La información publicada sobre los negocios de Seguritech con el gobierno de Guanajuato y con varios gobiernos estatales y municipales en el país deja una amplia estela de incongruencias. Desde 2013, cuando instalaron en Guanajuato el C5 y las obras de infraestructura de fibra óptica en el estado, todo se hizo en la oscuridad.
Preguntamos a Alvar Cabeza de Vaca, entonces secretario de Seguridad, cuál era el costo unitario de los teléfonos llamados “botón de pánico”. La respuesta fue que el Estado había comprado todo un paquete en “arrendamiento” (dondequiera que vea un arrendamiento como compra de un gobierno, hay gato encerrado, pero ese será tema de otra columna).
Nunca supimos cuál era el listado de costos de las obras, el catálogo de conceptos y los precios unitarios de las obras, ni tampoco el inventario de computadoras, cámaras y telecomunicaciones, con sus precios de adquisición. Era un proyecto “llave en mano”, de esos listos para funcionar, que, por su naturaleza, puede tener enormes sobreprecios porque nadie los evalúa. Por lo general, la “solución” está inflada para que el gobierno pague más de lo que debería. En ese año surgió el nombre de un amigo del gobernador Miguel Márquez Márquez, quien hacía crecer su fortuna mediante adquisiciones.
El pago de la “llave” sería de 2 mil 700 millones de pesos para mejorar la seguridad en Guanajuato. Era equivalente a más de 200 millones de dólares al tipo de cambio de 2013. Pero la oscuridad del contrato no resultó ser el mayor problema para nuestra entidad. A partir del proyecto “Escudo”, la criminalidad comenzó a aumentar. Es difícil encontrar una correspondencia causa-efecto entre la inversión y el aumento del terror que vivió y aún vive Guanajuato, pero la verdad está en los hechos. Pocos años antes de fallecer, Rafael Moreno Valle, gobernador por el PAN en Puebla, presentó su centro de seguridad y control C5, un proyecto con especificaciones similares a las del “Escudo” en Guanajuato, instalado en el Puerto Interior. La sorpresa fue mayor cuando Moreno Valle comentó que el precio de su C5 era de 500 millones de pesos. Puebla tiene menos homicidios que Guanajuato.
Al terminar el sexenio de Miguel Márquez, se mantuvo la camisa de fuerza de los contratos con Seguritech, como se expuso desde 2019, cuando el dinero siguió fluyendo a la empresa de seguridad. Volvieron los precios inflados, sin posibilidad de revisión, al mismo tiempo que explotaban los homicidios dolosos que convirtieron al Estado en el más letal del país .
Cuando supimos que Diego Sinhue Rodríguez vivía en una mansión en Woodlands, Texas, no fue difícil imaginar que el exgobernador se había convertido en un empresario. En los últimos meses de su mandato había anunciado que se dedicaría al mundo empresarial. Su carrera política estaba en suspenso. La sorpresa fue que Daniel Esquenazi, quien le “rentaba” la casa en Woodlands, habría recibido decenas de millones en comisiones de las empresas que le vendían al gobierno. Hoy no se sabe cuáles son las empresas de Diego ni de dónde amasó su patrimonio. Lo que sí tenemos son indicios de gastos absurdos del gobierno, como la contratación de la arrendadora GTO Leasing, que sólo le causó mayores gastos al erario, y de las firmas a última hora en concesiones, que fueron un franco despojo del patrimonio estatal.
Fe de erratas.
Una sola palabra cambió todo el sentido de la perspectiva de ayer.
“La mandataria Sheinbaum, si se dobla a la CNTE, encontrará más caminos despejados para gobernar, como lo hizo Salinas en su tiempo”.Debió decir. “Si no se dobla ante la CNTE”.
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