Sonora.- Blanca Diva Ponce Caro renunció a su plaza en el Poder Judicial de Sonora y fue relevada como secretaria seccional de Morena en el municipio de Cajeme, tras informarse que, siendo jueza recién electa, ocupaba un cargo partidista.
“El Comité Ejecutivo Estatal de Morena Sonora hace del conocimiento público que la C. Blanca Diva Ponce Caro fue relevada de sus funciones como secretaria de la sección 89 de Ciudad Obregón, Sonora, al contar con una responsabilidad administrativa que impide desempeñar funciones dentro de partidos políticos”, se informó en un comunicado.
Ponce Caro, jueza penal del Circuito 2, participó el sábado pasado en un acto encabezado por el dirigente estatal de Morena, David Mendoza, en el que se tomó protesta a 246 presidentes y secretarios de los grupos seccionales.
La dan de baja del padrón de militantes
Durante el evento también se instaló el Consejo Municipal de Morena en Cajeme, del cual formaba parte la juzgadora.
El Comité Estatal explicó que el cargo que ocupaba Ponce Caro no era remunerado ni de alta responsabilidad en el partido y que, por normativa interna, también se le dará de baja del padrón de militantes.
“Los comités seccionales son espacios de organización, formación y trabajo territorial en cada municipio. Si bien no se trata de cargos remunerados ni de alta responsabilidad partidista, en apego a nuestros principios y normativa interna se procederá a dar de baja a dicha persona del padrón de militantes ante el órgano electoral correspondiente”, expuso.
La dirigencia anunció que Georgina López Zepeda, tercer lugar en el proceso de elección, ocupará la secretaría de la sección 899.
Y renuncia al Poder Judicial
En un oficio al Órgano de Administración del Poder Judicial del estado, Ponce Caro informó de su decisión de separarse de forma definitiva e irrevocable de su cargo de jueza oral penal a partir del 24 de mayo del año en curso.
“Esta decisión tiene como propósito evitar interpretaciones o señalamientos derivados de mi participación reciente en actividades partidistas y actuar con plena responsabilidad pública. Lo hago con la firme convicción de que las instituciones deben estar siempre por encima de las personas y con el único fin de coadyuvar al fortalecimiento democrático de mi comunidad, un objetivo en el que creo profundamente y desde el cual deseo seguir aportando como ciudadana”, expuso.
En julio de 2025, el Consejo Nacional de Morena, cuyo presidente es el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, aprobó los lineamientos de operación de los comités, en los que se especificó que entre sus funciones está promover las acciones y actividades del partido, llamar al voto y difundir el periódico Regeneración.
En el arranque de la instalación de los comités, la exdirigente nacional del partido, Luisa Alcalde, informó que después de elegir a los presidentes y secretarios ejecutivos, estos se encargarían de organizar a las bases y posteriormente deberían reunirse en el Consejo Municipal para rendir un informe.
No obstante, tras la reforma al Poder Judicial del oficialismo, quedó establecido en la Constitución que los estados deben garantizar, mediante sus leyes orgánicas o constituciones, la independencia de los magistrados y jueces.
Lo prohíbe la Constitución estatal
En ese sentido, la Constitución del estado prohíbe a los jueces aceptar cargos en el Gobierno, en municipios o en instancias particulares.
Durante su campaña en mayo de 2025, Ponce Caro aseguró que transformaría el Poder Judicial para castigar los delitos con “todo el peso de la ley”.
En junio de ese mismo año recibió la constancia que la acredita como jueza penal del Circuito 2.
Recientemente, el INE le impuso una sanción económica por entregar tarde y con errores de forma la documentación para fiscalizar sus gastos de campaña.
México ignora plazo de la CIDH
El Estado mexicano incumplió el plazo extraordinario otorgado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para responder a la demanda presentada por 14 jueces y magistrados cesados a raíz de la reforma judicial.
De acuerdo con el Cyrus R. Vance Center for International Justice, organización que promovió el recurso en representación de los afectados, el Gobierno de México tenía como fecha límite el pasado 15 de mayo para presentar sus observaciones preliminares.
La magistrada en retiro María Emilia Molina, una de las firmantes del recurso, consideró que la falta de respuesta va más allá de una simple omisión administrativa, pues representa una postura política clara de rechazo al escrutinio internacional.
“Un Estado que desmontó las garantías de independencia judicial, que reconoció públicamente ante la propia Comisión haber impulsado una reforma sin diagnóstico previo y que ahora guarda silencio frente al escrutinio internacional transmite un mensaje inequívoco: la ausencia de voluntad para rendir cuentas sobre una de las regresiones institucionales y democráticas más graves en la historia reciente del país”, indicó la magistrada afectada por las medidas de la CIDH.
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