Ciudad de México.- Dos empresas en las que han participado como socios y operadores dos sujetos señalados por la FGR como integrantes de una red de tráfico de armas, se encargan de vigilar los puntos de inspección y salas de espera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), revela una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Dos empresas en las que han participado como socios y operadores dos sujetos señalados por la FGR como integrantes de una red de tráfico de armas, se encargan de vigilar los puntos de inspección y salas de espera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), revela una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Los contratos para la seguridad en las Terminales 1 y 2 fueron asignados por la Marina por un monto superior a los mil 194 millones de pesos.
Uno de los contratos fue para SERPROSEP que, de acuerdo con actas mercantiles en poder de MCCI, ha tenido como accionistas a Jorge Enrique Alberts Ponce, alias “Yoryi”, y a Sandalio Alfonso Sainz de la Maza Zúñiga, señalados por la FGR como miembros de la organización criminal encabezada por Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo.
Por este caso, Alberts Ponce incluso cuenta con una orden de aprehensión en su contra por el delito de delincuencia organizada en su modalidad de tráfico de armas e hidrocarburos.
Se les acusa de colaborar para el Cártel del Golfo, según la acusación penal de la FGR.
La otra de las compañías beneficiadas con contratos para resguardar el AICM es Armour King, donde Alberts Ponce es apoderado y Sainz de la Maza Zúñiga aparece desde su constitución como comisario, además de que comparte a otros funcionarios con SERPROSEP.
El sábado 6 de junio, la Marina fue consultada sobre los contratos y dijo que “de ser el caso, se dará vista a los órganos fiscalizadores”, y aclaró que esperarían “una determinación firme por parte de una autoridad jurisdiccional” en esta zona de CDMX.
Empresarios y presuntos traficantes
De la causa penal que la Fiscalía General de la República sigue contra esta red de tráfico de armas y huachicol, se desprende que Jorge Enrique Alberts Ponce y Sandalio Alfonso Sainz de la Maza Zúñiga operaban el contrabando de armamento por medio de empresas de seguridad privada que administraban.
Para ello –siempre según el expediente de la FGR–, mantenían comunicación con integrantes de organizaciones criminales, como se detalla en llamadas intervenidas que se encuentran en el expediente.
El grupo, encabezado por Alberts Ponce y por Jacobo Reyes León, alias “Yaicob”, surtía de armas rematriculadas a cárteles de la droga; según el expediente de la FGR, recibían el armamento con licencias de portación a nombre de Comercializadora de Bienes Segurimex, Servicios Terrestres de Seguridad Privada (SETER) y Servicios Especializados de Investigación y Custodia (SEICSA), compañías controladas por Alberts Ponce. De esta forma, los criminales evitaban ser detenidos en flagrancia por fuerzas del orden.
Alberts Ponce habría realizado estas actividades delictivas en coordinación con personas bajo su mando directo, entre ellas Sandalio Sainz, quien ha sido su socio en SERPROSEP y con quien participa también en Armour King, ambas encargadas de vigilar las instalaciones del AICM.
“De la misma intervención de comunicaciones del número telefónico de Jorge Alberts Ponce, se advierte el cómo dirige su actividad criminal, el tráfico y venta de armas de fuego… Jacobo es el encargado de ver todo en Tamaulipas en donde están armando a la persona con alias el CAPE o CAFEX, quien es un líder del Cártel del Golfo, aunado a que también apoyan a gente de Tijuana para que les hagan entrega de las armas de fuego”, se lee en el expediente.
En distintas partes de la causa penal se hace referencia a múltiples comunicaciones donde los involucrados, entre ellos Alberts Ponce, alias “Yoryi”, hablan de la venta y renta de armas como revólveres y escopetas, operaciones en las que participa Sainz de la Maza Zúñiga, y del tráfico de licencias de portación de las mismas, que conseguían gracias a la colusión de miembros del Ejército.
Alberts Ponce, cuyas empresas ahora se encargan de vigilar las instalaciones del AICM, también incursionó en el tráfico de huachicol. Esto quedó de manifiesto en diversas conversaciones telefónicas interceptadas por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en las cuales se advierte que el empresario participa en la importación de hidrocarburos que la red ingresaba al país ilegalmente desde Guatemala.
