La intentona de Rubén Rocha Moya no tuvo mucha vida ni posibilidades de prosperar. Solo una mente acelerada y prepotente pudo entusiasmar al sinaloense para que regresara a la gubernatura. Por la envergadura del desafío, sólo el expresidente Andrés Manuel López Obrador pudo animarlo porque, en sentido estricto, no tenía ninguna investigación abierta en México.
Lo que no midió el grupo duro que lo apoyaba al unísono con “no estás solo” fueron las consecuencias directas e indirectas de sus 34 horas de regreso. La presidenta Claudia Sheinbaum lo reprobó; la oposición en Sinaloa se enfureció y surgieron noticias inesperadas, como la detención del asistente de Héctor Melesio Cuén, testigo de los crímenes de los Chapitos contra los guardias del Mayo Zambada y del propio Melesio.
La ratificación del montaje que realizó el gobierno de Rocha Moya para ocultar el verdadero origen de la muerte de su enemigo político, es causa suficiente para indiciar al exgobernador y a la exfiscal, Sara Bruna Quiñónez, por encubrimiento y fabricación de pruebas. Quedó claro con las declaraciones de Fausto Ernesto Corrales, el único testigo del secuestro del Mayo.
Cuando la nueva gobernadora, Graciela Domínguez Nava, electa por el Congreso local, declara que su entidad necesita todo el apoyo del Estado mexicano, emite un manifiesto en contra del pasado.
Sinaloa vivía una situación de “connivencia” entre López Obrador, Rubén Rocha Moya y la mayoría de los funcionarios de seguridad del estado con el crimen. También de una clara “convivencia” con el expresidente de la República. La grabación, al saludar amablemente a la mamá del líder del cártel más importante en la historia del país, muestra la “conveniencia” que encontró en acuerdos inconfesables con el crimen organizado desde antes de ganar la elección de 2018. Sus visitas a Badiraguato fueron un testimonio de la impunidad otorgada al Cártel de Sinaloa. Sus “abrazos y no balazos” fueron un permiso para delinquir.
Sinaloa necesitaba lo que hoy demanda la nueva gobernadora: toda la fuerza del Estado para restablecer la paz y la tranquilidad; para terminar con la impunidad de 50 años, tolerada y usufructuada por cientos de funcionarios que no podían superar la oferta de “plata o plomo”. El equilibrio roto por los chapitos al secuestrar al Mayo es parte de la causa de la violencia de los últimos meses, pero no su origen. La ausencia de la fuerza del Estado y la traición de López Obrador a la Constitución que juró cumplir cambian cuando la presidenta Sheinbaum, ahora sí, combate a los grupos criminales en rebeldía con toda la fuerza pública, el Ejército y la Marina.
Golpe a golpe, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, trata de reducir el poder de fuego y el poder económico de los grupos armados, clasificados por el gobierno de Estados Unidos como “terroristas”. Mientras López Obrador decía que no existían narcolaboratorios, Sheinbaum ha destruido más de 2500 de ellos. Cada día que pasa hay más información sobre lo que no puede quedar oculto: la asociación del gobierno de Rocha Moya con los criminales. Una de esas noticias fue la detención de uno de sus funcionarios en Salt Lake City, donde Ricardo Verduzco Bernal tenía en su poder 111 mil pastillas de fentanilo.
Según cálculos de autoridades, el valor de las incautaciones de drogas llega a los 200 mil millones de pesos. Un río de dinero que financiaba no sólo las operaciones de los cárteles, sino también los “apoyos” a funcionarios y partidos. Estamos a las puertas de grandes cambios.
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