Estado, al quite con subsidios
La iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios que presentó el PAN al final del último periodo ordinario de sesiones, retoma el tema de subsidiar el servicio de transporte público urbano y suburbano.
La propuesta plantea que con el fin de mitigar los incrementos en los costos del servicio de transporte público en las modalidades urbano y suburbano, en beneficio de los usuarios, en apoyo de su economía y en beneficio a la modernización del transporte público, el Estado y los ayuntamientos podrán aportar subsidios etiquetados a la tarifa vigente.
Asimismo, el Estado y los ayuntamientos podrán otorgar tratamientos fiscales preferenciales a los concesionarios que acrediten contar, al menos, con un 50 % de avance en la implementación del Sistema Integrado de Transporte y con la instalación total del Sistema de Prepago de Tarifa en el 100 % de sus unidades.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial para su estudio y dictamen, misma que encabeza la legisladora naranja Sandra Pedroza.
No se trata de una iniciativa nueva, aunque sí en la agenda panista, partido que por años en León y en otras ciudades del corredor industrial ha tenido en el sector transportista un aliado de Gobierno y de campañas.
En julio de 2023 la entonces legisladora local de Movimiento Ciudadano y actual regidora en León, Dessire Ángel Rocha, presentó una iniciativa para un transporte público digno. La misma planteaba dos objetivos: integrar el concepto de “transporte integrado” a la planeación conjunta más allá de los límites municipales en las zonas metropolitanas; y el de crear un capítulo específico de disposiciones sobre este servicio.
En esta normativa se proponía incluir estándares de servicio, principios y criterios para la creación de servicios de transporte, unidad de información y quejas, instrumentos de fomento al transporte público, manual de especificaciones técnicas de los vehículos, manual de identidad gráfica, regulación ambiental, transporte de bajas emisiones, cobertura de seguro obligatorio.
En cuanto a los instrumentos de fomento, la iniciativa planteaba el subsidio a tarifas e inversión en infraestructura y equipo, con la finalidad de incrementar cobertura, calidad, sustentabilidad, seguridad y asequibilidad del servicio.
Al final la reforma de junio de 2024 incluyó en su artículo 14 lo siguiente: El Ejecutivo del Estado constituirá, administrará y operará el Fondo de Movilidad Sustentable y Segura como programa presupuestal, cuyo objetivo será financiar programas y proyectos de movilidad urbana sustentable en el estado.
Lo que no tiene este fondo son recursos para ejecutar acciones concretas.
En el caso de la iniciativa panista, enfoca la reforma en el subsidio de las tarifas.
Colapso urbano
En julio de este año Movimiento Ciudadano celebró en el Congreso del Estado un foro denominado “Por un transporte digno y de futuro”, en el cual presentaron resultados de encuestas de percepción ciudadana sobre el transporte público, que confirman lo que todos sabemos: un panorama preocupante en cuanto a calidad, accesibilidad y servicio.
En su participación el activista y dos veces candidato de MC a la Alcaldía de León, Juan Pablo Delgado Miranda, planteó la necesidad de que exista un subsidio estatal al transporte público, como ocurre en Ciudad de México, Jalisco o Nuevo León, para aminorar el impacto en los bolsillos de los guanajuatenses.
En la última negociación para el ajuste a las tarifas del transporte en León a finales del 2024, el Municipio se comprometió a aportar 80 millones de pesos al Fideicomiso para la Modernización del Transporte Urbano de León. Pero además subsidia de enero 2025 a marzo 2026 con 50 centavos por viaje, y a partir de abril del 2026 con 1 peso por cada viaje, que es una aportación millonaria. Todo con tal de contener un incremento a la tarifa que no fuera mayor a un peso.
Lo novedoso en los planteamientos del PAN y MC es que, ante el colapso de la movilidad privada en las ciudades y la urgencia de modernizar el transporte público sin golpear el bolsillo de los ciudadanos, no solo ayuntamientos sino también el Gobierno de Guanajuato le entren al quite. Vamos a ver si va en serio, pues no solo se trata de ponerlo en la ley, sino de destinar presupuesto. Y ahí está el detalle.
Revisión anual a tarifas
La iniciativa del PAN plantea que en el caso de los servicios públicos de transporte en las modalidades de urbano y suburbano, los ayuntamientos establecerán la tarifa de manera anual durante el segundo semestre de cada año, basado en una fórmula en la que se tome en cuenta el costo total operativo, los ingresos y el resultado neto.
La tarifa deberá ser suficiente para cubrir los costos fijos y variables de operación, costos de inversión, el mejoramiento de las condiciones generales del servicio y una utilidad razonable para el concesionario.
Si el resultado del costo neto con utilidad fuera positivo, deberá ser como mínimo igual o superior al 16 %, con este porcentaje como la utilidad razonable esperada.
Pero si de las operaciones antes mencionadas, el resultado del costo neto con utilidad fuera negativo, se deberá ajustar de manera que se equilibren los costos y los ingresos; posterior a eso se ajustará para que la utilidad razonable esperada llegue por lo menos a 16 %.
Por causas extraordinarias o de fuerza mayor los concesionarios podrán solicitar en cualquier momento del año el ajuste urgente a las tarifas establecidas, con base en la misma fórmula.
Esta reforma podría dar certeza las negociaciones tarifarias para ajustarlas a criterios técnicos, financieros y legales, y no, como es ahora en todos los municipios, a los jaloneos políticos entre concesionarios y las fuerzas políticas en los cabildos. Cada uno hoy negocia cuando quiere, como quiere, lo que quiere. Al final, las consecuencias las paga el ciudadano con un servicio deficiente.
Claro, a la mesa de negociación habría que llegar con balances auditados y confiables, y no con datos a modo de los concesionarios del transporte. Además del análisis del cumplimiento de acuerdos previos y estudios serios del servicio.