En septiembre de 2025, Alberts Ponce presentó una demanda de amparo contra el aseguramiento de un inmueble ubicado en Querétaro. Dicho aseguramiento, de acuerdo con el expediente de la propia demanda, se dio como parte de las acciones de la FGR en la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEITATA-QRO/0000082/2025.
Medios locales de Querétaro reportaron que el predio se encontraba en la localidad de El Ahorcado, en el municipio de Pedro Escobedo, donde la FGR incautó seis carro tanques con hidrocarburo de procedencia ilícita.MCCI reveló en noviembre de 2025 que, a través de su empresa Acurgen, Alberts Ponce había participado en los fraudes de Segalmex y la Estafa Maestra. En 2019, el empresario se asoció con Gregorio Adrián Zamora Flores y Ricardo José Lambretón López Ostolaza –empresarios que también participaron en el fraude de Segalmex– en Grupo Aura, compañía que desarrolla varios complejos de lujo en Yucatán.
LA POSTURA DE LA MARINA
MCCI contactó el 5 de junio a la Secretaría de Marina –que opera y administra el AICM– y se le hizo llegar un cuestionario donde se le preguntó si la dependencia tenía conocimiento de que Jorge Enrique Alberts Ponce y Sandalio Alfonso Sainz de la Maza Zúñiga son señalados por la FGR como presuntos operadores de una red de tráfico de armas.
MCCI también preguntó a la Marina si desconocía que Alberts Ponce cuenta con una orden de aprehensión en su contra y si no considera que existen riesgos en que compañías vinculadas a presuntos traficantes de armas tengan a su cargo la seguridad aeroportuaria.
El sábado 6 de junio, la Marina, a través de la Dirección General del Grupo Aeroportuario, contestó que “de ser el caso, se dará vista a los órganos fiscalizadores con los señalamientos que hoy se conocen a efecto de que, en el ámbito de sus atribuciones se realicen las investigaciones respectivas y determinen lo conducente”.
La dependencia también dijo que “hasta no contar con una determinación firme por parte de una autoridad jurisdiccional, no se puede presumir un riesgo al cumplimiento de los derechos y obligaciones que adquirieron las partes al momento de formalizar los instrumentos jurídicos respectivos”.
Sobre la postura de la Secretaría de Marina y el Grupo Aeroportuario, difundida en redes sociales, puntualizamos lo siguiente:
- Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad cuenta con copia de la asamblea de SERPROSEP SA de CV celebrada el 10 de septiembre de 2024 e inscrita el 18 de septiembre de ese mismo año en el Registro Público del Comercio, donde únicamente se registró la baja de Sandalio Alfonso Sainz de la Maza Zúñiga como administrador único de la empresa. No hay registros posteriores, en actas públicas disponibles, que den cuenta de la salida de Jorge Enrique Alberts Ponce y Sandalio Alfonso Sainz de la Maza Zúñiga como accionistas de la compañía.
- En todo caso, como se mencionó en el reportaje, la Secretaría de Marina ha contratado a SERPROSEP para vigilar las instalaciones del aeropuerto desde octubre de 2023, cuando le otorgó el contrato 130-023-AICM-1S por 154 millones de pesos para otorgar el servicio de seguridad en estacionamientos, áreas públicas y el polígono 2 del AICM.
- En el caso de ARMOUR KING SA de CV, de la cual alegan no haber localizado referencias de dichas personas como socios o funcionarios de la compañía, se les informa que, como documentamos en nuestra investigación, ambas aparecen en las actas disponibles en el Registro Público del Comercio. En el caso de Sandalio Sainz de la Maza Zúñiga, fue designado como comisario (en el órgano de vigilancia) desde la constitución de la sociedad, el 23 de mayo de 2019, como quedó asentado en el acta identificada con el número 1413, inscrita el 1 de octubre del mismo año. Mientras que Jorge Enrique Alberts Ponce fue nombrado como apoderado en la asamblea celebrada el 15 de diciembre de 2021, e inscrita el 8 de febrero de 2022, como se desprende del instrumento identificado con el número 106768. Asimismo, no hay actas públicas disponibles donde se haya registrado la salida de ambos de dichos cargos.
*Investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
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