Para Juan Carlos Romero Hicks
Desde septiembre de 2024, los guanajuatenses nos hemos enterado, poco a poco, de la deshonestidad con la que operó el gobierno estatal de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Cada semana aparecen nuevos episodios ligados a la operación corrupta de su gestión.
Ahí están el caso del Fideicomiso de Administración e Inversión para el Desarrollo Económico y Social (FIDESSEG); la “Casa Azul” de Houston, obtenida mediante la intervención de personeros de Seguritech, empresa favorecida con contratos multimillonarios; la entrega de recursos a Concamin Bajío, que terminó convertida en una estafa; los desvíos millonarios en el Instituto de las Juventudes mediante contratos irregulares; los pagos sin sustento y las subcontrataciones indebidas en la Secretaría de Economía; el derroche de recursos en el programa “Planet Youth”, que no sirvió para nada; la red de corrupción para asignar contratos directos desde la Jefatura de Gabinete; los apoyos desviados al Grupo Pachuca por 230 millones de pesos; la creación de “Gto Leasing” para arrendar automóviles al gobierno mediante particulares; y la inversión millonaria en infraestructura alrededor del viñedo Omún y en las cercanías de Comanjilla, justo donde el exgobernador guarda sus caballos finos. La red de corrupción operando a plenitud.
Pero la perla del desfalco, hasta este momento, es la concesión de dos carreteras a la empresa consentida del sexenio: VISE. Un negocio monumental que rondará los 20 mil millones de pesos durante los 30 años de beneficios para el concesionario. Ningún político corrompido en Guanajuato había llegado tan lejos. ¿Cómo acometieron una operación de ese tamaño?
Todo se maquinó desde la Jefatura de Gabinete al mando de Juan Carlos Alcántara. Tal parece que la búsqueda de mecanismos para extraer recursos públicos se afincó en esa oficina. Ahí se gestó la descabellada idea de entregar la autopista Guanajuato-Silao a VISE, empresa que ya sabían sería la ganadora de la licitación. Hoy, descubiertas sus maniobras, enfrentan la exigencia —propuesta incluso por la propia gobernadora— de que se practique una auditoría integral a la sospechosa concesión.
Sin embargo, desde el propio gobierno, utilizando al Instituto de Planeación de Guanajuato (IPLANEG), pretenden iniciar la contratación de consultoras para realizar una “evaluación”, resistiéndose a la aplicación del mecanismo natural de fiscalización: una auditoría. Quieren sustituir la revisión profunda por un estudio administrado.
Pero ahora descubrimos que otro gobierno panista ya recorrió exactamente el mismo camino. Los paralelismos son inevitables. Pocos recuerdan la asignación al “Grupo México” del libramiento norte de Silao, el tramo que conecta General Motors con la carretera a San Felipe. Esa vialidad de 17 kilómetros fue concesionada por el gobierno de Miguel Márquez en abril de 2018, apenas cinco meses antes de dejar el cargo.
A partir de entonces se desató una fuerte polémica por la ausencia de licitación y la asignación directa de la concesión, obviando cualquier competencia. La presión aumentó cuando el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción emitió un acuerdo para que el Poder Ejecutivo aceptara revisar el caso.
La Coordinación General de Asesores de la gubernatura, encabezada entonces por Enrique Ayala, buscó una entidad sobre la cual pudieran influir para conducir los resultados de la verificación. Encontraron una víctima propicia en la Universidad de Guanajuato, tripulada por un rector cargado de intereses políticos: Luis Felipe Guerrero Agripino.
Así, el 12 de julio de 2018, gobierno y universidad firmaron un convenio para que un grupo multidisciplinario de ocho académicos evaluara el expediente de la concesión. Habría tres segmentos: jurídico, técnico y financiero. Entre los participantes destacaban Rafael Octavio Romo, integrante de la Junta de Gobierno de la UG y personaje cercano al rector; Rogelio Castilla, rector del Campus Irapuato; y Claudia Susana Gómez López, hoy rectora general de la universidad, encargada del análisis económico-financiero. Una pena: ella no detectó daño económico alguno derivado de la falta de competencia.
La conclusión fue la esperada: que se habían cumplido los requisitos legales y técnicos. Así blindaron la validez de la concesión frente a los reclamos del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
¿Ven cómo terminan las “evaluaciones”? Hay otro dato revelador: al finalizar aquella aventura burocrática, Enrique Ayala fue designado director de IPLANEG por el gobernador del estado. Hoy forma parte del grupo de asesores de Juan Carlos Alcántara, resabio dieguista incrustado en el actual gobierno.
Intentan proteger a su patrón. Ahí nació el plan para sustituir la auditoría por una evaluación, parapetándose detrás de una funcionaria respetable que dirige IPLANEG, mientras ellos controlan el contenido de los estudios mediante consultoras contratadas desde la Ciudad de México. Así buscarán blindar la transa de 20 mil millones de pesos, exactamente cómo lograron hacerlo con la otra concesión.
Desde la Resistencia Ciudadana, junto con la gobernadora, vamos por una auditoría externa e independiente.
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