Ciudad de México.- La Oposición exigió ayer que la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas del proceso electoral federal y local de 2027 no se utilice con tintes políticos para atacar o “inventar” delitos a los adversarios.
El Consejo General del INE aprobó que dicho órgano esté presidido por Arturo Chávez, quien asumió como consejero en abril pasado y es cercano a la Presidenta Claudia Sheinbaum, e integrado por Norma de la Cruz e Uuc-Kib Espadas.
La decisión provocó molestia entre otros consejeros, quienes criticaron que el órgano nazca sin lineamientos claros sobre sus facultades y operación.
Dicha Comisión funcionará como intermediaria entre los partidos y el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Estas instancias reportarán si algún aspirante representa un “riesgo razonable” por posibles vínculos con la delincuencia o si es investigado por algún ilícito.
Aunque la Oposición coincidió en que existe consenso para frenar la injerencia del crimen en las elecciones, exigió actuar con pruebas y no por sospechas.
“El riesgo razonable no puede convertirse en un concepto indeterminado que permita excluir candidaturas con base en sospechas, percepciones o investigaciones inconclusas”, afirmó el representante de Somos México, Roberto Cardiel.
“Combatir la infiltración criminal es una obligación del Estado, pero combatirla nunca debe significar debilitar las garantías del Estado de derecho. Cuando la justicia deja de ser imparcial en lo electoral y comienza a ser selectiva, deja de ser justicia y se convierte en un instrumento del poder”.
Su homólogo del PAN, Víctor Hugo Sondón, coincidió en que la integridad de las candidaturas no puede quedar sujeta a interpretaciones discrecionales ni a decisiones que generen incertidumbre jurídica para los aspirantes.
Exigió además que la Comisión tampoco sea un instrumento para “legitimar” perfiles que tengan señalamientos públicos graves o investigaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado o actos de corrupción.
“La discusión es si estamos dispuestos a sacrificar principios como la presunción de inocencia, el debido proceso y la distribución constitucional de competencias para crear un mecanismo que, además de ineficaz, puede prestarse a la discrecionalidad y al uso político”, advirtió el representante de MC, Juan Manuel Ramírez.
REPROCHES
El consejero Martín Faz advirtió que los vacíos legales dejados por el Congreso para la operación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas colocan al INE en una posición “delicada”, pues el organismo no tendrá conocimiento ni opinará sobre los reportes que entreguen las autoridades.
Alertó que si la autoridad determina que no hay riesgo y posteriormente resulta que el candidato sí tiene nexos con el crimen, la responsabilidad y las culpas recaerán sobre el Instituto.
“Una advertencia de esta naturaleza, aun cuando formalmente no determine la elegibilidad ni la procedencia de un registro, puede incidir en la decisión de un partido político, afectar la reputación de una persona y limitar materialmente su posibilidad de ser postulada”, aseguró Faz.
En el mismo sentido, la consejera Carla Humphrey reprochó la integración de la Comisión al revelar que, pese a haber solicitado formar parte por su trayectoria en fiscalización, se eligieron perfiles inexpertos en la materia.
Cuestionada previamente sobre si existe un conflicto de interés al dejar a Chávez al frente del órgano, sostuvo que cualquier integrante en esa condición deberá excusarse.
Por su parte, el consejero Chávez prometió actuar conforme a la ley y sostuvo que el órgano tendrá un carácter estrictamente técnico e informativo.
HLL
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