Guanajuato.- Representantes de varias dependencias y organismos estatales coincidieron en que la iniciativa para facilitar el abordaje del transporte público para las personas con discapacidad, mediante rampas y plataformas elevadoras, implicaría mayores costos para los concesionarios y originaría aumento de las tarifas para los usuarios.
Por lo tanto, sugirieron revisar la conveniencia de aprobar esta iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios.
La iniciativa fue presentada por el PRI y propone incorporar el concepto de “abordaje autónomo” y establecer una modernización progresiva de las unidades mediante rampas, plataformas elevadoras o sistemas de arrodillamiento, de manera que las personas puedan ascender y descender con mayor autonomía.
También plantea que los programas de renovación vehicular incorporen progresivamente estas adecuaciones, que exista al menos una unidad accesible por cada ruta, que la inversión en accesibilidad pueda ser considerada en la determinación de tarifas y que se promuevan créditos y facilidades para las adecuaciones, distribuyendo obligaciones entre ayuntamientos, autoridades y concesionarios.
En esencia, busca que la accesibilidad deje de depender exclusivamente de servicios especializados y se incorpore gradualmente al transporte público ordinario. Al respecto, la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial del Congreso llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar la propuesta.
Aumento de tarifas si se considera iniciativa
La representante de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado expresó que debe considerarse la inversión que deberán hacer los concesionarios y permisionarios para colocar rampas y elevadores. También advirtió que debe considerarse el aumento de las tarifas para financiar dichos aditamentos.
También precisó que la iniciativa no debe limitar la accesibilidad únicamente a aditamentos para discapacidades motrices y que debe contemplar adecuaciones sensoriales, auditivas, visuales, de espacio público y de acompañamiento para usuarios de perros de asistencia, personas con bastones y sillas de ruedas.
La representante del Tribunal de Justicia Administrativa coincidió en que la propuesta requiere inversiones para la adaptación de unidades con tecnología y modernización del parque vehicular.
Si bien existe el principio de progresividad de los derechos, señaló que la propia ley establece que no se deben imponer cargas desproporcionadas. Por lo que sugirió el impacto financiero que podrían representar ambas medidas para los concesionarios y permisionarios del servicio público.
Los asistentes a la mesa de trabajo externaron su respaldo a la finalidad humanista de la iniciativa para fortalecer el derecho humano a la movilidad de las personas con discapacidad, pero señalaron que la propuesta debe ponderarse a la luz de su viabilidad técnica, operativa y financiera.
Lo que debe tomarse en cuenta
Advirtieron que establecer obligaciones inmediatas de adaptación sin diagnósticos contextualizados podría generar cargas desproporcionadas, toda vez que los 46 municipios de la entidad presentan marcadas disparidades en topografía, demanda de servicio, parques vehiculares y capacidades presupuestales de las administraciones y concesionarios.
Expresaron preocupación respecto a indexar los costos de inversión y mantenimiento de las unidades adaptadas directamente al cálculo del pasaje, advirtiendo el riesgo de que la inclusión termine siendo financiada por los usuarios a través de incrementos insostenibles en un servicio utilizado mayoritariamente por sectores de menores ingresos.
Recomendaron prever esquemas de financiamiento accesibles, subsidios estatales directos, incentivos fiscales y facilidades crediticias para los operadores que cumplan metas de accesibilidad, evitando presiones para elevar las tarifas y asegurando una distribución justa y transparente de las cargas económicas.
Por otra parte, cuestionaron la efectividad técnica de fijar una cuota rígida de al menos una unidad accesible por ruta, planteando que la cobertura debe planearse de forma progresiva con base en estudios de demanda, frecuencia de paso, cobertura territorial y los ciclos naturales de vida útil y renovación de la flota vehicular.
Sugirieron incorporar un régimen transitorio que obligue a las autoridades a emitir un diagnóstico integral y programas de modernización con metas, plazos e indicadores claros de supervisión permanente. Subrayaron que la accesibilidad constituye un deber amplio y continuo del Estado que debe vigilarse para evitar actos de discriminación indirecta.
Enfatizaron la obligación de realizar una consulta estrecha, previa e informada a las personas con discapacidad y a las organizaciones que las representan, a fin de diseñar mecanismos legislativos que respondan a sus necesidades reales y garantizar una movilidad con plena autonomía y dignidad.
Derechos de personas con discapacidad
El diputado Ernesto Millán Soberanes defendió el derecho de las personas con discapacidad a una movilidad pública digna, autónoma y accesible, proponiendo que la iniciativa contemple un régimen transitorio gradual con plazos viables para municipios y concesionarios, así como la consulta a prestadores del servicio sobre adecuaciones técnicas como rampas y plataformas.
Agregó que los costos de estas adaptaciones no deben trasladarse a incrementos tarifarios para la ciudadanía, al tratarse del cumplimiento de un derecho y no de una carga económica.
La legisladora Sandra Pedroza Orozco externó su coincidencia con el objetivo de la iniciativa para garantizar el derecho a la movilidad, indicando que existe viabilidad para avanzar hacia su dictaminación mediante un análisis técnico riguroso que incorpore las observaciones vertidas por las dependencias, tanto en precisiones normativas específicas como en la integración de disposiciones transitorias.
Precisó además la conveniencia de realizar los ejercicios de consulta dirigidos a las personas con discapacidad y a las empresas concesionarias del transporte público, señalando la importancia de escuchar a los sectores directamente involucrados para asegurar una implementación adecuada de la reforma.
Colapsa el transporte en municipios de Guanajuato; caen usuarios por mala calidad
El sistema de transporte público urbano en varios municipios de Guanajuato enfrenta un marcado deterioro y una constante pérdida de usuarios debido a la mala calidad del servicio, el deterioro de las unidades y los prolongados tiempos de espera en las rutas.
Nunicipios como León, Irapuato y San Francisco del Rincón registran caídas históricas en la afluencia de pasajeros, mientras que la falta de unidades operativas ha orillado a miles de ciudadanos a optar por alternativas de traslado como el uso de motocicletas particulares.
Ante los reclamos de la ciudadanía por camiones deteriorados y un trato inadecuado por parte de algunos operadores, concesionarios y autoridades locales analizan realizar estudios técnicos y diagnósticos de movilidad para reestructurar rutas o evaluar posibles ajustes tarifarios en la entidad.
AM
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