Washington.- El Gobierno de Estados Unidos acusa al Gobernador Rubén Rocha Moya (Morena) de haberse reunido en junio de 2021 con Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López para garantizar el apoyo del Cártel de Sinaloa para su elección. Dicho apoyo incluyó la intimidación a otros candidatos y el robo de boletas electorales.
A Enrique Díaz Vega, ex Secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa en la gestión de Rocha, se le acusa de haber entregado en junio de 2021 a “Los Chapitos” nombres y direcciones de los rivales de Rocha Moya para la gubernatura, para poder intimidarlos.
También se acusa a Rocha de haber asistido a múltiples reuniones con narcotraficantes, antes y después de su elección como Gobernador, y de permitir a “Los Chapitos” operar con impunidad. Se afirma que el grupo criminal instruyó a su gente para robarse boletas en la elección de 2021.
Además de Rocha, fueron acusados el Senador Enrique Inzunza; el ex Secretario de Administración y Finanzas estatal, Enrique Díaz Vega; Dámaso Castro Saavedra, subprocurador de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés, ex jefe de la Policía de Investigación de Sinaloa, y su sucesor, Alfredo Jorge Contreras Núñez.
También están en la acusación Gerardo Mérida Sánchez, ex Secretario de Seguridad Pública; José Antonio Dionisio Hipólito, ex subdirector de la Policía Estatal adscrita a la SSP; Juan de Dios Gámez, Alcalde de Culiacán; y Juan Valenzuela Millán, ex comandante de la Policía Municipal de Culiacán.
A Millán se le acusa de haber secuestrado en octubre de 2023 a Alexander Meza León, informante de la DEA, y algunos de sus familiares, quienes fueron torturados y asesinados por “Los Chapitos”, incluido un niño de 13 años. Millán cobraba 41 mil dólares mensuales al Cártel, según la acusación.
Al senador Inzunza se le acusa de haber asistido con Rocha a una reunión posterior a la elección de 2021, en la que estuvieron “Los Chapitos” protegidos por sus sicarios. Ahí se acordó entregar al Cártel el control sobre la Policía Estatal, adscrita a la SSP.
A Mérida Sánchez se le acusa de cobrar 100 mil dólares mensuales en 2023 y 2024 por dejar trabajar al Cártel. El Alcalde Gámez solo cobraba 10 mil dólares mensuales.
El documento contiene fotografías de las listas para sobornos entregadas por los jefes de plaza. Son pagos mensuales de entre 30 mil y 300 mil pesos a los elementos de la Fiscalía, la SSP estatal y la Policía de Culiacán. Los nombres en las listas fueron redactados de la versión publicada hoy por la Corte.
Se detalla que varios de los policías involucrados ya cobraban al Cártel por lo menos desde 2017.
La acusación contra Rocha y otros funcionarios de Sinaloa fue presentada hasta hoy como una actualización del expediente 1:23-cr-00180 de la Corte para el Distrito Sur de Nueva York, caso que lleva la Jueza Katherine Pollock. La acusación contra los funcionarios de Sinaloa es la novena ampliación del indictment original.
Dicha acusación fue presentada el 4 de abril de 2023 contra Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, así como otras 24 personas, acusadas de organización criminal continua, lavado de dinero, tráfico de fentanilo y otras drogas, uso de armas, entre otros. Otros acusados relevantes son Oscar Noé Medina González “El Panu” y Néstor Isidro Pérez Salas “El Nini”. La lista incluyó a cuatro personas de origen chino.
De académico a Gobernador
La carrera de Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa, transitó durante décadas por la academia, la política institucional y la izquierda partidista.
Hoy, esa trayectoria está marcada por dos ejes que lo persiguen: los señalamientos de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, incluida su mención en una carta atribuida a Ismael “El Mayo” Zambada, y una acusación formal en Estados Unidos que lo coloca como parte de una presunta red de protección al narcotráfico.
Originario de Badiraguato, territorio emblemático del narcotráfico, Rocha construyó su perfil en la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde fue Rector en los años noventa del siglo 20.
Su formación académica y su paso por la Universidad lo posicionaron como operador político con influencia en estructuras locales.
Inició en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero migró hacia la izquierda hasta consolidarse en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fuerza política con la que ganó la Gubernatura en 2021.
Su llegada al poder coincidió con una de las etapas más complejas del Cártel de Sinaloa: la fractura entre “Los Chapitos” y “Los Mayos”, dos bloques que disputan control territorial, rutas y estructuras financieras.
En ese contexto, la figura del Gobernador quedó bajo escrutinio constante, y uno de los episodios que detonó mayor presión fue la difusión de una carta atribuida a Ismael “El Mayo” Zambada, en la que el capo hacía referencia a encuentros con actores políticos y mencionaba a Rocha Moya en el contexto de reuniones previas.
Aunque el documento no fue validado oficialmente, su circulación pública colocó al Mandatario bajo sospecha directa, y aunque Rocha negó cualquier vínculo o encuentro, el señalamiento se convirtió en un antecedente permanente en su administración.
Ese contexto escaló el 29 de abril de 2026, cuando la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hizo pública una acusación formal contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios de alto nivel en Sinaloa, en activo y retirados, por presuntamente conspirar con el Cártel de Sinaloa para traficar drogas hacia Estados Unidos.
El Fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la DEA, Terrance Cole, afirmaron que los acusados presuntamente conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
La acusación incluye a figuras clave del aparato estatal: el senador Enrique Inzunza Cázarez; el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez; mandos de seguridad, fiscales y ex funcionarios.
Todos son señalados de integrar una estructura que habría facilitado el tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina.
“El Cártel de Sinaloa no operaría con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo”, advirtió Clayton.
En tanto, la DEA sostuvo que los implicados utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del cártel, facilitando el ingreso de drogas letales a Estados Unidos.
Según el documento judicial, Rocha Moya habría sido beneficiado electoralmente por la facción de “Los Chapitos”, que intervino mediante intimidación y secuestro de adversarios políticos para favorecer su triunfo en 2021.
A cambio, el Gobernador habría sostenido reuniones con integrantes del grupo criminal y ofrecido protección institucional para sus operaciones.
La acusación detalla que los implicados habrían protegido a líderes del cártel de investigaciones y detenciones, filtrado información sensible de fuerzas de seguridad y ordenado a corporaciones locales resguardar cargamentos de droga en tránsito hacia Estados Unidos.
También señala que permitieron actos de violencia sin consecuencias y recibieron millones de dólares en sobornos.
El caso incluye acusaciones adicionales contra Juan Valenzuela Millán, ex mando de la Policía Municipal de Culiacán, por su presunta participación en secuestros de una fuente de la DEA y un familiar, que derivaron en su asesinato.
Las imputaciones contemplan delitos de tráfico de drogas, conspiración, posesión de armas de uso exclusivo, incluidas ametralladoras, y secuestro, y las penas van desde un mínimo de 40 años de cárcel hasta cadena perpetua.
En paralelo, el documento describe cómo mandos estatales habrían recibido pagos periódicos del crimen organizado. Por ejemplo, el subprocurador Dámaso Castro Zaavedra habría recibido pagos mensuales para alertar sobre operativos y evitar detenciones, según la acusación.
Para Rocha, la gravedad del señalamiento no sólo radica en la acusación judicial, sino en su coincidencia con antecedentes como la carta atribuida a “El Mayo” Zambada.
Ambos elementos, uno mediático y otro legal, construyen una narrativa de presunta cercanía con estructuras criminales que hoy define su momento político.
El Gobernador mantiene la presunción de inocencia y hasta ahora ha rechazado cualquier vínculo con el narcotráfico.
AAK