El viacrucis que han vivido los habitantes de Guanajuato capital y Silao en su confrontación con los gobiernos estatal y municipales —en defensa de su derecho a la movilidad y en contra de la corrupción— amerita un recuento puntual. No solo para entender lo ocurrido, sino para dimensionar el tamaño del agravio.
El origen. Todo comenzó con la ambición desmedida del exgobernador Diego Sinhue Rodríguez, quien habría tejido una red de corrupción eficaz y bien aceitada. En ella participaron funcionarios estatales, alcaldes y miembros de ayuntamientos. En Guanajuato Capital, por ejemplo, se incubó lo que bien puede calificarse como una de las administraciones más deshonestas de este siglo.
El hecho. Cegados por la soberbia, el ex Gobernador y su círculo cercano diseñaron una de las maniobras más audaces —y abusivas— que se recuerden en el estado: apropiarse de los ingresos futuros de dos carreteras de cuota. Para ello contaron con la participación de una constructora leonesa con evidentes intereses en el negocio: VISE.
Las consecuencias. Para satisfacer ese impulso de apropiación, plantearon la construcción de una nueva vía entre Silao y San Miguel de Allende. El problema: el costo proyectado de la obra venía inflado hasta casi duplicarse, pasando de alrededor de 3 mil a 5 mil 500 millones de pesos.
El golpe maestro. Ante la inviabilidad financiera del proyecto —los aforos proyectados no alcanzaban para cubrir semejante costo— idearon una solución “creativa”: entregar a la concesionaria ganadora (VISE) una autopista ya en operación, la Guanajuato-Silao, para que con esos ingresos se financiara la nueva carretera. Es decir, usar una vía pública ya pagada para sostener un negocio privado.
El resultado. El plan partía de una premisa: que nadie se diera cuenta. Así, la concesionaria obtendría el usufructo de los peajes por hasta 60 años, generando ingresos superiores a los 20 mil millones de pesos. Una transferencia monumental de recursos públicos hacia manos privadas, amparada en un decreto a modo. Apostaron a que el despojo pasaría inadvertido.
La sorpresa. Durante un tiempo, el instrumento legal pareció perderse en la opacidad. Pero en julio de 2025, el periódico AM comenzó a documentar la sospechosa concesión otorgada a VISE-RUBAU. A partir de ahí, el tema no volvió a soltarse. Medios digitales como PopLab y Zona Franca se sumaron a la investigación. El periodismo, cuando cumple su función, incomoda.
El 6 de enero de 2026, el Observatorio Ciudadano de Guanajuato convocó a una acción contra este despojo carretero. Para el 14 de enero, diversas organizaciones de Guanajuato capital y Silao ya se habían articulado para exigir la liberación de la autopista.
Las acciones. Comenzaron entonces las protestas: manifestaciones en la caseta, volanteo, reuniones ciudadanas, sesiones del Observatorio y una intensa campaña digital. Hubo encuentros con todos los grupos parlamentarios en el Congreso. El 20 de enero, el diputado Juan Carlos Romero Hicks propuso una evaluación externa, seria y transparente de la concesión.
También se sostuvo una reunión con el Secretario de Gobierno. Luego vino otra manifestación, el viernes de Dolores, frente a la Gobernadora, exigiendo diálogo. Finalmente, el 1 de abril, el tema llegó a la conferencia matutina de la Presidenta de la República, quien instruyó al secretario del ramo, el ingeniero Jesús Esteva, a revisar el caso a nivel federal.
Conclusión. El malestar ciudadano es evidente. En Guanajuato capital y Silao hay enojo, frustración y una creciente desconfianza hacia la Gobernadora, marcada por su indecisión y hermetismo.
Los capitalinos están listos para dar el siguiente paso: una movilización masiva que exija la liberación de la autopista. Esta lucha ya ha recorrido muchos kilómetros. Tantos, que bien podría convertirse en un libro: la historia de cómo un político audaz —y temerario— logra desviar recursos públicos multimillonarios para beneficiar a un empresario cercano.
Así vamos. Con los costos políticos y electorales aumentando, mientras más avance el tiempo para solucionar el entuerto.
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