Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Ricardo Velarde Cárdenas, quien fue secretario de Economía de Rocha Moya en Sinaloa, así como las de uno de sus socios de negocios y al menos seis empresas relacionadas con ambos.
Conocido como “El Pity”, Velarde fue subsecretario de Turismo de Sinaloa durante el Gobierno de Rubén Rocha Moya y también estuvo encargado del despacho de esa dependencia.
Posteriormente, de noviembre de 2024 a octubre de 2025, fue titular de la Secretaría de Economía estatal, cargo al que renunció luego de la desaparición de un joven originario de Durango en un bar de Mazatlán del que es copropietario.
Ricardo Velarde impugna bloqueo de la UIF
El pasado 25 de agosto, Velarde promovió un amparo para impugnar su inclusión en la lista de personas bloqueadas de la UIF.
Este lunes, el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México se declaró incompetente para conocer del caso y ordenó enviarlo a los juzgados federales de Sinaloa.
La UIF también bloqueó las cuentas del empresario inmobiliario Jorge Armando Lizárraga Angulo, quien, de acuerdo con publicaciones periodísticas, es socio de Velarde en ocho empresas de Sinaloa.
Lizárraga también promovió un amparo el 25 de agosto para cuestionar el acuerdo 326/2026 de la UIF, mediante el cual fue incluido en la lista de personas bloqueadas.
El 4 de septiembre, la Jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa ordenó al empresario realizar aclaraciones a su demanda antes de determinar si será admitida a trámite.
Empresas ligadas a Velarde también presentan amparos
Grupo Veliiz, Grupo Priben, Impulsora de Proyectos Veliz, Operadora La Movida Sí Me Gusta, El Muchacho Alegre en el Pacífico Norte y Operadora de Bares Veliz (OPV), empresas en las que Velarde y Lizárraga son socios, también promovieron amparos contra las medidas de la UIF.
Estas compañías fueron constituidas antes de que Velarde ocupara cargos en el Ayuntamiento de Mazatlán y en el Gobierno estatal, pues el exfuncionario cuenta con una trayectoria previa en los sectores restaurantero y turístico.
Grupo Veliiz es una desarrolladora inmobiliaria propietaria del proyecto Akoya Sky Living, ubicado en el malecón de Mazatlán.
El desarrollo contempla una torre de 30 niveles, de los cuales 13 estarán destinados a un hotel de 135 habitaciones y otros 17 a 75 departamentos.
Por su parte, OPV es la razón social de El Muchacho Alegre, restaurante de Mazatlán que en abril pasado fue atacado con un artefacto incendiario.
Juez niega suspender bloqueo de cuentas
Este lunes, el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa negó a OPV la suspensión provisional contra el bloqueo de sus cuentas.
“En el caso particular no es posible conceder la suspensión provisional, pues tomando en consideración que la UIFF, según la quejosa, ordenó en bloqueo de su cuenta bancaria, debe tenerse en cuenta lo que disponen los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo”, explicó el juez.
El juzgador señaló que la naturaleza de las funciones de la autoridad responsable impide conceder provisionalmente la suspensión solicitada.
“Dado que la autoridad responsable ordenadora es el organismo que tiene a su cargo la investigación de actos, operaciones o servicios que puedan favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de manera efectiva en operaciones con recursos de procedencia ilícita o conductas relacionadas que pudieran dañar al sistema financiero, este juzgado considera que no es procedente conceder la suspensión provisional, dado el mandato expreso de la Ley de Amparo”.
En el caso de El Muchacho Alegre del Pacífico Norte, el juicio de amparo fue enviado a Tijuana, ciudad donde se encuentra ubicado el restaurante del mismo nombre.
Extitular Anticorrupción recaba firmas contra Inzunza; busca que senador enfrente justicia
El 30 de agosto se publicó que Vania Pérez Morales, extitular del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), creó una petición en la plataforma Change.org, una página que impulsa el activismo social y ciudadano, para lograr que Enrique Inzunza se separe de su escaño en el Senado de la República por las acusaciones que enfrenta por parte de Estados Unidos sobre sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
La causa, se lee, es la exigencia de que el morenista se separe “inmediatamente de su cargo y se someta a las investigaciones pertinentes, sin la protección del fuero político”.
Inzunza está bajo el escrutinio de investigaciones en México y Estados Unidos, que exigen un esclarecimiento inmediato y sin interferencias políticas. El fuero que ofrece su posición como senador no debería ser un escudo para eludir la justicia, sino más bien, debería reforzar la noción de que nadie está por encima de la ley”, sostiene el escrito de seis párrafos.
La también académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) expresó que como ciudadana y en representación de los mexicanos, existe una preocupación cuando los representación de los mexicanos, existe una preocupación cuando los representantes del pueblo “parecen utilizar sus posiciones para evitar rendir cuentas”. “La representación popular no puede convertirse en un refugio frente a la justicia”, enfatizó.
HLL
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