Con la iniciativa de reforma a Ley Federal de Extinción de Dominio se pretende quitar los bienes a los servidores públicos o particulares corruptos, destacó la senadora leonesa María del Pilar Ortega Martínez.
La iniciativa, derivada de la reforma constitucional que establece el Sistema Nacional Anticorrupción, plantea modificar los artículos 5 y 11 de esta ley; la intención, dijo la panista, es que se apruebe en este año junto con un amplio paquete de reformas secundarias referentes al combate a la corrupción.
El objetivo es asegurar que funcionarios públicos o particulares que han incrementado su patrimonio a partir de actos de corrupción, sean efectivamente privados de esos bienes patrimoniales, y no baste con la sanción administrativa o privativa de la libertad, sino que se reintegre el patrimonio al Estado.
“Tendrá que hacerse por una vía más rápida que hasta que salga la sentencia, que puede durar años, la extinción de dominio está hecha para que el procedimiento sea ágil y se le retiren los bienes independientemente de que la cuestión penal pueda continuar, o inclusive cuando la persona desapareció o falleció y ya la acción penal termina pero la extinción de dominio continúa”, explicó.
No obstante, la senadora panista reconoció que no basta con aprobar una ley, sino hacer que de verdad se cumpla, pues recordó que desde el 2009 -en que se aprobó la Ley Federal de Extinción de Dominio para aplicar en la delincuencia organizada-, a la fecha, únicamente en una ocasión se ha hecho efectiva.
Para revisar la aplicación de esta ley la panista anunció un foro para el 29 de julio, en el que participarán funcionarios de Estados Unidos y Colombia con experiencia en el tema, y se invitará a las procuradurías de los estados, pues algunos tienen leyes locales -como el DF- que sí son efectivas.
“Lo que queremos es cómo replantear esa ley (Federal de Extinción de Dominio) para que sí funcione, si no, de nada va a servir que sumemos la extinción de dominio para casos de corrupción si la figura no está funcionando. Si el obstáculo para que no lo hagan es la ley, se las cambiamos, pero si el obstáculo es que tienen miedo o no saben cómo, pues hay que ver en dónde está el problema”, apuntó.
Resaltó que para evitar salidas de impunidad la reforma plantea que la Auditoría Superior de la Federación coadyuve con el Ministerio Público en los casos de las averiguaciones por corrupción.
La senadora leonesa presentó la propuesta que también suscriben los panistas Laura Angélica Rojas Hernández, María Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks y Fernando Rodríguez Doval.