Colima.- La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este viernes que los fondos que se pretenden captar con el Plan B electoral se destinarían directamente a los estados y municipios, descartando que el recurso sea absorbido por la Federación.
La Mandataria detalló que el enfoque de su iniciativa es combatir los privilegios en algunas entidades. Señaló casos como Baja California, donde los diputados son quienes más ganan, o Monterrey, donde se registra el mayor número de regidores del País.
“La propuesta, el Plan B tiene que ver con disminuir privilegios, particularmente en los Congresos estatales, en el Senado de la República y en la cantidad de regidores por municipio. Y ese recurso, la propuesta es que se quede en el municipio y se quede en el estado no que se lo lleve la Federación.
“Que se quede ahí. Pero no para pagar regidores, asesores de los regidores, beneficios y bonos para los regidores. Sino para la obra pública del Municipio, para tapar baches, para agua potable, para drenaje, igual que en el estado”.
Destacó que Baja California gasta 38 millones de pesos al año por diputado local. Mientras Colima destina 5 millones de pesos al año por diputado local.
“Estoy de acuerdo que el Municipio de San Quintín, uno de los más pobres del País, que está en Baja California, estará de acuerdo en decir que ese recurso mejor se vaya para darle agua potable o para pavimentar las calles de San Quintín. Y no para unos cuantos legisladores, que además no lo necesitan. Pueden tener salarios dignos y justos, pero que el presupuesto se vaya a la gente”, manifestó la Presidenta Sheinbaum durante su conferencia mañanera.
Advierten que plan B de reforma electoral mantiene intención de Morena de perpetuarse en el poder
Un grupo de más de veinte juristas, académicos y exautoridades electorales, convocados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, advirtieron que el “Plan B” de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum busca la concentración de poder y la permanencia de Morena en el gobierno. Durante un seminario especializado, especialistas como Diego Valadés calificaron la iniciativa como un “retroceso democrático”. Señalando que la retórica oficialista debilita el sistema de partidos y limita las opciones reales de competencia política en México.
Entre los puntos de mayor controversia técnica destaca la intención de definir por ley federal la integración de los ayuntamientos, una facultad que, según el investigador Javier Martín Reyes, corresponde exclusivamente al ámbito estatal y vulnera el pacto federal. Asimismo, los expertos señalaron que el plan pretende modificar la lógica de las consultas populares en contravención con el artículo 35 constitucional, el cual prohíbe someter temas electorales a este tipo de ejercicios. Otro foco de alarma es la propuesta de convertir las juntas distritales y locales del INE en estructuras temporales, lo que representaría un golpe operativo directo a la organización profesional de las elecciones.
Desde la perspectiva económica, el exconsejero presidente del INE, Leonardo Valdés, cuestionó la justificación de la reforma, indicando que el ahorro proyectado de 4 mil millones de pesos es ínfimo en comparación con el costo institucional y la incertidumbre que genera para la democracia. Los ponentes coincidieron en que la narrativa de austeridad se utiliza como una simulación para acaparar espacios de representación y desmantelar instituciones autónomas. El caso, publicado en el portal AM, reaviva el debate nacional sobre los límites de las reformas legales frente a los principios establecidos en la Constitución General de la República.
AM
Acompáñanos en un recorrido por la historia de León. Recibe en tu correo relatos sobre personajes, barrios, tradiciones y momentos clave, que celebran la identidad leonesa, en el marco de los 450 años de nuestra ciudad.
