Ciudad de México.- La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha mantenido una estrecha relación con José Alfredo Hernández Casillas, uno de los proveedores de la dependencia investigado por la UIF, más allá del trato institucional con un proveedor.
Fuentes del organismo refirieron que acuden juntos a reuniones privadas, juegos de cartas y reuniones sociales.
Imágenes en poder de REFORMA muestran la cercanía en reuniones fuera del INE que ambos encabezan.
La UIF indaga desde 2023 a una red de siete empresas propiedad de Hernández Casillas que son proveedoras del INE y de institutos electorales locales.
Las empresas indagadas son Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, Seriplast, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas y Grupo Selati.
El organismo investiga simulación de competencia, triangulación de recursos y operación de factureras. Entre 2023 y 2024 congeló 400 cuentas bancarias y ahora están vigentes 70 bloqueos de 13 personas físicas y siete empresas.
A pesar de que ayer en una declaración a la prensa, Guadalupe Taddei dijo que no tenía “empresas favoritas”, se le ha visto en distintas ocasiones acompañada de José Alfredo Hernández Casillas en comidas e incluso, conforme a videos conocidos por REFORMA, el empresario estuvo en la fiesta del cumpleaños 62 de la presidenta del INE el 26 de junio de 2025.
Conforme a las fuentes, el empresario participó en la organización de la fiesta en una casona de San Miguel Chapultepec en la CDMX.
A esta celebración acudieron los hijos de la funcionaria, León Fernando y Jorge Francisco Piñeda Taddei, además de funcionarios del primer círculo de la sonorense y colaboradores del empresario.
Desde agosto de 2024, refirieron las fuentes, la relación entre Hernández Casillas y Taddei se hizo más estrecha.
En febrero de 2025, Cajas Graf y TOL Producciones, ambas de la familia Hernández Casillas, ganaron por 197 millones de pesos en una asignación directa para materiales electorales de la elección judicial.
La relación entre ambos se fortaleció y derivó en la contratación en el INE de colaboradores del empresario, entre ellos el “chofer fantasma” Jonathan Navarrete Torres, apoderado legal de Corporativo Zeg.
También fue contratado como director de Administración Jesús Octavio García, exrepresentante del mismo consorcio de material electoral, y el actual director de Recursos Materiales, Mario Burciaga.
Según las fuentes consultadas, fue la misma Taddei quien gestionó estos ingresos.
Ayer la consejera presidenta reconoció que Navarrete Torres sí estaba en la nómina y justificó que no era su “chofer”, pese a que en su declaración patrimonial y en el directorio del organismo se indicaba que su función era “transportar de manera segura y eficiente” a la sonorense, con un sueldo de 45 mil 765 pesos mensuales.
“Jamás fue mi chofer, está exactamente adjudicado a Presidencia, pero nunca ha sido ni fue ni será mi chofer porque ya no labora aquí”, afirmó Taddei.
En el mensaje a medios que ofreció ayer y en el que no aceptó preguntas, nerviosa y apresurada, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, también reconoció que su otro chofer, Luis Alberto Bustamante, está adscrito a la nómina como líder de proyecto, con un sueldo de casi 70 mil pesos.
“Es mi chofer, yo prefiero llamarle mi ‘asistente especializado’ porque me parece que esa es una de las funciones más relevantes que realiza”, señaló.
Y gasta con desaseo millonadas del INE
Miles de millones de pesos del Instituto Nacional Electoral (INE), que cada año demanda más presupuesto, han sido gastados con errores, desaseo, escándalos y opacidad en la gestión de Guadalupe Taddei, revelan auditorías aplicadas de 2024 a la fecha.
Sus decisiones administrativas no solo han puesto en duda el manejo de las finanzas del organismo, que recibe entre 15 mil millones y 25 mil millones de pesos anuales dependiendo de si hay elección o no, sino que han impactado en la organización de los procesos electorales.
Por ejemplo, en su primera elección federal, la de 2024, Taddei contrató a la empresa Bell-Krom para fabricar 25 mil 302 chalecos y chamarras por un costo de 20.9 millones de pesos.
El INE jamás comprobó que esa compañía, la tercera más cara en la licitación, tuviera la capacidad para cumplir. Esta subcontrató a ocho pequeños talleres, que en un mes solo entregaron mil 600 piezas, por lo que tuvieron que rescindirle el contrato, y 50 mil capacitadores arrancaron su recorrido por el País sin la indumentaria.
