Permanece enraizada corrupción en México

Andrés Granier se ha jactado de que 400 pares de zapatos, 300 trajes, mil camisas y otras compras apenas caben en sus varias propiedades esparcidas por todo México y en el extranjero.
Pero su puesto, hasta diciembre, fue de Gobernador de Tabasco, un estado mexicano de tamaño mediano en el sureste del País, que viene con un salario de unos 92 mil dólares anuales después de impuestos.
“Nos vamos a la Quinta Avenida y compro unos zapatos; 600 dólares”, se oye a Granier decir en una grabación filtrada a una estación de radio local en mayo. “Me llevé ropa a Miami, me llevé ropa a Cancún, me llevé ropa a mi casa, y me quedan (prendas)”.
El día después de que la grabación se hizo pública, dijo que estaba pasado de copas cuando hizo esas declaraciones en octubre.
Pero igual de revelador que las extravagancias de un funcionario público -ahora bajo investigación después de que el sucesor de Granier descubrió que faltaban unos 190 millones de dólares en fondos estatales, señaló el Gobierno estatal en junio- es que hayan salido a la luz en un País donde la corrupción está profundamente enraizada y rara vez es expuesta.
Los grupos de vigilancia actualmente cobran fuerza, los partidos de oposición cuestionan y exponen los defectos del status quo, y las organizaciones noticiosas tradicionales y de los medios sociales buscan cada vez más que funcionarios rindan cuentas.
Durante el dominio de 71 años del Partido Revolucionario Institucional, o PRI, casi era de esperarse que los gobernadores saquearan al erario estatal.
Cuando el partido perdió la elección presidencial en el 2000, dejó un vacío político. Los gobernadores adquirieron una autonomía sin precedentes y casi sin supervisión, afirmó Alfonso Zárate, presidente de una firma de consultoría política en México.
La deuda de los estados se elevó a 30 mil millones de dólares en el 2012, de unos 15 mil millones de dólares en el 2008. Tomando en cuenta la inflación, eso representó un aumento del 70.4%, dijo Marco Cancino, analista político en la Ciudad de México.
Sin embargo, las leyes de la libertad de información, recientes reestructuraciones legislativas que exigen mayor rendición de cuentas a los gobiernos estatales y una sociedad cada vez más tecnológicamente involucrada han impedido que las finanzas turbias sigan incontestadas.
El año pasado, Mario Ernesto Villanueva Madrid, ex gobernador del estado de Quintana Roo, quien fue extraditado a EU en el 2010, se declaró culpable de conspirar para lavar millones de dólares en sobornos que recibió del poderoso cártel de Juárez, al asegurar que la cocaína de dicha organización pasara sin contratiempos por su estado.
Pero la cultura y la mentalidad de “el que no tranza, no avanza” no han cambiado.
Los pequeños avances en la transparencia no se han traducido en justicia lograda, afirman los expertos. Los gobernadores son investigados, pero rara vez son enjuiciados.
En el 2011, la Procuraduría General de la República abrió una investigación de una deuda de 3 mil millones de dólares en el estado de Coahuila, adquirida principalmente durante la Administración de Humberto Moreira, un ex presidente del PRI, partido que recuperó la Presidencia en diciembre.
Pero en abril, el periódico Reforma de México reportó que Moreira vivía con su familia en un exclusivo barrio en Barcelona, España, mientras asistía a la universidad.
Los mexicanos activos en Twitter comentan estos escándalos durante días y a veces semanas, pero los analistas políticos argumentan que aún no hay mecanismos efectivos para traducir la participación ciudadana en cambios estructurales.
“¿Qué haremos para que la sociedad pase de la indignación a la acción?”, preguntó Cancino.