitución. Sus regímenes también son complejos. Si la razón vale para unos, ¿por qué no se hace valer para todos? Como lo dije en la comisión: o todos coludos o todos rabones“.

El senador panista Francisco Ramírez Acuña afirmó que el abuso que entrañan las pensiones doradas no sólo debía desaparecer, sino que debía abarcar a todos los beneficiarios.

Este tipo de abusos no sólo debe de alcanzar a quienes va dirigido, sino a todos los organismos públicos e instituciones autónomas como las Fuerzas Armadas, las universidades públicas y otras entidades gubernamentales cuyos mandos aprovecharon estas condiciones para otorgarse discrecionalmente beneficios indebidos”, propuso.

Por el PRI, la senadora Carolina Viggiano cuestionó también lo siguiente: “¿Por qué no están aquí los Ministros de la Corte? ¿Por qué no están aquí la administración centralizada? ¿Por qué no están aquí los sindicatos? ¿Por qué? Porque hay un cálculo electoral y político”, sostuvo, recordando que en el pasado la Corte pagó clases de yoga y cocina con recursos públicos.

La lideresa tricolor hizo notar que con la reforma no se afectaban las pensiones de los ex Ministros Olga Sánchez Cordero y Arturo Saldívar que hoy reciben además un sueldo como diputada federal y como funcionario del Gobierno federal.

Exhiben pensiones de exfuncionarios de hasta un millón de pesos

En México se revelaron pensiones de exservidores públicos que llegan al millón de pesos cada mes. Existe una propuesta para recortar estos beneficios de la alta burocracia bajo criterios de austeridad en el gasto público.

La iniciativa legislativa pretende ajustar los pagos elevados para liberar recursos presupuestales. Sin embargo, el proyecto no contempla reducciones para los antiguos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La difusión de los montos que perciben algunos exfuncionarios por concepto de jubilación generó el impulso de cambios normativos. Se identificaron casos donde las percepciones mensuales igualan o superan el millón de pesos en el país.

El objetivo central de la reforma es alinear las pensiones de los antiguos altos mandos con los principios de ahorro gubernamental. Se busca que los beneficios de retiro no representen una carga desproporcionada para el erario nacional.

Los promotores de esta medida sostienen que el presupuesto ahorrado podría destinarse a fortalecer diversos programas sociales. No obstante, la propuesta ha delimitado claramente el alcance de las modificaciones presupuestales.

Los exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quedarían fuera de estos ajustes previstos. Esta decisión se fundamenta en el respeto a la autonomía y los regímenes especiales que rigen al Poder Judicial.

La revisión de los contratos y convenios de retiro de la alta burocracia es parte de un plan de fiscalización más amplio. Se analiza la legalidad de los complementos pensionarios que inflan los pagos recibidos por los beneficiarios.

El debate legislativo continuará para determinar los mecanismos de implementación de estos recortes en otras dependencias. Por ahora, el sector judicial mantiene sus condiciones actuales de jubilación sin cambios proyectados en la iniciativa.

AAK

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