En esa misma elección, la presidenta avaló cambiar la empresa para los teléfonos con los que los capacitadores hacían su registro de funcionarios de casilla y enviaban la información para el PREP el día de la elección.
Nuevamente rescindió el contrato, este por 170 millones de pesos, porque la empresa Element Telecom no entregó 33 mil teléfonos y 16 tarjetas con datos, y terminó por recurrir a Telcel, que había rechazado inicialmente porque era seis millones de pesos más cara.
Ese año también se le cuestionó el arrendamiento de computadoras, entre ellas para el PREP y SIJE, pues decidió quitar el contrato a la empresa que daba el servicio, y su decisión provocó el riesgo de ambas herramientas clave en la elección, por el retraso de meses.
Taddei también modificó el arrendamiento de vehículos y optó por comprar una parte y rentar la otra, y lo hizo con empresas favoritas de la 4T, a quienes pagó más de 464 millones de pesos.
Tan solo en la Cuenta Pública de 2024, la Auditoría Superior de la Federación evidenció desaseo e irregularidades en la contratación de diversos proveedores por parte del INE, a quienes pagó casi mil millones de pesos por sus servicios. En muchos casos, el organismo no demostró que las empresas cumplieran con el servicio.
E incluso, dicha autoridad pidió iniciar ocho procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria contra funcionarios por su aprobación u omisión en dichas adquisiciones.
No solo estaba la Comercializadora JVLY, a la que le pagaron 63 millones por material electoral que no pudo demostrar que se entregó, también aparecía Jet Van Car Rental, a la que le pagaron 134 millones por el arrendamiento de vehículos.
En la elección de 2024, también entregó contratos a una empresa que tres meses atrás era acusada por la FGR y la UIF de lavado de dinero e incluso congeló sus cuentas por nexos con el crimen: Cajas Graf; pese a eso, le dio una adjudicación directa por 197 millones de pesos.
En 2025, en la licitación de credenciales de elector, considerada como una de las más importantes porque el contrato es superior a los mil 173 millones de pesos, las empresas que participaron denunciaron que fue un proceso a modo para que ganara Cosmocolor, en colaboración con Talleres Gráficos de México e Icards Solution.
Por ejemplo, entre sus denuncias estaba que se pedía una planta o bodega en Querétaro, y la única que cumplía ese requisito era Icards Solution.
En enero de este año, el INE decidió convertir las instalaciones del organismo en un búnker, con el argumento de posibles riesgos rumbo a la elección, por lo que invirtió 227 millones de pesos. Sin embargo, la Presidencia del Instituto se negaba a informar el gasto hasta que el OIC le ordenó hacerlo público.
La empresa contratada fue AMPS, que afirman es de Marco Antonio Novella, exdirector de Desarrollo Penitenciario de la Secretaría de Seguridad con Genaro García Luna.
A finales del año pasado, se contrató a Gilberto Solís Mendívil para producir un video documental o miniserie sobre la elección judicial. El pago sería de un millón 57 mil pesos y la fecha de entrega sería el 31 de diciembre.
Sin embargo, se consultó a Comunicación Social si dicha producción se realizó, pero no respondió.
Cambia a 4 administradores
Pese a que la presidenta del INE ha colocado en la Dirección de Administración a sus asesores y recomendados, estos han renunciado por presiones y en medio de cuestionamientos por el manejo de los recursos.
El primero fue Ignacio Ruelas, quien había sido vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Aguascalientes. Sin embargo, duró tres meses, pues acusó que le pidieron hacer cosas indebidas.
Taddei nombró entonces a su asesora Claudia Suárez, a quien quitó meses después para colocarla como encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva.
La relevó otra asesora de la sonorense, Amaranta Arroyo Ortiz, quien firmó la mayoría de contratos cuestionados en la elección de 2024.
Taddei la cambió por Jesús Octavio García González, quien salió ante las críticas por haber representado a Cajas Graf y Corporativo Zeg.
En su lugar colocó a Eduardo Meza, exsubdirector de Procedimientos de Remoción de Consejeros de OPLES del Instituto, inexperto en el tema administrativo.
Sin embargo, solo estuvo un mes, pues ante inconformidades, colocó a Liliana Díaz de León Zapata, exvocal del INE.
AAK
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