Ciudad de México.- Diputados del PAN demandaron a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inhabilitar a la exdirectora de Compras de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Araceli Hernández Perea, luego de darse a conocer que cuenta con empresas y una mansión de 15 millones de pesos en San Antonio, Texas.

El vocero de la bancada, Federico Döring, afirmó que, en un país con Estado de derecho, la residencia de la exdirectora de Compras de la ANAM ya habría sido confiscada por su presunto origen mal habido.

El legislador afirmó que el Gobierno federal sabe perfectamente de los actos de corrupción de los funcionarios de Aduanas vinculados con el huachicol fiscal.

Döring expuso que la mansión en Texas de Hernández Perea es solo una muestra de que la industria delictiva del huachicol está en manos del “cártel de Morena” y que esta goza de total impunidad.

“El Gobierno de Claudia Sheinbaum a través de la UIF sabe perfectamente cuánto se robaron los funcionarios del área de aduanas que colaboraron con el huachicol fiscal. Esta nueva mansión en Texas de la ex funcionaria vinculada a la mafia rumana comprueba la industria delictiva del huachicol en manos del cártel de Morena, pero goza de total impunidad, para ese dinero robado y sacado ilegalmente del País no existe Fiscalía ni UIF ni justicia alguna”, consideró.

“Si hubiera Estado de derecho, esas casas ya habrían sido sujetos de acciones de extinción de dominio y confiscadas por su origen mal habido”.

Reforma publicó este martes que, con un sueldo de 60 mil pesos mensuales netos, Hernández Perea, directora de Compras de la ANAM durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se asoció en Estados Unidos con su pareja, Alejandro Arcos Romero, y ahora tienen empresas y una residencia de más de 15 millones de pesos en San Antonio, Texas.

Arcos Romero es identificado por los gobiernos de Estados Unidos y México como uno de los operadores financieros de Florian Tudor, líder de la mafia rumana en México, y ahora es un colaborador cercano en la campaña de Rafael Marín Mollinedo a la gubernatura de Quintana Roo.

El diputado local Raúl Torres dijo que la corrupción no debe pasarse por alto en un sexenio en el que la propia Presidenta ha dicho que “quien la hace, la paga”.

Torres demandó investigar no solo la mansión de Hernández Perea, sino también las casas en Estados Unidos de los funcionarios de López Obrador y del Gobierno de Sheinbaum con cargos en áreas administrativas o de control marítimo o aeroportuario.

El legislador recordó el caso de José Ramón López Beltrán, quien poseía la propiedad en renta de una empresa contratista de Pemex que recibió contratos por más de un millón de dólares.

Como directora de recursos materiales durante las gestiones de Horacio Duarte y Marín Mollinedo, exmandos de la ANAM, Hernández Perea tuvo bajo su encargo la adjudicación de contratos multimillonarios en áreas sensibles para la seguridad nacional, como los relacionados con equipos de rayos X para la inspección de contenedores, equipaje y vehículos en las aduanas del país.

El sueldo de Araceli Hernández era de 80 mil pesos brutos al mes.

Según documentos a los que tuvo acceso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en junio y noviembre de 2024, la exdirectiva de Aduanas constituyó en Texas las empresas Quiéreme Mucho Spirits LLC y Fantastic Five Builders LLC, en las que está asociada con Arcos Romero, presunto operador financiero de la organización delictiva encabezada por Tudor.

Simultáneamente, también en junio de 2024, Hernández Perea adquirió una casa por 902 mil 588 dólares —unos 15.6 millones de pesos— ubicada en The Dominion, uno de los conjuntos residenciales más lujosos y exclusivos de la ciudad de San Antonio, Texas, en los que los precios reales parten de 1.2 millones de dólares.

Aun así, para comprar esa mansión hubiera tenido que destinar 16 años de su sueldo íntegro.

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