La relación de seguridad entre México y Estados Unidos está construida sobre una pretensión cínica. Durante años, Washington ha querido que la batalla se concentre en la oferta de narcóticos desde México. El discurso estadounidense se enfoca, casi siempre, en la persecución de las organizaciones criminales mexicanas. Mucho menos se habla de la voraz demanda de drogas dentro de Estados Unidos.
Pero ésa no es la contradicción más grave. Desde hace décadas, Estados Unidos se ha resistido a hacerse cargo de una de las variables más siniestras de la ecuación que ha hundido a México en la violencia: el flujo ilegal de armas desde territorio estadounidense hacia los cárteles mexicanos.
Ya sea por una defensa casi religiosa de la Segunda Enmienda, por el enorme poder político de la industria armamentista o por una interpretación maximalista del derecho de los civiles a poseer armas semiautomáticas de alto poder, el Partido Republicano se ha opuesto reiteradamente a controles más estrictos sobre su venta, incluidas las llamadas armas de asalto. El resultado es indignante: Estados Unidos exige a México combatir organizaciones criminales que, en buena medida, se arman con armas provenientes de Estados Unidos.
En el sexenio pasado, el gobierno mexicano dio un paso en la dirección correcta al demandar a fabricantes y distribuidores estadounidenses por su presunta responsabilidad en facilitar ese flujo. La ofensiva judicial, sin embargo, terminó siendo en gran medida simbólica. A los fabricantes no se les tocó ni un pelo. Y algunos vendedores de armas trataron el litigio casi como publicidad gratuita.
Lo vi con mis propios ojos cuando, hace tres años, viajé a Arizona para entrevistar al dueño de una de las armerías señaladas por México. Llevaba puesta una playera con la leyenda: “Ammo AZ vs. Mexico”. Más que preocupado, sonreía. Agradecía la publicidad.
Desde entonces, el problema no ha desaparecido. Al contrario, se ha vuelto todavía más inquietante. La muestra más reciente apareció este fin de semana en un extraordinario reportaje de The New York Times, firmado por Paulina Villegas y Adriana Zehbrauskas.
La historia documenta cómo adolescentes y jóvenes de Phoenix se han convertido en una pieza de la cadena de suministro de armas hacia los cárteles mexicanos. Consiguen armas por distintas vías: compras legales cuando tienen edad para hacerlo, vendedores privados, prestanombres, robos de casas o automóviles y contactos que encuentran en WhatsApp y Telegram. Después las revenden a intermediarios vinculados con organizaciones criminales mexicanas.
Uno de los jóvenes contó que comenzó con dos amigos reuniendo apenas 700 dólares. Uno vendía botanas. Otro trabajaba en un restaurante. El tercero ya tenía 18 años y podía comprar legalmente un rifle estilo Kalashnikov. Lo compraron, lo vendieron por 1,200 dólares y reinvirtieron inmediatamente la ganancia en más armas. Lo que comenzó como una ocurrencia adolescente se convirtió en una red. Uno de ellos asegura coordinar ahora a decenas de estudiantes de al menos veinte preparatorias de Phoenix.
Y ahí aparece, otra vez, la contradicción fundamental de la relación bilateral.
En esto, el gobierno mexicano tiene razón. Mientras Estados Unidos no atienda seriamente los vacíos en su legislación que permiten dinámicas tan perniciosas como la que describe The New York Times, la batalla contra las organizaciones criminales mexicanas seguirá siendo cuesta arriba.
Con el actual gobierno estadounidense, ésa parece una batalla perdida. Pero podrían abrirse ventanas de negociación si los votantes devuelven poder al Partido Demócrata, que en este tema ha mantenido tradicionalmente una postura más favorable a controles estrictos sobre la venta y circulación de armas.
¿Qué hacer mientras tanto? Éste es precisamente el tipo de asunto en el que sí vale la pena invertir capital político desde la Presidencia. No estaría de más recuperar, en alguna de las conferencias de prensa matutinas, las conclusiones a las que llega el reportaje del Times.
Por esto sí vale la pena indignarse.
@LeonKrauze
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