La bomba que el Departamento del Tesoro soltó el martes pasado toca por muchos caminos el corazón del gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, en Baja California. La morenista no aparece, sin embargo, en la lista de 21 personas y 25 empresas ligadas al Cártel de Sinaloa, dada a conocer por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).
Según se reveló a través de una serie de audios, Ávila Olmeda había tocado varias puertas con funcionarios del gobierno de Estados Unidos a fin de buscar un arreglo frente a las investigaciones que recaían sobre ella, sobre su exesposo Carlos Torres Torres -encargado en su gobierno de una oficina de “proyectos especiales” desde la que se convirtió en gran operador político del estado-, y sobre la red de protección política y financiera que el Cártel de Sinaloa recibió, de acuerdo con el Tesoro, desde lo más alto del poder en Baja California.
En el estado no queda duda de que Marina del Pilar habló. El esquema trazado por la OFAC llega al centro del poder en Baja California, pero a ella no la toca.
El ex esposo de Marina del Pilar (de quien esta se divorció el año pasado tras el escándalo por el retiro de sus visas) es colocado por Estados Unidos en el centro de un esquema de narco-corrupción, al lado de su hermano, Luis Alfonso Torres Torres.
Carlos Torres es acusado de utilizar su posición y su influencia política para favorecer las actividades criminales de Juan José Ponce Félix, El Ruso, jefe de plaza de Los Mayos en Mexicali. A cambio recibía 150 mil dólares mensuales que, según la investigación, su hermano Luis Alfonso lavaba a través de empresas y campañas políticas.
La OFAC cerca también a la gobernadora por otro camino: señala a los hermanos Alfonso Arzate García, alias Aquiles, y René Arzate García, alias La Rana, como responsables de las actividades de Los Mayos en la plaza de Tijuana. La OFAC detalla la red empresarial con que La Rana lavó sus activos. En esa red figura Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, propietario de un emporio inmobiliario, tecnológico y de entretenimiento, que recibió contratos millonarios por parte del gobierno de Baja California y de gobiernos de Morena en distintos municipios del estado.
Moreno Gómez Santelices está ligado un amigo cercano de la gobernadora: Fernando Salgado Chávez, propietario también de fraccionadoras, negocios inmobiliarios y negocios de espectáculos, al que se ha señalado como operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Santelices ha sido ubicado en diversas investigaciones como operador y promotor de las empresas de Salgado Chávez.
La relación de Salgado con Marina del Pilar salió a la luz cuando la gobernadora se retrató en San Diego con su familia en una casa valuada en tres millones de dólares. Cuando estalló el escándalo, Salgado aseguró que él era el verdadero dueño de la mansión: la gobernadora sostuvo que solo estaba de visita.
Pronto salió a la luz, sin embargo, la red de contratos con que Salgado y Santelices habían sido favorecidos. Salgado inyectó dinero a las campañas de Marina del Pilar y del alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, entre otros políticos de Morena.
El semanario Zeta pudo localizar decenas de contratos entre el gobierno del estado, distintos municipios bajacalifornianos y empresas de Santelices. Este empresario se asoció con Jorge Enrique Figueroa Barrozo, quien luego fue nombrado por Marcelo Ebrard como coordinador federal del Corredor Económico en Baja California.
En una de esas empresas, Santelices y Figueroa aparecen asociados con el hermano del primero, Carlos Villela Gómez Santelices, quien también apareció el martes pasado en la lista de sanciones dada a conocer por la OFAC.
De acuerdo con Zeta, Santelices recibió 15 contratos de la Fiscalía del Estado de Baja California en 2022 y otros 10 en 2022. También obtuvo contratos de los ayuntamientos de Tijuana, Tecate y Rosarito. Muchos de ellos se encuentran actualmente como “reservados”.
La lista de la OFAC deja también en una posición de vulnerabilidad a la candidata de Morena a la gubernatura de la entidad, Julieta Ramírez, cuyo principal operador y financiador de campaña, el exfuncionario de aduanas Rafael Buenrostro, está incluido también entre los sancionados y es acusado de proporcionar influencia política y conexiones con el poder al narcotraficante José Ángel Rivera Zazueta, Don Flaco, recientemente detenido en la Ciudad de México (desde donde, según Estados Unidos, opera también el hijo del Mayo Zambada, Ismael Zambada Sicarios, El Mayito Flaco).
El paquete de sanciones tiene en estado de convulsión a Baja California. Según el Departamento de Estado, ha puesto en relieve “el alcance corrosivo de la influencia de los cárteles en la gobernanza mexicana”.
Con el nuevo golpe, son dos los gobiernos de Morena que han sido desnudados.
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