La adquisición de miles de armas a la empresa Heckler & Koch ha colocado a la Sedena en el centro de acusaciones en Alemania y en México.
La dependencia adquirió entre 2006 y 2009 un total de 9 mil 652 fusiles Heckler & Koch G36 con un costo de 13 millones 76 mil 316 euros. Las armas fueron importadas para utilizarlas en tareas de seguridad pública de 27 estados y la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal.
Entre las entidades figuran Guerrero, Jalisco, Chihuahua y Chiapas, a los que la Sedena dotó de casi 5 mil fusiles de asalto en ese periodo para hacer frente al crimen organizado.
La ley de armas
La Ley de Control de Armas de Guerra de Alemania, que prohíbe vender armas a zonas de conflicto, contempló en esos años a esos estados en ese criterio y ordenó a la empresa Heckler & Koch no enviar armamento a esas entidades.
El mayor fabricante de armas del mundo ignoró la prohibición y vendió los fusiles de todas maneras.
Heckler & Koch fue demandada penalmente en 2010 por activistas por violar la ley en un caso que aún se litiga en los tribunales de Alemania y que ha provocado un escándalo que crece conforme se revelan detalles de la transacción comercial.
En uno de los últimos episodios del litigio, en mayo se filtró a la prensa un reporte de autoridades aduanales de Alemania en los que se confirmaba la venta ilegal del armamento.
En México, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el 17 de junio un punto de acuerdo en el que se exhorta al ejecutivo federal, a la PGR y la Sedena “a tomar medidas urgentes y realizar investigaciones exhaustivas” sobre el caso.
El punto de acuerdo, impulsado por el diputado de MC Juan Ignacio Samperio, pide determinar y, en su caso, fincar responsabilidad a los servidores involucrados con el ingreso ilegal de armas de origen alemán.
Y es que en el caso que se lleva en tribunales alemanes han surgido incluso señalamientos de que la empresa alemana sobornó a autoridades mexicanas con dinero en efectivo para obtener los contratos.
El caso Ayotzinapa
Después la muerte y desaparición de normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014 en Guerrero, surgieron versiones de que los fusiles G36 habían sido usado por los policías municipales de Iguala y de Cocula para cometer las atrocidades.
También se señaló que esas armas fueron usadas para reprimir a estudiantes de esa misma escuela rural en diciembre de 2011 en el violento desalojo de la Autopista de Sol en el que fallecieron dos normalistas.
En respuestas de información solicitadas vía la Ley de Transparencia, la Sedena ha argumentado que la compra de armas no viola ninguna ley mexicana y ha puntualizado que no lleva a cabo ninguna investigación sobre lo sucedido.
Participantes en los contratos
Los militares que participaron directamente en los contratos con Heckler & Koch fueron los ex directores de la Industria Militar, general Juan Alfredo Oropeza, actual director de la Unidad Estratégica de Inteligencia de Telecomunicaciones de México; general Humberto Alfonso Guillermo; y el ex director de Artillería, general Evodio Aquino Maldonado.
Los contratos también fueron firmados por los ex directores del Registro Federal de Armas y Control de Explosivos, general Arturo Pérez; general Rubén Serrano, actual comandante de la I Región Militar con sede en el DF; y general Adolfo Domínguez, actual comandante de la X Zona Militar en Durango.
De acuerdo con la dependencia militar los gobiernos estatales son los titulares de las licencias colectivas y son quienes remiten a la Sedena solicitudes de adquisición de armamento conforme a sus necesidades.
Cada solicitud pasa por un complejo trámite en el que las compras tienen que ser aprobada por diversas instancias de Sedena, entre ellas el Estado Mayor.
La Sedena decide si puede proveer el armamento con las existencias que tiene o importar las armas a un fabricante extranjero.
Luego entrega las armas a los estados, previo pago mediante un transferencia a Banjército.
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