Diputados del PRI contemplan retomar la petición que hicieron empresarios de la entidad para que el Gobierno del Estado transparente el destino de los recursos recaudado por el Impuesto de Nóminas, más de 13 mil millones de pesos de 2012 a 2017.

Para ello, los diputados priístas contempla presentar reformas legales y la solicitud de informes permanentes al Congreso, detalló el coordinador del grupo, José Huerta Aboytes.

“Recogemos y adoptamos como nuestra la insiste petición de la sociedad civil para que se tome en cuenta que la decisión del destino que deben tener los impuesto cedulares y de nómina, para que ese impuesto no se use de manera caprichosa, sino que tenga una etiqueta en beneficio de los que menos tiene”.
“No queremos que se quiten los impuestos, solamente que se etiqueten y que se esté informando permanentemente al Congreso sobre la aplicación de ese ingreso, producto de ese impuesto”, enfatizó.

Gastaron millones

En abril, am tuvo acceso al informe presentado al Consejo Consultivo para el Seguimiento de la Aplicación de los Impuestos Sobre Nóminas, en la última reunión celebrada en diciembre, donde se dio a conocer que de 2012 a 2017 se habían recaudado 13 mil 331 millones 494 mil 196 pesos.

En 2017 se aplicó un recurso de 3 mil 73 millones de pesos en cinco ejes: Dependencias ejecutoras de los proyectos impuestos, Calidad de Vida, Economía para las personas, Guanajuato Educado e Inversión Pública Productiva. De este monto, por lo menos 2 mil 877 millones de pesos obedecen al impuesto aplicado a la nómina, el resto al impuesto cedular.

Empresarios pidieron al Gobierno del Estado transparentar el gasto del recurso y el ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), Gustavo Guraieb Ranth, aseguró que el del Estado nunca ha respetado el acuerdo que se tuvo al crear el impuesto.

Impuesto debió utilizarse en apoyo social

El compromiso original tomado con el entonces gobernador Juan Carlos Romero Hicks fue que este impuesto fuera aplicado a obras con carácter social, como centros de salud y escuelas en zonas marginadas o bien a infraestructura de apoyo al desarrollo de la empresa local y el empleo regional, no proyectos de infraestructura.

Incluso durante campañas, candidatos a la gubernatura, incluido el actual gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se comprometieron a transparentar el uso de los recursos incluyendo con voz y voto a empresarios en el Consejo Consultivo de Seguimiento.

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