Ciudad de México.- El Fiscal de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Guillermo Arturo Zuany Portillo, presentó su renuncia al cargo tras el inicio de un procedimiento administrativo en su contra por una posible omisión en el caso del narcolaboratorio desmantelado con ayuda de agentes de Estados Unidos.

La indagatoria se abrió luego de la actualización de información presentada por la titular de la Unidad Especializada para la Investigación de estos hechos, Wendy Paola Chávez, quien reportó inconsistencias en la actuación del área responsable.

De acuerdo con la Fiscalía, el procedimiento busca determinar si existieron fallas en la operación estratégica o en el seguimiento del caso, considerado de alto impacto por la magnitud del laboratorio clandestino asegurado.

Esta tarde, la Fiscalía General de la República informó que indaga a autoridades de Chihuahua por presuntamente haber invadido la competencia federal, al perseguir delitos de delincuencia organizada y celebrar tratos con otro país, en el caso del narcolaboratorio descubierto el mes pasado con el apoyo de agentes de la CIA.

FGR investiga a autoridades de Chihuahua por invasión de competencias

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación formal contra la Fiscalía General del Estado de Chihuahua por presuntamente haber invadido la competencia federal al perseguir delitos de delincuencia organizada y establecer acuerdos directos con agencias extranjeras.

La dependencia federal subrayó que, según la Ley General de Salud y la Constitución, solo la Federación tiene la facultad exclusiva de investigar laboratorios clandestinos y conducir la política exterior. Por ello, se indaga si el gobierno estatal violó el diseño constitucional al permitir que agentes de la CIA participaran en el operativo realizado los días 17 y 18 de abril, incurriendo en posibles delitos de seguridad nacional.

Hasta el momento, la FGR ha integrado dos carpetas de investigación: una enfocada en los servidores públicos que autorizaron la intervención extranjera y otra contra los propietarios del laboratorio.

La autoridad federal denunció graves anomalías procesales, acusando a la Fiscalía de Chihuahua de no entregar la cadena de custodia ni las sustancias incautadas de manera legal.

Según el reporte, cuando los peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) arribaron al sitio, no recibieron formalmente el inmueble ni los indicios, lo que obligó a decretar un aseguramiento extraordinario para registrar las irregularidades encontradas en el predio ubicado en el municipio de Morelos.

Nuevos datos de prueba incorporados a la indagatoria confirman que los agentes estadounidenses, quienes fallecieron posteriormente en un accidente, mantuvieron una presencia informal en las instalaciones de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas de Chihuahua en al menos dos ocasiones previas al operativo.

Wendy Chávez Villanueva, titular de la unidad especializada, ratificó que existen registros de los extranjeros horas antes de la salida del convoy oficial.

Ante esta situación, la FGR ha interrogado ya a 40 de los 47 funcionarios locales citados, buscando deslindar responsabilidades sobre quién permitió la operatividad de agentes de inteligencia de otro país en territorio nacional sin el consentimiento del Gobierno de la República.

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