La propuesta del PAN también da claridad en la operación del transporte suburbano, al prohibir que los vehículos destinados a este servicio realicen ascensos y descensos de pasajeros con origen y destino dentro de la misma zona urbana.
Otro tema es la facultad de fijar tarifa de taxis. Para ello, la unidad administrativa de Transporte establecerá los tipos y parámetros para la fijación de tarifa del servicio público de transporte en la modalidad de alquiler sin ruta fija “taxi” e intermunicipal.
Hay centrales de taxistas tradicionalmente afines al partido en el poder, a ellos los vemos en el día “D” de las jornadas electorales y su contribución a la movilización de electores.
La chamba de los legisladores debe ser estar de lado de los usuarios. Lo veremos.
SIGO, ya no sigue
Hablando de transporte, ¿se acuerda usted de la aplicación denominada “SIGO GTO”, lanzada con bombo y platillo por el Gobierno de Guanajuato en junio de 2023 para que cualquier taxista pudiera aprovecharla sin necesidad de pagar comisiones? Hoy muy pocos la usan y todo apunta a que no tardará mucho en que desaparezca.
Y es que, además del fracaso en el poco uso que le han dado taxistas y usuarios, está el problema de la reforma a la Ley Federal del Trabajo que obliga, a partir del siguiente año, a que los dueños de plataformas (que en el caso de SIGO es el Gobierno de Guanajuato) se hagan cargo de la seguridad social de los empleados.
Esto significa que el Gobierno de Guanajuato debe absorber millonarias cuotas de los taxistas sumados a la plataforma, que para la ley son sus empleados. De entrada no cuenta con ese recurso etiquetado en el presupuesto; y aunque lo tuviera, sería incosteable porque, animados por esta prestación legal, cada vez más trabajadores del volante podrían sumarse a la App con el Estado como su patrón.
Hoy son aproximadamente mil 643 taxistas registrados en SIGO, no todos facturan el mínimo legal que se requiere para exigir contar con la seguridad social, pero si lo hicieran solamente esos (sin sumar a nuevos) el Estado requiere de 40 millones.
Además imagine usted el broncón que se armaría con los cientos de trabajadores que el Gobierno de Guanajuato mantiene hoy bajo el esquema de honorarios, quienes con justa razón alzarían la voz para exigir un trato equitativo.
Jorge Jiménez, secretario de Gobierno y quien tiene en su cancha el tema de la regulación de movilidad y de esta plataforma, no quiere adelantarse a darle sepultura a SIGO, y dijo que lo están analizando y lo definirán el primer semestre.
Lo que se advierte desde afuera es que ese análisis no es tanto sobre su permanencia, que a todas luces ya vimos les sería incosteable, sino respecto a qué aprovechamiento le darán a las herramientas tecnológicas que ya adquirieron.
Uno de los usos que ya revisan es que el centro de monitoreo SIGO se convierta en el “Big Brother” de los autos oficiales del Gobierno de Guanajuato. Un monitoreo permanente para su seguridad, y de paso para evitar que se le dé un mal uso a los vehículos fuera de los horarios laborales (para hacer el súper, por ejemplo). Órale.
Cofoce, el fin de un ciclo
Sin confirmación todavía de las autoridades pero en radiopasillo de la Cofoce (Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Gobierno de Guanajuato) se habla cada vez más de una inminente salida del director general, Luis Rojas Ávila.
Las razones tampoco están claras, aunque es público que no hay química laboral con la secretaria de Economía del “nuevo comienzo”, Claudia Cristina Villaseñor.
Luis fue nombrado director de Cofoce en octubre del 2015, es decir a mitad del sexenio de Miguel Márquez, completó el de Diego Sinhue y el primero de Libia.
Sería el primer relevo de funcionarios de primer nivel en la administración estatal. No se advierte por ahora de más cambios en el gabinete legal y ampliado, aunque luego de un año y tres meses de gobierno, García Muñoz Ledo está obligada a apretar tuercas a un gabinete que en muchos frentes no termina por cuajar.
En el caso de la Cofoce no solo su titular pasa por evaluación, sino la misión del organismo creado desde 1992 para impulsar las exportaciones, pero que en más de una ocasión se ha barajado la alternativa de sumar sus funciones a la Secretaría de Economía, lo que seguramente no le desagradaría nadita a su actual secretaria.
En el Paquete Fiscal 2026, a la Cofoce le fue autorizado un presupuesto inicial de 60.7 millones de pesos, casi igual que los 59.0 millones del 2025. De hecho es un presupuesto muy similar al aprobado para 2016, hace 10 años, que fue de 62.8 millones, lo que refleja que el organismo ha dejado de estar en las prioridades.
El pasado 11 de diciembre el titular de la Cofoce presentó un informe general de resultados al cierre del 2025, destacando que Guanajuato cerró de enero a septiembre con 30,720 millones de dólares en exportaciones, más de 1,000 empresas atendidas en 37 municipios y 80 nuevas empresas exportadoras.
En el análisis elaborado por GAEP (Grupo de Asesores en Economía y Administración Pública) que encabeza el economista Alejandro Gómez Tamez, con datos del Inegi, el año no es tan alentador en esta materia. En el valor de las exportaciones totales en los primeros nueve meses Guanajuato es séptimo con 23,839 millones de dólares, una reducción del 11 % respecto al año anterior. Y es la única de las principales entidades exportadoras que fue a la baja, contrario a Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Baja California, Jalisco y Tamaulipas.
La fuerza exportadora de Guanajuato es un hecho, la pregunta es ¿qué tiene que hacer quien encabece la Cofoce para aprovechar el mundo de oportunidades?
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