Desde hace un año, los habitantes de la capital de Guanajuato y sus visitantes pagan una cuota a una empresa privada por entrar y salir de la ciudad en la carretera Silao-Guanajuato. No se han dado cuenta de que es el producto del mayor despojo que han sufrido los fondos públicos en Guanajuato. Si las cosas no cambian, como debería ser, seguirán tributando durante 30 años: un pago a una empresa privada y otro, en humillación.
Diego Sinhue Rodríguez, el exgobernador leonés, les impuso esa condena el último día de su mandato en un negocio oscuro, por decir lo menos. En una charla con Juan Carlos Romero Hicks, el diputado representante del distrito VIII de la ciudad capital, pidió datos o una explicación detallada sobre el proceso de entrega de la concesión. Cierto, para defender a sus representados, Romero Hicks necesita toda la información, así como todo el análisis del decreto de Diego Sinhue y de sus antecedentes.
Si lo hacen expertos en caminos, encontrarán que el presupuesto planteado para la nueva carretera Silao-San Miguel no existe, ya que nunca hubo un presupuesto detallado de la obra, sino números y más números sustentados en los intereses del nuevo concesionario. En esta columna no entraré en el detalle. Se abordará en un documento más amplio y técnico, en el que se pueda explicar el despojo del patrimonio del Estado.
Lo que sí puedo anotar son las falsas afirmaciones que pretenden sustentar la razón de entregar 3 mil millones de pesos a un particular, para que construya una obra pública que será de su propiedad y no de los guanajuatenses.
Primero. Se alegó que el gobierno carecía de fondos para realizar la obra. Falso, porque en el momento del despojo Guanajuato contaba con más de 36 mil millones de pesos en activo circulante, la mayor parte en dinero en bancos.
Segundo. Sería una deuda pública innecesaria. Falso. Construir una carretera de cuota, como la de Silao-San Miguel de Allende, nunca será un gasto, sino una inversión, tanto si se hace con caseta como sin caseta de cobro. Lo demostró a lo largo de los años el pequeño tramo de la cuota Silao-Guanajuato de 13 kilómetros, que dejó más de 250 millones de pesos al año al gobierno, y dio acceso rápido a Guanajuato desde 1989, cuando el gobernador Rafael Corrales Ayala la terminó.
Tercero. El gobierno no solo tiene mucho dinero en bancos e inversiones, sino que también posee bienes, como el Parque Xonotli, ubicado en la carretera Salamanca-Celaya. Unas 970 hectáreas que tienen valor suficiente para construir la nueva carretera. El gobierno pudo subastar ese terreno en su totalidad o en partes para que otros lo hicieran productivo (en manos del gobierno nos ha costado cientos de millones a lo largo de 16 años).
Cuarto. Los números inflados del presupuesto de la nueva carretera son de dar pena. Sin tener el proyecto definitivo, se dijo que eran necesarios 6 mil millones de pesos: 5 mil 400 para la Silao-San Miguel y 600 para reparar la Silao-Guanajuato y para instalar una nueva caseta de cobro. Es totalmente falso que se pueda definir el precio de algo sin contar con el proyecto ejecutivo. Se hizo a la conveniencia de un gobernante que le vale un bledo lo que ocurrió con el patrimonio de Guanajuato. Quinto. Hay una absoluta oscuridad en la información sobre el proceso de adjudicación, pero eso es todo un tema aparte, responsabilidad del gobierno actual de ventilar en todos sus detalles para que el diputado representante de los habitantes de Guanajuato tenga claro por qué hubo un despojo que se dio el último día de gobierno de Diego Sinhue. El día 24 de septiembre de 2024, Guanajuato tenía un bien (una concesión) por 3 mil millones de pesos y, al día siguiente, apareció en el balance de una empresa privada. ¿Cómo se pudo realizar la obra sin el atraco al patrimonio del Estado? (Continuará)
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