Las cosas se precipitaron cuando el ahora ex procurador Raúl Cervantes renunció a su puesto como titular de la Procuraduría General de Justicia de la Nación el lunes 16 de este mes, la cual nadie esperaba. La razón fundamental de la decisión la expuso aquél y la hizo consistir en que no quería ser un obstáculo para el nombramiento del Fiscal General, toda vez que la posibilidad de que fuera propuesto para ese cargo había generado serias controversias en la clase política de oposición, pero también en organismos sociales. Al dar a conocer la renuncia, entre otras cosas afirmó, que el caso Odebrecht, que en Brasil es un gravísimo caso de corrupción y está salpicando a presidentes de varios países latinoamericanos, estaba prácticamente concluido por lo que toca a la presunta participación de algunos funcionarios mexicanos en el mismo. Ello motivó que hubiese sospecha de que renunciaba por no llevar más adelante lo hasta ese momento investigado. Una semana después se publicó en un diario de México que algunos colaboradores del empresario mencionado, implicados en el caso, estaban sirviendo como testigos colaboradores y que hacían referencia a la entrega de algunos millones de dólares a quien había ocupado un puesto importante en la campaña electoral del actual presidente de México Enrique Peña Nieto, de nombre Emilio Lozoya quien fue durante algún tiempo director de Pemex en el presente sexenio, supuestamente para financiar esa campaña. La Presidencia de la República salió al paso de lo publicado y aceptando que, en efecto, en algún momento antes de que Peña Nieto ascendiera a la presidencia, sí había habido una entrevista con directivos de la empresa Odebrecht pero se negó que hubiera habido entrega de alguna suma de dinero. Hasta ahí la situación incómoda no tenía una gravedad extrema en cuanto al tema político y de corrupción, si bien por supuesto que era importante. Pero las cosas se agravaron cuando el subprocurador Alberto Elías Beltrán encargado del despacho por ausencia del titular tuvo la “ocurrencia” de cesar al titular de la FEPADE, una fiscalía encargada de perseguir los delitos electorales, porque supuestamente en una entrevista con un reportero de un diario nacional afirmó que uno de los presuntos implicados, el ex director de Pemex Emilio Lozoya, lo había presionado para que lo dejara a un lado en la investigación que también la FEPADE hacía por tratarse de un posible delito electoral. El cesado se inconformó y fue secundado por políticos de oposición y sobre todo por los senadores contrarios al PRI al decir que su destitución fue ilegal y para que no continuara con la investigación sobre los fondos presuntamente ilícitos en la campaña electoral del ahora presidente Enrique Peña Nieto.
Así las cosas, parece que en el despido del fiscal para delitos electorales hubo errores que hacen que algo que de por sí ya estaba complicado ahora es aún más difícil de solucionar y tendrán que llegar los políticos involucrados a arreglos que quién sabe si serán lo mejor. Pienso que la aceptación de la renuncia de Raúl Cervantes fue un error, pues debió habérsele mantenido hasta terminar con el asunto Odebrecht en la inteligencia que pocos consideran que la renuncia fue realmente voluntaria. Pero también el cese del fiscal de la FEPADE por el subprocurador encargado del despacho fue un error grande, pues las razones que se dan son sumamente débiles y sin un verdadero sustento. A nadie han convencido. Por otra parte, no es creíble que un encargado del despacho tome la decisión sin consulta previa con el Presidente de la República, que es su superior. El impulso a ese cese es indudablemente otro error, pues la impresión es que se le pone en la calle para evitar que avance en la investigación del caso Odebrecht. Pero resulta que en la entrevista el fiscal Santiago Nieto no habló de ninguna presión, se refirió ciertamente a una carta de Emilio Lozoya, pero de ella no se desprende la presión de que habló el reportero. Curiosamente todo mundo se indignó pero nadie averiguó la exactitud de la nota en cuanto a la famosa presión y no es sino hasta ahora que examinado el texto de la misma en él nada hay de lo que se consideró como una forma de presión. Un error más. Es de notarse que el que aparece como víctima de un injustificado cese no aclaró oportunamente que el contenido de esa nota era inexacto. Lo aprovechó y calló hasta que el texto de la entrevista surgió. Parece que la actitud del entrevistado no es un buen dato para la defensa de su caso y está haciendo que muchos de sus defensores lo estén abandonando. Error de apoyar a quien parece no ser merecedor de ese apoyo.
Tragicomedia de errores que obstaculizarán los procedimientos para el nombramiento de los funcionarios necesarios para que el sistema anticorrupción quede completo y pueda accionar eficazmente. Sin embargo, me pregunto si realmente algunas habrán sido equivocaciones y también ¿a quién beneficia todo esto?
Acompáñanos en un recorrido por la historia de León. Recibe en tu correo relatos sobre personajes, barrios, tradiciones y momentos clave, que celebran la identidad leonesa, en el marco de los 450 años de nuestra ciudad.
