“Siempre estaré del lado de las víctimas y de la justicia”.
Claudia Sheibaum, 17.03.2025
“La desaparición en México es generalizada”, señala el informe Desapariciones en México difundido este 11 de mayo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al aprobarse el documento había en nuestro país 128 mil desaparecidos y no localizados; además, “la cifra de cuerpos no identificados bajo custodia del Estado supera los 70 mil”.
Apenas el 2 de abril el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada solicitó al secretario general de la ONU que pidiera a la Asamblea General tomar medidas para apoyar a México en la prevención, investigación, castigo y erradicación de las desapariciones. El gobierno nacional reaccionó de manera airada y calificó la decisión de “parcial y sesgada”. Ahora, sin embargo, no descalificó el informe de 238 páginas de la CIDH. “Nos parece importante mencionar y agradecer que la Comisión haya incorporado los comentarios, información y avances impulsados por el Estado mexicano durante la administración”, señaló el subsecretario de derechos humanos Arturo Medina Padilla al recibirlo.
La gran preocupación del gobierno es sostener “que antes, en el pasado, la desaparición en México era perpetrada por el Estado, [pero] ahora está principalmente vinculada con la delincuencia organizada”, como declaró la presidenta Claudia Sheinbaum el 17 de marzo de 2025. Para la 4T las verdaderas violaciones a los derechos de los mexicanos las cometieron los gobiernos del PRI y del PAN, mientras que hoy vemos un simple producto de las acciones de criminales. Nada que pueda inquietar.
Sin embargo, no hay datos que avalen que en el pasado las desapariciones eran perpetradas por el Estado y hoy por el crimen organizado. Hay casos documentados de desapariciones presuntamente ordenadas por funcionarios, pero no son tantos. Las estadísticas de desapariciones son relativamente recientes y no registran si estas tuvieron lugar por órdenes de un político o de un líder criminal.
El Estado puede ser responsable de un crimen por comisión o por omisión. Cuando un gobierno es incapaz de proteger a los gobernados, o cuando sus fiscalías no pueden detener y sancionar a los criminales, se genera también una responsabilidad. La CIDH ha identificado un gran número de “desafíos” en la investigación “que abonan a la falta de judicialización y, en consecuencia, [resultan] en altos niveles de impunidad. Los pocos casos que llegan al poder judicial suelen tramitarse con demoras e inconsistencias, obteniendo una respuesta judicial inadecuada. Frente a este panorama, la Comisión plantea la urgencia de que el Estado adopte medidas extraordinarias para reorganizar las investigaciones y la jurisdicción sobre la desaparición de las personas”.
Hay que aplaudir que el gobierno mexicano haya aceptado el informe de la CIDH, en contraste con su rechazo a la ayuda que pidió el Comité para la Desaparición Forzada. El informe de la CIDH concluye con 40 recomendaciones: “fortalecer la estrategia de prevención. con participación de organizaciones de derechos humanos y de colectivos de familiares de víctimas”, garantizar protocolos para la búsqueda inmediata de los desaparecidos, “erradicar la estigmatización de las familias que buscan a sus seres queridos” y muchas más.
Sin embargo, el primer paso es reconocer la existencia del problema. Esto no se logrará si se insiste en que las desapariciones son solo un fenómeno del pasado. Así será imposible superar el alud de desapariciones que han dejado en la incertidumbre a decenas de miles de familias en el país.
Advertencias
Que el gobierno mexicano “intensifique sus esfuerzos [contra el narco] para que nosotros no tengamos que hacerlo”, declaró ayer el secretario de guerra estadounidense Pete Hegseth. A su vez, el jefe de la DEA, Terry Cole, afirmó que la orden de aprehensión contra Rubén Rocja Moya es solo “el comienzo de lo que está por venir en México”.
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